Voto: 00022-1999
Expediente: 98-007665-007-CO

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con dieciocho minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Merle Dormond Herrera, mayor, soltera, doctora en Acarología, vecina de Alajuela, portadora de la cédula de identidad número 2-334-670 contra el Rector de la Universidad de Costa Rica (U.C.R.) y el Director de la Escuela de Fitotecnia de esa Universidad.

“(...)En relación con el procedimiento disciplinario que culminó en una resolución de despido sin responsabilidad patronal, la Sala ha establecido, clara y repetidamente, que el único interés que pueden tener estos casos para nuestra jurisdicción, existe cuando el acuerdo de separación resulta arbitrario o violatorio de los derechos y garantías constitucionales del interesado o interesada, particularmente del derecho de defensa y su asociada garantía al debido proceso (artículos 39 y 41 constitucionales). La Sala ha tenido sobradas oportunidades para examinar cuáles son los elementos básicos constitutivos del debido proceso constitucional en sede administrativa. Fundamentalmente, este Tribunal ha indicado los elementos del derecho al debido proceso legal, (ver especialmente la opinión consultiva Nº 1739-92), aplicables a cualquier procedimiento sancionatorio o que pueda tener por resultado la pérdida de derechos subjetivos. La Administración debe, en atención al derecho de defensa del administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria.” (Sentencia Nº 5469-95 de las 18:03 hrs del 4 de octubre de 1995).
Por no constatarse en la especie la existencia de quebrantos constitucionales susceptibles de tutela en la vía de amparo, el recurso debe declararse sin lugar, como en efecto se hace(...)”.


Voto: 00203-1999
Expediente: 98-006972-007-CO-C

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos del trece enero de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Carlos Manuel Estrada Navas, portador de la cédula de identidad número 1-560-479, a favor de Carlos Murillo Víquez; cédula de identidad número 4-100-1289 contra el Rector y el Vicerrector de la Universidad de Costa Rica.

“ (...)El recurrente alega que dentro del Procedimiento Disciplinario seguido al Amparado se violaron el Principio del Debido Proceso y el Derecho de Defensa, por cuanto la Vicerrectoría no evacuó la prueba de descargo ofrecida, no se pronunció sobre su admisibilidad, ni se le notificó la resolución al respecto, así como tampoco se le notificó de la propuesta del Rector para extender la prórroga del permiso al amparado. Del informe rendido bajo juramento  por el recurrido se desprende que todas las resoluciones emitidas por éstos fueron debidamente notificadas al recurrente, no obstante lo anterior, no se resolvió la solicitud sobre la admisibilidad de la prueba presentada por el amparado y de los fundamentos de la decisión en su debido tiempo procesal, por cuanto el órgano recurrido se manifestó acerca de esta en su Informe Final de Recomendación de Despido, colocándolo en una situación evidente de estado de indefensión e imposibilidad de ejercer efectivamente su derecho de defensa, puesto que no tuvo la oportunidad de impugnar sobre lo que de esta se resolviera. No es de recibo para ésta Sala lo manifestado por el recurrido, respecto a que la solicitud de recibo de prueba se resolvió en el Informe del Organo Director del Proceso, pues esta debió ser objeto de pronunciamiento en el momento procesal oportuno, sea inmediatamente después de  presentada. De igual forma, el hecho de que el recurrente no solicitara en forma expresa el Informe Final, no justifica que el recurrido se excuse por no haberlo notificado, sobre todo teniendo en cuenta que vino a resolver puntos de interés para todas las partes, en especial sobre la solicitud hecha con respecto a la prueba. Siendo así, el recurso debe declararse con lugar(...)”.


Voto: 00288-1999
Expediente: 98-000611-007-CO-P

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta y tres minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y nueve.

“ (...)La adición y aclaración de las sentencias de la Sala procede cuando éstas son omisas u oscuras. En el caso bajo examen, la Sala ha notado no solo que la sentencia en cuestión no tiene tales defectos, sino que la recurrida lo que está es inconforme con lo resuelto en la sentencia que se cuestiona, razón por la cual la gestión resulta improcedente, de conformidad con el artículo 11 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, según lo dispone el numeral 13 de esa misma Ley, la jurisprudencia y los precedentes de esta jurisdicción son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma, razón por la cual la recurrida no puede pretender que la sentencia N° 04386-98 se anule, pues si la Sala resolvió con criterio distinto a otro externado, lo fue en virtud de tener los motivos suficientes para variarlo. En cuanto a la gestión de incumplimiento promovida por la recurrente, se reitera a la autoridad recurrida la orden de cumplir lo dispuesto en la sentencia número 04386-98 de las 13:30 horas del 19 de junio de 1998, restituyendo a la recurrente en el pleno goce de sus derechos(...)”.


Voto: 00432-1999
Expediente: 98-008558-007-CO-S

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve.
“(...)De los hechos probados de esta sentencia, y de los informes rendidos bajo la fe del juramento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se evidencia que se inició una investigación por actuaciones del amparado que comprende desde el primer semestre de 1993 hasta el primer semestre de 1997, cuando era el Director de la Escuela de Estadística, mediante una auditoría que inició la Contraloría Universitaria, a raíz de la devolución de dineros que hizo una funcionaria docente de esa Unidad Académica, bajo una nueva gestión directiva de la Escuela. Durante el auditoraje, se inició la investigación en la cual el amparado contribuyó con entrevistas y aportó documentos, entre otras cosas. Sin embargo, en nuestro criterio no logran demostrar las autoridades recurridas, cuándo inició el procedimiento administrativo disciplinario, mediante la respectiva intimación de los hechos endilgados y el carácter del procedimiento, plazo para ejercer la defensa aportando pruebas y testigos, todo en los términos de la jurisprudencia constitucional (sentencia No. 15-90).
(...) Además, debe tomarse en cuenta la sentencia de esta jurisdicción No. 7190-94, en que se dispuso:
“La Sala ha considerado, retiradamente, que los informes, los estados de resultados y los auditorajes específicos, en el ejercicio de funciones de control interno o externo, son posibles aún sin la intervención de los posibles funcionarios involucrados, siempre y cuando sirvan como acto inicial del procedimiento sancionatorio, si así lo estima procedente el órgano de fiscalización o el jerarca, según corresponda. Es decir, una cosa es recabar la información, definir los hechos, examinar los procedimientos seguidos y establecer las posibles incorrecciones y otro, muy distinta, es exigir la responsabilidad o imponer una sanción, lo que necesariamente deberá hacerse mediante la sujeción del expediente, que al efecto se abra, a las reglas del debido proceso; y  todo ello porque la Sala en su Sentencia No. 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, entre otras cosas, indicó que estos principios son aplicables, mutatis mutandi, a todo procedimiento sancionador, por lo que para todo caso concreto, deberán respetarse los elementos esenciales que lo comprenden, como por ejemplo, el principio de intimación, el de imputación, los derechos de audiencia y de defensa, incluyendo los de recurrir contra el acto final. En otras palabras, el informe de la Auditoría General de Entidades Financieras no es, ni puede ser en sí mismo el procedimiento sancionatorio, puesto que no tiene ese carácter. Es simplemente informativo de una situación detectada y a partir de la cual,  deberá constatarse la responsabilidad que le pueda corresponder a cada uno de los funcionarios que se mencionen en el estado de resultados, lo que se hará con estricta sujeción al debido proceso. Ningún otro valor jurídico puede atribuirse al informe mencionado.”
Por todo lo expuesto, debe anularse todo lo actuado por las autoridades recurridas hasta el momento de la finalización de la fase de investigación o auditoraje que realizó la Oficina de Contraloría Universitaria, sobre el período en que el amparado se desempeñó como Director de la Escuela de Estadística, todo con el fin de que se pueda iniciar el procedimiento administrativo disciplinario con la respectiva intimación de los hechos que se le endilgan como irregulares y las garantías que exige el debido proceso, lo cual incluye por supuesto, para el dictado de la decisión final, el principio non reformatio in peius.  En los términos dichos, se declara con lugar el recurso(...)”.


Voto: 00434-1999
Expediente: 98-007659-007-CO-S

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas con treinta y seis minutos del veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Javier Rojas Víquez, portador de la cédula de identidad número 9-103-939 contra la Vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica.

(...)El recurrente pide a la Sala que declare que no es posible aplicar un reglamento o modelo de asignación de becas o de exoneración de matrícula, sin que la misma no haya sido aprobada por el Consejo Universitario.  En sus alegatos el recurrente ha indicado a la Sala que actualmente están aplicando los términos del “Reglamento del Sistema Adjudicación de Exoneraciones del Pago de Matrícula y Servicios a los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica”, al haber solicitado la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, el envío de los nombres de cinco funcionarios para que colaboren con la Oficina de Atención Socioeconómica, en la recepción de los formularios o solicitud de exoneración de los costos de matrícula.  Por su parte, la autoridad recurrida ha informado a la Sala, bajo la fe del juramento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que no se está aplicando la propuesta del Reglamento aludido por el interesado, y que, lo que se hace es recibir los formularios según la normativa vigente, para lo cual la Universidad está facultada de hacerlo, en cualquier momento.  Dispone el artículo 18 del Reglamento de Adjudicación de Becas y Otros Beneficios a los Estudiantes, se establece:
“Artículo 18.-  Para no perder el beneficio otorgado, el estudiante deberá cumplir igualmente con la presentación de cualquier documento, que la Oficina respectiva le solicite, en cualquier oportunidad, a fin de verificar la información que haya servido de base para la asignación de la beca.  Se dará al estudiante el tiempo necesario para el trámite respectivo.”
Si bien, esta Sala reconoce que el encabezado del formulario puede generar confusión entre los estudiantes, por la utilización del término “exoneración” del Reglamento propuesto, en la “Solicitud de Exoneración de los Costos de Matrícula por Condición Socioeconómica”, esa similitud con el proyecto de reglamento o normativa propuesta para exonerar los costos de matrícula de materias en la Universidad de Costa Rica es aparente.  Aunado a lo anterior, el informe rendido por la autoridad recurrida, lo ha sido bajo juramento y se debe tener por cierto si no está contradicho por prueba fehaciente, la que en este caso no ha sido presentada.  En este sentido, el Reglamento en cuestión no ha sido aprobado aún por el Consejo Universitario, por lo que no esta siendo aplicado al recurrente, y si las autoridad universitarias llegasen a hacerlo, solo podría regir situaciones a futuro, nunca retrotrayendo los efectos de una normativa nueva a situaciones pasadas, antes de la vigencia del “Reglamento del Sistema de Adjudicación de Exoneraciones del Pago de Matrícula y Servicios a los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica”.  En criterio de la Sala, pues, el recurso debe desestimarse(...)”.


Voto: 01416-1999
Expediente: 98-008728-007-CO-E

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas tres minutos del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve. Acción de inconstitucionalidad de Thomas Julián Solano Velandia, vecino de Pavas, de nacionalidad colombiana, carné de refugiado número 0704203155197, para que se declare que el artículo 182 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, es inconstitucional. Intervienen también en el proceso la Procuraduría General de la República, representada por Farid Beirute Brenes, vecino de San José, cédula 1-394-673, en su condición de Procurador General Adjunto y la Universidad de Costa Rica, representada por Gabriel Macaya Trejos, vecino de San Pedro de Montes de Oca, cédula 1-351-249, en su condición de Rector.

“(...)Se cuestiona la constitucionalidad del artículo 182 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, que literalmente expresa :
“Los estudiantes costarricenses tendrán prioridad en la matrícula cuando se fije cupo.
Se exceptúa de los efectos de esta disposición a los extranjeros con tres años por lo menos de residencia en el país y a las personas cubiertas por los tratados o convenios internacionales, siempre que existan documentos probatorios de trato recíproco o similar. Así también se exceptúan de los efectos de esta disposición a las personas amparadas por el derecho de asilo y la cortesía internacional.”
Se afirma en la acción que la norma es contraria al artículo 19 constitucional, porque el Estatuto de la Universidad viola el principio de reserva de ley y, además, la disposición es contraria a la Convención contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, que fue ratificada por Costa Rica; consecuentemente, resulta violado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Sobre el fondo. La Sala prohija el informe presentado por la Procuraduría General de la República, en el sentido de los alcances que le ha dado en sus precedentes jurisprudenciales sobre el tema de la igualdad entre nacionales y extranjeros, sobre todo en lo que alude a las sentencias 1282-90 de las 15:00 horas del 16 de octubre de mil novecientos noventa; 2093-93 de las 14:06 horas del 19 de mayo de mil novecientos noventa y tres; 1059-95 de las 17:15 horas del 22 de febrero de mil novecientos noventa y cinco; 2570-97 de las 15:39 horas del 13 de mayo de mil novecientos noventa y siete, ésta última reiterada por sentencia 5526-98 de las 10:48 horas del 31 de julio de mil novecientos noventa y ocho; igualmente, en los aspectos doctrinarios que se refieren a la potestad normativa de las universidades, derivada de lo que dispone el artículo 84 constitucional, de lo que también se ha ocupado la Sala en sentencia número 1313-93 de las 13:54 horas del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y tres, especialmente en los considerandos V, VI y VII en los que se analizan la autonomía universitaria en el proceso constituyente, el alcance de la autonomía universitaria y los límites de la potestad legislativa en relación con la autonomía universitaria. De todo lo anterior resulta que la norma impugnada no es inconstitucional per se; primero, porque la Universidad de Costa Rica sí puede dictar normativa interna con plena validez constitucional y en segundo término, porque de la jurisprudencia citada, no se infringe el principio de igualdad como se alega en la acción. El sentido unívoco de la norma, al decir que los estudiantes costarricenses tendrán prioridad en la matrícula cuando se fije cupo, debe entenderse, cuando el costarricense y el extranjero, están en un plano de absoluta igualdad en los requisitos de ingreso. Entenderlo de otra forma, implicaría, desde luego, que bastaría con que el número de costarricenses sea superior al cupo real, para que ningún extranjero tenga la posibilidad de ingresar a la carrera restringida y ello sí establecería una discriminación real. La Sala entiende por prioridad en el sistema, como un factor de diferenciación que decide una situación de estricta igualdad, porque las diferencias en los promedios de admisión, operan, según la lógica y  la equidad, por sí mismos, de manera que resultaría irrazonable que se prefiera a un estudiante con el mínimo del promedio, por sobre otro con el máximo, distinguiendo, únicamente, en la nacionalidad.
Es por lo expuesto que la Sala concluye en que no existe la inconstitucionalidad en la norma, pero sí podría existir en la forma de aplicarla y por ello opta por declarar una interpretación conforme, de manera que se entienda que la disposición no es inconstitucional, siempre y cuando se interprete que la prioridad en el ingreso que ahí se establece a favor de los nacionales, solo opera como modalidad de promoción, en caso de que los costarricenses tengan idéntico promedio de admisión que los extranjeros, decisión que se adopta con el voto salvado del Magistrado Solano Carrera, quien declara sin lugar la acción.
(...)Se declara que la norma impugnada no es inconstitucional, siempre y cuando se interprete que la prioridad de ingreso que ahí se establece a favor de los nacionales solo opera, como modalidad de promoción, en caso de que éstos tengan idéntico promedio de admisión que los extranjeros (…)”.


Voto: 01713-1999
Expediente: 98-008436-007-CO-S

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta y siete minutos del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por José Arnoldo Rodríguez Chaves, mayor, soltero, profesor universitario, cédula 1-553-431, vecino de San José, contra el Director de la Maestría en Comunicación de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Considera el recurrente que la negativa del recurrido de darle la información solicitada es contraria a sus derechos fundamentales.  En este caso, la discusión se centra en la alegada violación al artículo 27 de la Constitución Política, el cual garantiza el derecho de petición y pronta resolución, y se constata que la autoridad recurrida se negó a suministrar la información solicitada sin que tal negativa tenga sustento constitucional alguno. En efecto, el recurrente, en su condición de profesor universitario y dada su relación laboral anterior con la Maestría, formuló una solicitud de información relacionada con esos aspecto, de modo que sí existe un evidente interés legítimo del amparado en obtener la información que ha solicitado al recurrido.  En consecuencia, lo argüido por la autoridad recurrida en el sentido de que al no existir relación laboral no hay obligación de informar, la Sala concluye que constituye una clara violación al artículo 27 de la Constitución, de manera que el recurso debe ser acogido, ordenándose a la autoridad recurrida proceder a brindar la información solicitada(...)”.


Voto: 01763-1999
Expediente: 99-000952-007-CO-C

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con veintisiete minutos del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Roxana Cedeño Sequeira, portadora de la cédula de identidad número 6-102-645; contra el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica.

“(...)El derecho de petición y de obtener pronta respuesta, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, faculta a todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario público en espera de una acción clara ante su solicitud. Si la solución no puede darse, la Administración está obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, las razones por las cuales no puede cumplir lo pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada con el objeto de que el peticionario sea informado del procedimiento administrativo que deba seguirse para dictar el acto pedido. En reiteradas ocasiones la Sala ha señalado que, en observancia de este derecho, la autoridad está obligada no sólo a resolver dentro del plazo de ley sino a comunicar debidamente al administrado sobre lo resuelto.
En este asunto la Sala aprecia que no lleva razón la recurrente toda vez que la gestión por ella presentada el cinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve y reiterada el diez de febrero siguiente, le fue contestada el veinticuatro de febrero. Además, como bien lo afirma  la autoridad recurrida, según lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (folio 31) el plazo que tiene la Junta Directiva Central para resolver las solicitudes de desafiliación es de un mes, el cual vencía el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve. La Sala estima que no ha habido lesión a derecho fundamental alguno de la recurrente. En consecuencia el recurso debe ser declarado sin lugar(...)”.


Voto: 01916-1999
Expediente: 99-001213-007-CO-S

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas con treinta y nueve minutos del doce  de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Oscar Víquez Herrera en contra de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Dentro de la relación laboral se señalan como elementos esenciales la prestación de servicio, la subordinación y la remuneración, esta última garantizada en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política en cuanto constituye, desde el punto de vista jurídico laboral, una contraprestación del trabajo, por lo que debe ser una ganancia para el trabajador.  Así, para que el pago efectuado por el patrono constituya salario debe ser un beneficio retributivo que se le da al trabajador como contraprestación del trabajo realizado.  Por otra parte, dentro de las diversas clases de remuneraciones se encuentran los llamados salarios complementarios, dentro de los cuales se encasillan las gratificaciones, incentivos, pluses salariales, siendo estos pagos efectuados voluntariamente por el empleador, considerando uniformemente la doctrina que tienen carácter remuneratorio, en el caso que la conducta del patrono sea consistente en la entrega de gratificaciones en forma habitual y regular,  lo que implica que esa voluntad es incorporada de modo permanente al contrato de trabajo.
Por otra parte, el señor Víquez Herrera, alega discriminación, pero contrario a lo alegado no probó que su situación fuera  idéntica  a otras personas que hayan solicitado en la misma fecha y que hayan recibido el beneficio. El derecho contenido en el artículo 33, se ha definido como la obligación de dar un trato igual frente a una igualdad de circunstancias, no así a aquellos que se encuentran en situaciones diferentes. Por ejemplo, en la sentencia N° 2531-94 de las quince horas cuarenta y dos minutos del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se dijo que: “Así, en forma reiterada, este Tribunal a señalado que:  “el principio de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino más bien a exigir que no se haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, por lo que no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales.” (Resolución número 1942-94 de las diez horas dieciocho minutos del veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro). En este caso, el accionante reclama que a otros funcionarios si se les ha otorgado el incentivo por mérito académico y a él no, sin embargo en el caso del señor Ricardo Badilla Martínez, se trata de un caso totalmente diferente, en razón que a él en su debido momento la Universidad se lo había otorgado, y lo que le negaba era la prórroga, sin embargo, finalmente continuaron cencelándole por ser un derecho ya adquirido (…)”.


Voto: 02017-1999
Expediente: 99-001192-007-CO-C

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con quince minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Rafael Angel Rojas Jiménez, mayor de edad, casado, Empleado Público, vecino de San Miguel de Desamparados, portador de la cédula de identidad número 1-830-927; contra Jorge Grant Trigueros, José Ramón Molina Villalobos, Luis Guillermo Bermúdez Piedra, Carlos Sánchez Quesada, Claudio Monge Pereira y Gabriel Macaya Trejos, todos miembros de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica.

“(...)El hecho de que la recurrida Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica haya decidido reorganizar sus oficinas a fin de mejorar la organización interna y, como consecuencia de ello, a partir del quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho, la Sección de Archivo, que anteriormente dependía del Departamento de Crédito, haya pasado a depender del Departamento de Contabilidad y, además, se haya trasladado a otro departamento al Auxiliar de Archivos que prestaba colaboración al amparado, no implica violación alguna a sus derechos fundamentales, pues se trata de medidas tomadas dentro de las potestades de ius variandi que como patrono le asisten, habida cuenta que no se le afectó en su categoría, status, salario y demás condiciones laborales.  No se trata de una medida sancionatoria ni de la supresión de ningún derecho, sino de una reorganización, con salvaguarda de sus derechos laborales, por lo que la recurrida no debía observar el debido proceso.  Asimismo, la disconformidad del recurrente con las remodelaciones llevadas a cabo en las oficinas citadas, es un asunto que no compete conocer a esta Sala y, por lo tanto, debe plantearlo ante la propia Junta.   Esta Sala no estima que las medidas adoptadas en relación con el recurrente constituyan una persecución en contra del amparado, como éste lo alega, por lo que, en cuanto a dichos aspectos, el amparo debe ser desestimado.  Por lo demás, tampoco encuentra esta Sala que el hecho de que se haya obligado al amparado a tomar un mes de permiso con goce de salario -del doce de febrero al once de marzo del año en curso- viole sus derechos fundamentales, pues con ello no se le está afectando, ya que recibe la remuneración correspondiente.  Sin embargo, cabe advertir a la Junta Administradora recurrida que en el tanto los salarios de sus empleados sean pagados, aunque lo sólo sea en forma parcial, con base en recursos públicos -dado el aporte que hace la Universidad a dicha Junta- el obligar a un empleado a tomar un permiso con goce de salario, si bien no le afecta sus derechos fundamentales, puede ser un acto irregular del que, eventualmente, podrían derivarse responsabilidades de diversa índole para quienes así lo acuerden.  En consecuencia, el recurso resulta improcedente y así debe declararse (…)”.


Voto: 02220-1999
Expediente: 99-001510-007-CO-M

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas veintiún minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por María Antonieta Sáenz Elizondo cédula de identidad número 1-357-897 y Carlos Marciano Gómez Ródas, cédula de residencia número 260-58744-1316 contra el Rector de la Universidad de Costa Rica y la Decana del Sistema de Estudios de Postgrado de esa Universidad.

“(...)El problema planteado en este recurso es de equiparación de grados y se acusa un trato desigual de la Universidad de Costa Rica.- A juicio de la mayoría de la Sala, la equiparación de grados debe obedecer a criterios técnicos razonablemente definidos y aplicados y no es propiamente en esta sede que puedan valorarse ni los criterios ni su aplicación a cada caso, salvo manifiesta arbitrariedad y a menos que se violenten derechos constitucionales, como el invocado de trato igual. Los dos casos citados no demuestran un trato arbitrario, pues uno se refiere a una equiparación para efectos únicamente “internos” (pago de carrera profesional) y en el otro si bien una laurea se equipara a maestría, de allí no podía deducirse necesariamente que calquier post-lauream debía ser un “doctorado”.- Esto sin tomar en cuenta que la arbitrariedad claramente se configura solo allí donde los precedentes son reiterados y de pronto se produce una separación de criterio sin la debida motivación, lo cual no se da en el caso. El anterior razonamiento no inhibe por supuesto a la Universidad de su obligación elemental de definir una política clara y completa de reconocimiento y de equiparación de títulos grados y estudios, especialmente respecto de países que como Italia tienen un sistema particular.  Los Magistrados Piza, Solano, y Armijo declaran con lugar el recurso con sus consecuencias(...)”.


Voto: 02297-1999
Expediente: 98-008226-007-CO-V

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas con treinta y tres minutos del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Thomas Julián Solano Velandia, portador del carnet de refugiado número 0704203155197, a favor de el mismo; contra la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica.

(...)En el caso en estudio, el recurrente viene en amparo solicitando la declaratoria de nulidad del artículo 182 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, y que por ende se le permitiera participar en el proceso de matrícula para el año mil novecientos noventa y nueve en igualdad de condiciones con los estudiantes nacionales. Sobre la constitucionalidad de la norma dicha, esta Sala ya se pronunció en la sentencia número 1416-99, de las nueve horas con tres minutos del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido de que:
“Por tanto: Se declara que la norma impugnada no es inconstitucional, siempre y cuando se interprete que la prioridad de ingreso que ahí se establece a favor de los nacionales solo opera, como modalidad de promoción, en caso de que éstos tengan idéntico promedio de admisión que los extranjeros.”
Como se puede apreciar, que el sentido unívoco de la norma, al decir que los estudiantes costarricenses tendrán prioridad en la matrícula cuando se fije cupo, debe entenderse, cuando el costarricense y el extranjero, están en un plano de absoluta igualdad en los requisitos de ingreso. Entenderlo de otra forma, implicaría, desde luego, que bastaría con que el número de costarricenses sea superior al cupo real, para que ningún extranjero tenga la posibilidad de ingresar a la carrera restringida y ello sí establecería una discriminación real. La Sala entiende por prioridad en el sistema, como un factor de diferenciación que decide una situación de estricta igualdad, porque las diferencias en los promedios de admisión, operan, según la lógica y la equidad, por sí mismos, de manera que resultaría irrazonable que se prefiera a un estudiante con el mínimo del promedio, por sobre otro con el máximo, distinguiendo, únicamente, en la nacionalidad(...)”.


Voto: 02512-1999
Expediente: 99-001726-007-CO-S

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas con veintisiete minutos del siete de abril de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Anabelle Castillo López, mayor, soltera, Máster en Administración de Negocios, vecina de santo Domingo de Heredia, portadora de la cédula de identidad número 2-313-976; contra la Universidad de Costa Rica.

(...)En casos similares, en donde se ha discutido la situación de los profesores interinos nombrados en la Universidad de Costa Rica, la Sala en sentencia N° 2214-93 de las 16:15 horas del 21 de mayo de 1993, indicó: “...si bien es cierto no se cuenta “con el derecho de inamobilidad que consagra el artículo 192 de la Constitución Política a favor de los funcionarios que se encuentran bajo el Régimen de Servicio Civil, sí existe a favor de éstos el derecho constitucional al trabajo consagrado en el artículo 56 de la Carta Magna. De conformidad con dicha disposición el trabajo se establece como un derecho y una obligación del individuo, lo cual permite establecer el que todo individuo tiene también el derecho a la estabilidad en el empleo.” (Voto No. 743-91). Sin embargo, lo anterior no disminuye el carácter propio de los interinos que de conformidad con el artículo 20 del Reglamento de Régimen Académico y Docente de la Universidad, son aquéllos que “se nombran hasta por un ciclo lectivo a fin de hacer frente a una vacante repentina o para llenar una plaza nueva por un período no mayor de cuatro meses y medio...”, o por el período que sea necesario cuando se nombra en sustitución de un profesor que disfrute de permiso, o del que ha sido electo en un cargo temporal de la Institución, o cuando se trata de una plaza vinculada a un programa temporal”, nombramiento que podrá prorrogarse con el visto bueno del Vicerrector de Docencia...”
CASO CONCRETO. En este caso, la señora Castillo ha sido nombrada desde el primer semestre de 1997, de forma interina, como profesora del Curso de Administración Financiera en la Escuela de Administración Pública, desconociéndose el motivo de su nombramiento, ya que ni en las acciones de personal presentadas como prueba, ni en el informe rendido con ocasión de este amparo, se indica tal situación. De modo que, se debe partir del hecho de que la administración tiene la necesidad de la plaza y que ésta es ordinaria, sin que exista un funcionario nombrado en propiedad en la misma. Partiendo de ello, y contrario a lo esbozado por la parte recurrida, lo cierto es que la profesora Castillo se ha desempeñado como docente en la institución desde el primer semestre del año de 1997 en el mismo curso mencionado, por lo que le asiste el derecho a la estabilidad en el empleo. Así las cosas, en el caso se ha violentado los numerales 39, 56, 191 y 192 de la Constitución Política, razón por la que el recurso debe ser declarado con lugar, ordenándose la restitución de la aquí recurrente en el pleno goce de sus derechos (…)”.


Voto: 02532-1999
Expediente: 99-000419-007-CO-S

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta y un minutos del nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Zaira María Quesada Umaña, mayor, casada, operadora de central telefónica, cédula 1-444-70 contra el Director a.i. de la Sede del Pacífico y el Vicerrector de Administración, ambos de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Del examen de las circunstancias que han ocurrido en este caso y de los hechos que se tienen por comprobados, la Sala arriba a la conclusión de que, a pesar de que a finales del año pasado se iniciaron los trámites para realizar el traslado de la plaza de operadora de central telefónica que ocupa la recurrente, con el fin de que ese puesto pasara del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica a la Sede del Pacífico, dicho traslado no se realizó pues las autoridades recurridas solicitaron que ello no se efectuara.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo G-3.26 de las Normas Generales para la Formulación y Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Costa Rica, ningún traslado que implique variación en el subprograma presupuestario puede hacerse sin que la modificación correspondiente haya sido aprobada por la Contraloría General de la República, de manera que como en este caso tal requisito no se dio, llevan razón los recurridos al indicar que el traslado no ha surgido a la vida jurídica, a pesar de que se había dispuesto que la recurrente se presentara a laborar en la Sede del Pacífico a partir del cuatro de enero último.  La decisión de las autoridades recurridas de no efectuar el trámite para obtener la modificación presupuestaria, especialmente por el momento en que se tomó, horas después de que la recurrente se había presentado a su nueva sede laboral, no constituye violación alguna a sus derechos, pues no llegó a configurarse a su favor una situación jurídica de la cual derivara derecho alguno, por cuanto era aún potestad de la Administración cambiar de criterio respecto a la conveniencia de efectuar la modificación presupuestaria requerida.  En tales condiciones no resultaba necesario seguir el debido proceso, ni conceder audiencia ni el derecho de defensa a la servidora ya que, como bien señalan los recurridos, la decisión no ha sido producto de la imposición de sanción disciplinaria alguna. Por lo expuesto, consideramos que el recurso debe ser desestimado (…)”.


Voto: 02945-1999
Expediente: 98-000579-007-CO-P

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Eduardo Piza Volio, William Castillo Elizondo y William Alvarado Jiménez, cédulas de identidad números 3-244-739, 1-366-393, 6-110-026; contra el Rector, el Vicerrector de Docencia y el Presidente de la Comisión de Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica.

“...La adición y aclaración proceden para completar la sentencia en caso que la Sala haya dejado de resolver algún punto discutido en el litigio. En el presente asunto, se estima que la sentencia en su inteligencia normal, no requiere de mayores precisiones para su ejecución. En este sentido, debe reiterarse en armonía con la resolución de fondo, que “el incentivo que nos ocupa constituye un derecho adquirido del trabajador, que no puede suprimirse mientras se mantengan las condiciones por las que fue otorgado en un inicio”. Siendo que los recurrentes se encontraban elegibles para seguir disfrutando del beneficio, no llevan razón los recurridos cuando señalan que quien viene disfrutando del beneficio en mención debe prorrogar el mismo en igualdad de condiciones que los nuevos profesores elegibles para el mismo. Toda vez que las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento no han variado, por lo que el proceder de la autoridad universitaria en el sentido que ésta alega, constituye una lesión de los derechos fundamentales de los recurrentes, la cual incluso puede dar lugar a una causa penal por desobediencia. En consecuencia resulta improcedente la gestión, y así debe declararse (…)”.


Voto: 02946-1999
Expediente: 98-1434-007-CO-C

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Amalia Bernardini Azzarini, mayor, casada, portadora de la cédula de identidad nº 8-072-087, contra la Universidad de Costa Rica y otros.

“(...)La adición y aclaración de las sentencias de la Sala procede cuando éstas son omisas u oscuras. En el presente asunto, la Sala advierte que la gestión de la recurrente resulta improcedente, por cuanto no solo la sentencia reúne todos los requisitos, sino que además lo que pretende la recurrente, en cuanto al estudio de una posible discriminación respecto a otros funcionarios, no es en esta vía donde corresponde revisarlo. Respecto a la inconformidad de la recurrente en relación a diversas sentencias de esta Sala, es preciso indicarle nuevamente a la recurrente que el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que la jurisprudencia y los precedentes de esta  Sala son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. Como bien se indicó en la sentencia impugnada, el régimen de dedicación extraordinaria es un régimen distinto del Régimen de Dedicación exclusiva, por lo que no pueden equipararse sus efectos. Ambos regímenes se encuentran debidamente normados por la Universidad de Costa Rica. Las normas que regulan el Régimen de Dedicación Exclusiva fueron aprobadas en la sesión 3897, artículo 18, el martes 27 de octubre de 1992 y el Régimen de  Dedicación Extraordinaria para el personal docente, fue aprobado por el Consejo Universitario en la sesión No.2946, artículo 5, el 19 de octubre de 1982. Cada uno de éstos tiene diferentes fines a saber; la dedicación exclusiva pretende otorgarle una concesión económica de un 30%, a los profesionales que cumplan con los requisitos establecidos, como una forma de recompensar su relación laboral única y a tiempo completo con la institución, de forma indefinida, por lo que lo convierte en un beneficio; mientras que la dedicación extraordinaria, es un régimen creado para distinguir y estimular a aquellos profesores que se dediquen en forma extraordinaria a la Universidad de Costa Rica, que tiene por objeto estimular la productividad y excelencia académica, así como retener o incorporar plenamente a profesores de gran valor para la institución. Este último consiste en una remuneración adicional del 25% del salario base del profesor y es un contrato que se hace por dos años con posibilidad de renovarse, sujeto a una serie de contraprestaciones por parte del profesor; quedando las solicitudes de inclusión de dicho régimen sujetas a una calificación y al corte que permita la autorización del presupuesto dado para ello (según artículo 9 de este Reglamento). De todo lo anteriormente expuesto, se desprende lo que ya se indicó en la sentencia impugnada, la recurrente debido a su calificación y a la cantidad de profesores permitidos para esta renovación contractual, quedó por fuera de la selección, situación que conocía bien la recurrente que podía sucederle, puesto que no es la primera vez que se incluye y participa dentro del Régimen de Dedicación Extraordinaria. Habiéndose aclarado lo diferentes que son los regímenes que se pretendían equiparar y la situación de la recurrente respecto a esta contratación extraordinaria, lo procedente es no dar lugar a la gestión formulada(...)”.


Voto: 03314-1999
Expediente: 99-002765-007-CO-C

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con treinta y tres minutos del cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Yang Chiu Hellen, divorciada, comerciante, portadora de la cédula de identidad número 8-061-417, contra la Oficina de Salud de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Del estudio de los autos se desprende que la recurrente contrató con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica un puesto de comidas para la Semana Universitaria que sería del 17 al 23 de abril de este año, sin embargo, esta última no presentó el contrato ante la recurrida para su aprobación, por lo que la recurrente no contaba con el permiso de funcionamiento exigido para poder vender alimentos durante esa semana. Así las cosas, la actuación de la recurrida que respondió a cerrarle el puesto mencionado se ajusta totalmente a derecho, por cuanto su deber es velar por la salud de las personas presentes en dicha actividad, y lo que ocurrió en el presente caso, fue una omisión por parte de la FEUCR de solicitarle el permiso de funcionamiento a la recurrente, lo que equivale a un incumplimiento de su parte que no tiene porqué ser asumido por la recurrida. Por tanto, si a bien lo tiene la recurrente, proceda a la vía de legalidad a reclamar el incumplimiento suscitado. En cuanto a la recurrida, por todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso(…)”.


Voto: 03380-1999
Expediente: 98-008261-007-CO-P

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Alexandra Samper Villareal, portadora de la cédula de identidad Nº 1-978-539, Cecilia Villareal Montoya, portadora de la cédula de identidad n°1-416-544 y Mario Samper Kutschbach, portador de la cédula de identidad n°1-409-238 contra el Rector, la Vicerrectora de Vida Estudiantil ambos de la Universidad de Costa Rica y la Comisión Investigadora del caso Samper-Segura.

“(...)Reclaman los recurrentes violación a su derecho de petición y pronta resolución porque el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete presentaron una gestión ante la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete presentaron otra ante la Vicerrectoría de Vida Estudiantil sin que la fecha ninguna de las dos se las hayan contestado. Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha indicado que el derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés o formular una petición; esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta resolución.  Cuando se trata de reclamos o recursos, procede aplicar el artículo 41 de la Constitución Política por cuanto éstos, a diferencia de las peticiones puras y simples, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes. En los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas declararon que no habían contestado en virtud de que podía considerarse como un adelanto de criterio, pero sin embargo, las gestiones habían recibido el trámite interno correspondiente.  No obstante lo anterior, el artículo 261 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública establece un plazo de dos meses para tramitar el procedimiento administrativo, y hasta la fecha en que el Rector y la Vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica rindieron el informe a esta Sala, vencido ya el plazo indicado, no se habían contestado las gestiones y por tanto los recurrentes desconocían los argumentos que se esgrimen en este recurso para no resolverlas por el fondo, retraso que se considera violatorio de una justicia administrativa pronta y cumplida, regulado por el artículo 41 de la Constitución Política.
(...)Por otra parte, consideran lesivo a sus derechos constitucionales, que la Junta de Relaciones Laborales no le haya dado audiencia a la correcurrente Samper Villreal cuando se remitió a esa instancia.  En cuanto a este punto se indica que el artículo 26 inciso b) de la Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad de Costa Rica indica: “b) Permitirá a los interesados defenderse en tiempo y forma, para lo cual se notificará al trabajador de cualquier asunto que se presente en su contra”.  En consecuencia, no se consigna como obligatoria la audiencia reclamada y por ende al no dársela no se ha infringido norma alguna(...)”.


Voto: 03421-1999
Expediente: 99-002197-007-CO-V

ALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas con treinta y tres minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Evelyn Rodríguez Cavallini portadora de la cédula de identidad número uno- quinientos catorce- cero setenta y María del Mar Gamboa Coronado, cédula número uno- quinientos catorce- doscientos treinta y cinco, a favor de ellas mismas; contra el Rector y el Vicerrector de Docencia de la Universidad de Costa Rica.

(...)La recurrentes alegan violación a dos de sus prerrogativas fundamentales: el derecho al salario y la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos en materia laboral.
(...)Como se puede apreciar, de la correcta lectura del Reglamento del Régimen de Dedicación Extraordinaria para el Personal Docente, de la Universidad de Costa Rica, aprobado por el Consejo Universitario en sesión número 2946, artículo 5, de diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y dos, el beneficio de pertenecer al mencionado régimen no constituye una retribución relativa a los méritos de los docentes que de él participen. Constituye, por el contrario, un acuerdo entre la Universidad y el profesor, a fin de que el segundo cumpla con un determinado plan de trabajo en un plazo cierto, a cambio de una consecuente remuneración. (Artículos 10, 11, 12 y 13 del Reglamento de cita) Si las amparadas no cuentan con la nota suficiente para firmar un nuevo contrato por el período mil novecientos noventa y nueve - dos mil uno, de acuerdo con la cantidad de plazas disponibles para este período (artículo 7) ello no solo permite como también obliga a la Universidad a actuar como lo hizo. De lo contrario, estaría exigiéndosele a la recurrida actuar en contra de disposiciones reglamentarias vigentes, vulnerando el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, según el cual no podrán ser hechas excepciones en la aplicación de los actos normativos infralegales.
Ver en igual sentido el voto 2591-98.


Voto: 03546-1999
Expediente: 99-002162-007-CO-C

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con dieciocho minutos del doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Jorge Antonio Muñoz Guillén, mayor de edad, casado, profesor universitario, vecino de La Trinidad de Moravia, portador de la cédula de identidad número 1-316-127; contra la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Del estudio pormenorizado del recurso de amparo interpuesto por el recurrente se desprende que su disconformidad es un asunto de mera legalidad, sobre el cual no corresponde pronunciarse en esta sede.  En efecto, en última instancia, el conflicto que se presenta entre el recurrente y las autoridades universitarias es en torno a la interpretación de las normas estatutarias de la Universidad de Costa Rica, pues en tanto del amparado objeta el acuerdo de rediseño de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil -por la eliminación de unas oficinas y la creación de otras- tomado por el Consejo Universitario, ya que a su entender, ello requería de una reforma al Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y de la aprobación previa de los reglamentos respectivos, las autoridades universitarias, con base en el criterio técnico jurídico vertido por la Oficina Jurídica de dicha universidad, interpretan la normativa estatutaria en forma diferente, concluyendo que para el rediseño organizativo acordado no se requería de la modificación del estatuto ni de la aprobación previa de reglamento alguno sobre el funcionamiento de las nuevas oficinas, diferendo que, evidentemente, no compete dilucidar a esta vía.  Por otra parte, al recurrente se le brindó la información requerida, aún cuando esté disconforme con los términos en que se le dio.  Asimismo, de conformidad con el informe rendido bajo juramento y del acuerdo respectivo del Consejo Universitario, el proceso de rediseño organizativo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se llevará a cabo con respeto de los derechos laborales de los afectados, en cuanto a salario, categoría y demás condiciones esenciales, sin que el recurrente haya demostrado que, efectivamente, se le hayan lesionado sus derechos fundamentales o, al menos, amenazado.  La disconformidad del amparado con la reorganización que se está llevando a cabo es un asunto de mera legalidad y si considera que, de alguna forma, le afecta, debe plantear su reclamo en las instancias legales competentes -administrativas o jurisdiccionales- y, para tal fin, las autoridades universitarias recurridas le han otorgado un plazo de cinco días para que manifieste lo que estime pertinente.  El proceso cuestionado no ha concluido y esta Sala entiende que las autoridades universitarias recurridas se han comprometido a valorar los argumentos del recurrente, a fin de determinar si con dicho proceso se le está causando algún perjuicio, caso en el cual deberán tomarse las medidas necesarias que salvaguarden los derechos del gestionante.  Asimismo, el hecho de que al amparado se le haya solicitado un informe de fin o cierre de gestión no implica que se esté dando por terminada su relación laboral con la Universidad de Costa Rica -como se acusa-, sino que dicho informe se justifica en el tanto la gestión que había venido realizando el recurrente ha concluido en vista de la eliminación de la oficina a la que pertenecía y su ubicación en otra de conformidad con el rediseño organizativo aprobado.  No observa esta Sala que en los hechos acusados se haya incurrido en violaciones a derechos fundamentales que justifiquen la intervención de este Tribunal, en atención, sobre todo, al hecho de que bajo juramento, y de conformidad con los acuerdos aportados, las autoridades universitarias recurridas han informado que el proceso en cuestión se llevará a cabo con total respeto de los derechos laborales del recurrente, en aplicación de la jurisprudencia constitucional vertida al respecto.  Así las cosas, no se han producido las alegadas violaciones a los derechos fundamentales del amparado y dado que su disconformidad no es más que un asunto de mera legalidad que debe plantearse en otra vía, el recurso resulta improcedente y así debe declararse (…)”.


Voto: 03547-1999
Expediente: 99-002280-007-CO-C

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con veintiún minutos del doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Minor Romero Jiménez, mayor de edad, casado, farmacéutico, vecino de Tres Ríos, portador de la cédula de identidad número 3-187-083; contra el Rector de la Universidad de Costa Rica y la Vicerrectora de Vida Estudiantil de esa Universidad.

“(...)Del estudio pormenorizado del recurso de amparo interpuesto por el recurrente se desprende que su disconformidad es un asunto de mera legalidad, sobre el cual no corresponde pronunciarse en esta sede.  En efecto, en última instancia, el conflicto que se presenta entre el recurrente y las autoridades universitarias recurridas es en torno a la interpretación de las normas estatutarias de la Universidad de Costa Rica, pues en tanto del amparado objeta el acuerdo de rediseño de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil -por la eliminación de unas oficinas y la creación de otras- tomado por el Consejo Universitario, ya que a su entender, ello requería de una reforma al Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y de la aprobación previa de los reglamentos respectivos, las autoridades universitarias, con base en el criterio técnico jurídico vertido por la Oficina Jurídica de dicha universidad, interpretan la normativa estatutaria en forma diferente, concluyendo que para el rediseño organizativo acordado no se requería de la modificación del estatuto ni de la aprobación previa de reglamento alguno sobre el funcionamiento de las nuevas oficinas, diferendo que, evidentemente, no compete dilucidar a esta vía (…)”.


Voto: 03548-1999
Expediente: 99-002281-007-CO-A

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas veinticuatro minutos del doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de Amparo establecido por Jorge Recoba Vargas de cédula de identidad número 1-441-448 contra el Rector de la Universidad de Costa Rica y la Vicerrectora de Vida Estudiantil de esa universidad.

“(...)Luego de analizar los argumentos del recurrente y el contenido de los informes rendidos por los recurridos, estima la Sala que en lo fundamental el reclamo del amparado es una cuestión de mera legalidad que no debe ser conocida en esta vía, por lo que el recurso debe declararse sin lugar.
La disconformidad del señor Jorge Recoba Vargas nace principalmente del hecho de que la reforma organizativa puesta en marcha por las autoridades recurridos no cumplió con un trámite de reforma de estatutos ante la Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica y sin que hubieren sido promulgados los reglamentos correspondientes. Pese a lo anterior, las autoridades universitarias, con base en el criterio técnico jurídico vertido por la Oficina Jurídica de dicha universidad, interpretan la normativa estatutaria en forma diferente, concluyendo que para el rediseño organizativo acordado no se requería de la modificación del estatuto ni de la aprobación previa de reglamento alguno sobre el funcionamiento de las nuevas oficinas.
Se trata pues de la interpretación administrativa del numeral 155 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, por lo que la disconformidad del amparado se reconduce a una cuestión de mera legalidad no amparable como tal en esta vía(...).”


Voto: 03698-1999
Expediente: 99-001487-007-CO-E

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas del dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Lillia Fonseca Alvarado, portadora de la cédula de identidad número 1-613-538, a favor de Manuel Antonio Araya Barboza, cédula número 1-395-1417; contra el Rector, Director de la Escuela de Administración de Negocios y Director de la Escuela de Administración Pública, todos de la Universidad de Costa Rica.
“(...)En reiteradas ocasiones esta Sala (ver entre otras sentencias nº4819-95 de las dieciséis horas treinta y nueve minutos  del treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco y nº4943-95 de las dieciséis horas veintisiete minutos del seis de setiembre de mil novecientos noventa y cinco) ha establecido que una de las características de la estabilidad impropia, entendida ésta como la que se posee en virtud de su condición de interino, es la imposibilidad que existe de sustituir a un funcionario interino, por otro que esté en esa misma condición, siendo que las únicas razones para prescindir de éste funcionario, sean que el titular de la plaza que ocupa en forma interina retorne a su plaza, o que se nombre a otra persona en propiedad, o bien que exista una situación objetiva de necesidad de servicio, que como consecuencia haga desaparecer la causa que dio origen al nombramiento.
(...)la Sala estima que no lleva razón el amparado toda vez que la no prórroga de su nombramiento interino obedeció al regreso y asignación de cursos a profesores en propiedad dentro del régimen académico. La Sala aprecia que el acto impugnado no es ilegítimo, al estar sustentado en el regreso de titulares a sus plazas causal que ha admitido esta Sala para la no prórroga de un nombramiento interino, por lo que no podría indicarse que el amparado tenía derecho adquirido a seguir siendo nombrado en la plaza que ocupó en el curso lectivo de mil novecientos noventa y ocho. Por lo expuesto el recurso debe ser declarado sin lugar en cuanto a este extremo (…)”.


Voto: 03992-1999
Expediente: 99-001313-007-CO-V

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Lillia Fonseca Alvarado, portadora de la cédula de identidad Nº 1-613-538, a favor de Juan Ramón Funes Cruz, portador de la cédula de identidad Nº 8-058-102; contra la Universidad de Costa Rica (U.C.R.).

(...)En este caso, alega el amparado que su nombramiento interino en la Universidad de Costa Rica no fue prorrogado para este año, nombrándose en su sustitución a otro funcionario también en forma interina, actuar que lo considera violatorio de su derecho a la estabilidad laboral(...)  En reiteradas ocasiones esta Sala (ver entre otras sentencias nº4819-95 de las dieciséis horas treinta y nueve minutos  del treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco y nº4943-95 de las dieciséis horas veintisiete minutos del seis de setiembre de mil novecientos noventa y cinco) ha establecido que una de las características de la estabilidad impropia, entendida ésta como la que se posee en virtud de su condición de interino, es la imposibilidad que existe de sustituir a un funcionario interino, por otro que esté en esa misma condición, siendo que las únicas razones para prescindir de éste funcionario, sean que el titular de la plaza que se ocupa en forma interina retorne a su plaza, o que se nombre a otra persona en propiedad, o bien que exista una situación objetiva de necesidad de servicio, que como consecuencia haga desaparecer la causa que dio origen al nombramiento.  Es de indicar que la Sala tiene la posibilidad de declarar sin lugar un recurso de amparo basándose en el informe rendido por la autoridad recurrida, el cual se entiende dado bajo juramento con las consecuencias incluso penales que señala el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  En consecuencia, dado que en el expediente no se acredita el dicho del accionante con documento idóneo y que la autoridad recurrida indica que en la especie no ha operado una sustitución de un funcionario nombrado en forma interina por otro nombrado en igual forma, procede desestimar el recurso en cuanto a este extremo.
Derecho al Salario.  La garantía de un salario vital adecuado está tutelada en los artículos 57 de la Constitución Política.  La jurisprudencia de la Sala Constitucional también ha indicado que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, tanto al trabajador como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.  Por ejemplo, en sentencia  Nº 1933-91 de las catorce horas seis minutos del dos de octubre de mil novecientos noventa y uno, dijo: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 Constitucional, el desempeño en su trabajo es una obligación del servidor, pero también le da el derecho de obtener por él la remuneración correspondiente, en forma oportuna y en un monto que le procure bienestar y existencia digna (artículo 57 de la Constitución Política), por lo que el no hacerlo así efectivo deviene en una violación -para el trabajador- no sólo de aquellos derechos fundamentales, sino también del que garantiza la propia existencia”. En este caso, la recurrente  alega que se le ha retenido injustificadamente el salario al amparado.  Por su parte, bajo juramento, el Rector de la Universidad de Costa Rica informó que la extensión del nombramiento del amparado por el período establecido en la acción de personal n°323477 no era procedente, por lo que era necesario hacer los cálculos y correcciones para evitar sumas giradas en exceso.  No obstante lo anterior, según la certificación emitida por la Oficina de Recursos Humanos de la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica el amparado impartió el curso controles del cuatro de enero al veintiuno de febrero ambos de mil novecientos noventa y nueve.  En consecuencia, el no pago oportuno del salario del amparado por el trabajo realizado constituye una violación al artículo 57 de la Constitución Política, -sin que sea excusa para tal retraso lo manifestado por el Rector recurrido, pues existen los mecanismos correspondientes para que los Administrados devuelvan las sumas giradas de más-.  Por lo anterior, procede declarar con lugar el este extremo (…)”.


Voto: 04179-1999
Expediente: 99-001425-007-CO-P

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos del dos de junio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Karla María Vásquez Rojas, cédula 2-2002-886, contra el Director de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, la Directora del Departamento de Ciencias Sociales y la Coordinadora de la carrera de Derecho.

“(...)La recurrente considera que se lesionan sus derechos constitucionales por cuanto no se le autorizó el levantamiento de requisitos para matricular los cursos del segundo año de la carrera de Derecho.  Señala que se le discrimina porque a otros estudiantes sí se les confirió dicha autorización, además que se le limita su derecho a la educación y eventualmente su derecho al trabajo.  Al respecto los recurridos señalaron que los programas de estudios están estructurados de tal manera que unos cursos sean requisito del posterior y que la amparada reprobó Historia del Derecho II y Sistemas de Investigación y Razonamiento Jurídico II.  El levantamiento de los requisitos a los estudiantes de primer año para que puedan matricular los cursos correspondientes al segundo año de la carrera, se hace únicamente cuando tengan pendiente la aprobación de una única materia.  Teniendo conocimiento de tales requisitos, lo cual se denota de los autos, la amparada no podía matricular el segundo año de la carrera y así le fue comunicado en oficio SOD-323-99 (folio 6).  No corresponde a la Sala resolver, como pretende ella, que se le permita matricular los cursos del segundo año, ya que la estructuración de los mismos, así como la facultad para relevar a los estudiantes de los requisitos para matricularlos, es privativa de la Universidad, como materia técnica que es, lo cual escapa a la competencia de esta Sala.
En cuanto a la alegada discriminación de que aparentemente fue objeto la recurrente, no estima la Sala que la misma se haya producido, ya que en los informes rendidos bajo fe de juramento se explica que los estudiantes a quienes se les admitió el levantamiento únicamente debían un curso, a diferencia de ella, que debía dos. Este elemento distintivo hace que no estemos ante discriminación odiosa, ya que simplemente se están aplicando disposiciones generales que cubren por igual a todos los estudiantes.
No estima tampoco la Sala que se esté negando a la amparada el derecho a la educación y el derecho al trabajo, ya que ella ha tenido la oportunidad de matricular otros cursos que, a pesar de no ser estrictamente del bloque de materias del segundo año, sí son requisito indispensable para obtener el título de Bachiller en Derecho.  Es de conocimiento de cualquier estudiante que ingrese a la Universidad de Costa Rica, que existe un plan de estudios para la carrera, en el cual se establecen los requisitos para poder matricular los cursos en cada ciclo lectivo, de modo que ya la amparada bien sabe que para poder matricular las materias de su interés, debe haber satisfecho aquéllos, con lo cual no se violenta ninguno de sus derechos. De conformidad con lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso planteado(...)”.


Voto: 04421-1999
Expediente: 99-003466-007-CO-A

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas nueve minutos del nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Marvin Rojas Serrano, cédula número 3-285-329, contra el Jefe de la Oficina de Personal de la Universidad de Costa Rica.

“(...)El objeto de este recurso es determinar si el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica ha violado el derecho de petición y pronta resolución del recurrente, al no haber respondido en tiempo una solicitud interpuesta ante esa dependencia(...) La manifestación de la parte recurrida en el sentido que no había sido posible responder la petición del recurrente debido a la cantidad de trabajo con que se cuenta en esa dependencia, no es una causa de exoneración de responsabilidad ni una excusa para violentar los derechos fundamentales del recurrente. Tampoco puede considerarse que la respuesta emitida en razón de la interposición de este recurso cumpla con los requerimientos constitucionales, máxime cuando la respuesta no ha sido comunicada al recurrente.


Voto: 04471-1999
Expediente: 99-003521-007-CO-E

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta y nueve minutos del once de junio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Eugenio Ruiz Barrantes, mayor, casado, estudiante, vecino de Moravia, cédula 1-585-034, contra el Director de la Escuela de Fitotecnia y el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Del examen de las circunstancias que han ocurrido en este caso y de los hechos que se tienen por comprobados, la Sala arriba a la conclusión de que las gestiones a que se alude en este recurso y cuya falta de respuesta reclama el amparado no contienen una petición concreta o específica a la cual deba responderse por escrito(...)considera la Sala que el texto no es claro en cuanto a que se solicita una  respuesta concreta de los destinatarios de tales misivas, de manera que no es posible exigirles a éstos algo que no resulta claro que se haya pedido.  Incluso, observa la Sala que el petente no indicó lugar para atender notificaciones o recibir respuesta a su gestión, hecho que aunado a lo ambiguo de la solicitud contribuye a dar fuerza al alegato sostenido por los recurridos de que no queda claro lo que se pide ni es tampoco claro si el amparado pretendía obtener de ellos una respuesta escrita, motivo por el cual se limitaron los recurridos a realizar gestiones para aclarar el problema expuesto por el solicitante sin que hayan entendido que se esperaba de ellos algo más que eso.  Consideramos que la ambigüedad de las gestiones nos impide tener por acreditada la violación al derecho de pronta resolución del recurrente pues es requisito ineludible en todo caso que la solicitud sea clara y pueda entenderse lo que se pide o aquello que deba concederse, lo cual no ocurre en este caso.  Por otra parte, el accionante aporta copias con sellos de recibido de otras gestiones, pero tales comunicaciones son copias de gestiones dirigidas a otra autoridad o dependencia distinta de la que la recibe, de manera que aunque conste que se recibió la copia no puede pretenderse que conteste persona distinta a aquella a la cual va dirigida la comunicación, es decir, su destinatario.  La Sala estima que la copia entregada a otra autoridad sirve un propósito meramente informativo pero no crea la obligación de ésta de responder si lo que ha recibido es una petición que va dirigida a otro.  En consecuencia, no es posible acreditar la recepción por parte del destinatario de las comunicaciones en las cuales aparece un sello distinto del de éste.  Por todo lo expuesto, concluimos que no se ha configurado violación a los derechos del amparado, quien al pedir debe hacerlo de manera que se entienda lo que en concreto pide y de modo en que de su gestión razonablemente se desprenda su deseo de recibir una respuesta, para lo cual ha de proporcionar un medio o lugar idóneo de comunicación.  Sobre este tema, conviene señalar que aunque ha dicho la Sala que no existe obligación en sede administrativa para el ciudadano, de señalar una casa u oficina dentro del perímetro de la institución donde atender notificaciones, pues por lo demás, no está delimitado el perímetro de ninguna oficina administrativa y/o institución estatal, con excepción de los Tribunales de Justicia, sí es necesario que el administrado indique un medio y/o lugar confiable para hacerle llegar la información solicitada, cuya eficacia será en última instancia responsabilidad plena del gestionante  (Sentencia No.5878-97 de las quince horas con cincuenta y un minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y siete), señalamiento que en este caso omitió el accionante y se constituyó en obstáculo para que los recurridos pretendiesen contestar las gestiones recibidas.  Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso(...)”.


Voto: 04514-1999
Expediente: 99-004063-007-CO-P

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas cuarenta y ocho minutos del once de junio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Tomás Guerra Rivas, mayor, soltero, abogado, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, portador de la cédula de identidad número 8-071-422 contra la Comisión Calificadora del Concurso de Antecedentes I-98 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (U.C.R.).

“(...) El derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, por escrito, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés; esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, pero esto último no significa una contestación favorable. En otras palabras, lo que se garantiza es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, según el cual la Administración no puede coartar el derecho que tienen los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Así, la vía de petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada. En este caso, de los documentos aportados y las manifestaciones del recurrente se comprueba que la autoridad recurrida lo ha tenido al tanto del trámite dado a su solicitud; así, se le comunicó que su gestión fue enviada a consulta a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la U.C.R. (folio diecisiete). Asimismo, es claro que al haberle remitido copia de la respuesta dada por esa Oficina a la consulta, acompañada de una carta que así se lo informa, la Comisión hizo suya la posición externada por esa Oficina. La Comisión recurrida contestó su gestión; por ello, no resulta válido el argumento del recurrente al afirmar que su derecho de petición y pronta resolución ha sido violado por el órgano recurrido, toda vez que la entidad recurrida si cumplió con su deber de concederle la información solicitada, por lo que el hecho de que el amparado no esté conforme con los términos de la respuesta dada, no tiene la virtud de causar menoscabo a la garantía mencionada. Es por ello que el recurso resulta improcedente y por ello debe rechazarse(...)Se rechaza por el fondo el recurso (…)”.


Voto: 04654-1999
Expediente: 99-003025-007-CO-P

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas treinta y tres minutos del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Karol Baltodano Aguilar, cédula de identidad  a favor de Laura Stiller González contra Mariana Chaves Araya, Directora de la Sede Regional del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Esta Sala en sentencia 3467-93 del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres indicó:
“el derecho al trabajo es considerado un derecho fundamental del hombre, cuyo ejercicio le permite lograr una existencia digna y cuyo cumplimiento debe el Estado vigilar, proteger, fomentar e implementar por los medios correspondientes, cerciorándose de que en todos los organismos oficiales o privados, no se apliquen políticas de empleo discriminatorias a la hora de contratar, formar, ascender o conservar a una persona en el empleo, pues todo trabajador tiene el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, si cumple con los requisitos razonables impuestos por ley. Asimismo, el Estado no puede pretender a través de cualquier procedimiento, prolongar los interinazgos más allá de un plazo razonable y prudencial, el cual está debidamente señalado en otros regímenes, debiendo tomar las medidas y prevenciones necesarias para que ello no ocurra, pues ello va en detrimento de la estabilidad laboral, aspecto este último constitucionalmente protegido en el artículo 56.(...)
Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal concluye que no existe violación constitucional a la estabilidad laboral de la accionante. En primera instancia tenemos que la recurrente labora como funcionaria administrativa de la Universidad de Costa Rica tiempo completo, estabilidad laboral que se encuentra protegida por la Convención Colectiva de Trabajo, capítulo segundo, artículo 21; por lo que los nombramientos dados a la recurrente como profesora de Psicología de la Universidad de Costa Rica obedecen a una jornada extraordinaria de un cuarto de tiempo. Asimismo los nombramientos como docente se han efectuado por inopia, lo que significa que no reúne los requisitos del puesto (la accionante no ganó concurso que la acredita como profesora de psicología general) y para el presente curso lectivo se nombró a la Doctora Xinia Chaves, quién reúne los requisitos académicos del puesto, en consecuencia,  se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 04708-1999
Expediente: 99-002196-007-CO-P

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta y siete minutos del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Rafael Angel Rojas Jiménez, mayor casado vecino de Desamparados, portador de la cédula de identidad número 1-830-927, a su favor, contra el Gerente y la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica.

“(...)De los informes rendidos por los recurridos, se tiene por demostrado que en la sesión No. 1073 de 5 de marzo de este año, la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica acordó el despido del recurrente, con responsabilidad patronal, a partir del 20 de marzo de 1999.
Los miembros de la Junta y el Gerente consideran que el despido con responsabilidad patronal es legítimo, ya que el recurrente no es empleado público, a tenor de lo dispuesto en los artículos 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública, ni la Junta es un ente público desconcentrado de la Universidad de Costa Rica, por lo que su relación laboral se rige por el Código de Trabajo. La Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica fue creada por Ley 2076 de 15 de noviembre de 1956, reformada por Ley 4273 de 6 de diciembre de 1968, que le otorgó personalidad jurídica propia. La Junta tiene capacidad contractual, autonomía financiera y presupuestaria y patrimonio propio. El salario de sus funcionarios y empleados no está sujeto a la autoridad presupuestaria y su escala salarial es independiente la que fija la Universidad de Costa Rica para sus funcionarios y empleados. El nombramiento de los empleados de la Junta se hace conforme a normas del derecho laboral común y no conforme a los procedimientos concursales que utiliza la Universidad de Costa Rica para escoger a los suyos. Los empleados de la Junta no son empleados universitarios y por ello no se benefician del régimen de becas o beneficios de estudio; el régimen salarial sigue una estructura diferente a los escalafones, anualidades, fondo consolidado y otros conceptos que conforman el salario de los empleados universitarios. La Junta cuenta con una asociación solidarista que cubre en una parte mayoritaria los montos adeudados al recurrente en concepto de prestaciones laborales. Mientras que los empleados de la Universidad de Costa Rica se benefician de una convención colectiva, los empleados de la Junta no lo hacen. Cuando se contrató al recurrente como empleado se hizo con base en el Código de Trabajo que ha regulado siempre la relación laboral de la Junta y todos sus empleados, por lo que la cesación de la relación laboral que no obedece a una causa imputable al trabajador, puede hacerla el patrono, cubriendo íntegramente los montos correspondientes al preaviso de despido, auxilio de cesantía, vacaciones y aguinaldo respectivos, como lo han hecho en este caso, indicándole que podía retirar el cheque por sus prestaciones laborales. .- Para que el reclamo del recurrente sea amparable y no un asunto de índole laboral, propio de la jurisdicción respectiva, es necesario dilucidar si el recurrente tiene un derecho fundamental frente a la Junta para no ser libremente despedido, como lo fue. La Sala ha tenido a la Junta como un sujeto de naturaleza pública, para efectos de aplicarle las reglas del artículo 27 constitucional en relación con el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en la sentencia No. 898-95 de las 17:15  horas del 15 de febrero de 1995, que resolvió el amparo No.6170-94, de Jorge A. Grant Trigueros. No basta, sin embargo que la Junta tenga esa naturaleza sino que, además, la relación laboral del amparado con la Junta tendría que ser de servicio público, que no lo es, conforme lo ha resuelto esta Sala en la sentencia No. 2017-99 de las 17:15 horas del 16 de marzo de 1999, que resolvió el amparo No. 99-001192, del aquí recurrente contra la Junta Administradora, en la cual la Sala declaró sin lugar el recurso, planteado con motivo de la reorganización administrativa y de la planta física y del permiso con goce de salario que la Junta le impuso obligatoriamente. La Junta es de naturaleza pública y sus miembros son funcionarios nombrados por el Consejo Universitario, de acuerdo con el artículo 30, f).iv) del Estatuto Universitario, tal como se desprende claramente de la Ley No. 4273, que le otorga personalidad Jurídica, establece sus competencias, su integración y representación, aparte de la contribución obligatoria de la Universidad y de los trabajadores con la que se sostiene el fondo. Pero los empleados de la Junta no son, ni tienen por qué ser funcionarios públicos, ya que son encargados de gestiones sometidas al derecho común y no son empleados de la Universidad de Costa Rica, por lo que no están sometidos al régimen estatutario propio de esa entidad, ni cobijados por la Convención Colectiva. De modo que el reclamo del recurrente no es amparable.(...)Se declara sin lugar el recurso(...)”.


Voto: 04924-1999
Expediente: 99-003645-007-CO-A

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas treinta minutos del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Minor Solís Guevara, cédula número 1-754-879, en su condición de miembro del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica ante la Comisión Institucional de Salud Ocupacional, contra el Jefe de la Sección de Mantenimiento y el Jefe de la Oficina de Servicios Generales, ambos, de la Universidad de Costa Rica.

“(...)El recurrente, Minor Solís Guevara, interpone este recurso para que se determine si el Jefe de la Sección de Mantenimiento de la Universidad de Costa Rica y el Jefe de la Oficina de Servicios Generales de la Universidad de Costa Rica han violado su derecho de petición y pronta resolución, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Política, al no haber respondido en tiempo algunas gestiones interpuestas ante esa dependencias(...)No lleva razón la parte recurrida al afirmar que Minor Solís Guevara carece de legitimación activa para la interposición de este recurso, ya que las peticiones formuladas al Jefe de la Sección de Mantenimiento de la Universidad de Costa Rica y al Jefe de la Oficina de Servicios Generales de la Universidad de Costa Rica fueron hechas en nombre de la Comisión Institucional de Salud Ocupacional, de la que el recurrente forma parte. Por lo tanto el recurso debe entenderse interpuesto en tutela de los intereses de esa Comisión y del propio recurrente como integrante de ella.  En cuanto al fondo del asunto, de los hechos tenidos por demostrados, se aprecia una clara violación a los derechos del recurrente ya que entre el momento de plantear las peticiones ante los órganos recurridos y el momento de rendir el informe solicitado en este recurso han transcurrido casi cinco meses sin que se haya dado respuesta a los escritos presentados, sin que pueda argumentarse como excusa la cantidad de trabajo con que se cuenta en esas dependencias.


Voto: 05102-1999
Expediente: 99-003898-007-CO-C

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las diecisiete horas con treinta y seis minutos del treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de Amparo interpuesto por Víctor Obando Mosquera, cédula  nueve- cero cincuenta y nueve-cuatro mil ochocientos setenta; contra el Rector y la Junta de Relaciones Laborales, ambos de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Estima la parte recurrente que se le ha privado de su derecho fundamental al ejercicio de la defensa, en el proceso administrativo realizado por la Universidad de Costa Rica, que dio como resultado su despido sin responsabilidad patronal. Examinada las argumentaciones de la parte y la prueba aportada, se desprende que efectivamente se realizó en su contra un proceso de despido en dicha entidad,  y fue debidamente notificado de la apertura del proceso, indicando las notas del comunicado ( folios seis y diez), el hecho por el cual se le inicia ,con cita de la norma del Código de Trabajo que se estima infringida, a la vez se le confieren ocho días para ejercer su derecho de defensa, notificándose personalmente el cuatro de noviembre del mil novecientos noventa y ocho.  El recurrente se hizo presente a la Junta de Relaciones Laborales que conocía del proceso administrativo y ahí se le adjunta otra comunicación y verbalmente fue informado de su derecho de defensa y descargo, pero  él optó  por no ejercitarlo ante la Junta, por lo que se procedió al despido. Luego, al ser informado del resultado, ejerció el recurso ante el Rector de la entidad y le fue rechazado.  El derecho de defensa, es parte integrante del debido proceso, contenido en el artículo treinta y nueve de la Constitución, y encontrando en la especie que se informó detalladamente al recurrente del proceso abierto en su contra, de los hechos que lo motivan y las pruebas existentes, y éste renunció al ejercicio en la audiencia conferida, no se observa vulneración alguna al derecho reclamado.  Por lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 05448-1999
Expediente: 99-3805-007-CO-P

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas treinta y nueve minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Victoria Cabezas Green, portadora de la cédula de identidad No. 9-044-767, contra la Directora de la Escuela de Artes Plásticas y el Decano de la Facultad de Bellas Artes ambos de la Universidad de Costa Rica.

“(...)En el caso que nos ocupa, del informe rendido por la autoridad recurrida y la prueba aportada para la resolución de este asunto, se concluye que efectivamente el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve (folios 6 a 10) la recurrente presentó una gestión de nulidad ante la Facultad de Bellas Artes contra el Acuerdo tomado por la Asamblea de Escuela de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica que consta en el Borrador del Acta No.110-98 del dieciocho de agosto del año pasado.  Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha establecido que el derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés o formular una petición; esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta resolución, lo que no implica en modo alguno que la respuesta deba ser favorable a las pretensiones del administrado. Cuando se trata de reclamos o recursos, procede aplicar el artículo 41 de la Constitución Política por cuanto estos, a diferencia de las peticiones puras y simples, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que cuando la Administración no pueda dar solución final dentro del plazo de ley, está obligada a explicar las razones por las cuales no puede darse cumplimiento a lo pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada, lo cual deberá de serle informado ampliamente al particular para que éste tenga conocimiento del trámite administrativo a seguir  y pueda ejercer los mecanismos que considere necesarios para agilizar su trámite.  Estima la Sala que el hecho que la Presidenta de la Asamblea de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica no haya otorgado una respuesta razonada a la gestión incoada por la recurrente dentro de un plazo razonable, constituye una violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución Política. En mérito de lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso, con las consecuencias de ley (...)”.


Voto: 05554-1999
Expediente: 99-004320-007-CO-C

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con veintisiete minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por José Arnoldo Rodríguez Chaves, soltero, cédula de identidad 1-553-431; contra la Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

“(...)El derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés; esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, pero esto último no significa una contestación favorable, en otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza, aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos.
De manera que, la vía de petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada.
(…)no resulta válido el argumento de la recurrente al afirmar que su derecho de petición y pronta resolución ha sido violado por el órgano recurrido, toda vez que si bien es cierto no lleno sus expectativas, si se le indicó que su solicitud fue remitida en consulta a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Costa Rica. Por lo expuesto, lo procedente es declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 05570-1999
Expediente: 99-002519-007-CO-A

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas quince minutos del veinte de julio mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Ana Katalina Ramírez Brenes, cédula número 3-284-489 contra la Directora de la Escuela de Medicina, el Presidente de la Asamblia de la Escuela de Medicina y el Jefe de la Sección de Tesorería de la Universidad de Costa Rica.

“(…) En el recurso de amparo tramitado en el expediente número 98-001209-007-CO interpuesto por la aquí recurrente en contra de la Directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, en el que alegaba como violatorio de sus derechos fundamentales que no se le dejara matricular las materias de sexto año de la carrera de medicina por haber reprobado una de quinto año, esta Sala, en la resolución que dio curso al amparo, ordenó como medida cautelar dejar sin efecto la acción que le impedía a la agraviada matricular las materias de sexto año.  Quiere esto decir que, contrario a lo indicado por la recurrente, en este caso la Sala no ordenó la suspensión del acto administrativo, regulado en el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino una medida cautelar de las facultadas en el párrafo cuarto de ese mismo artículo.  Siendo que el recurso de amparo interpuesto en ese momento fue rechazado por el fondo, la consecuencia lógica es que la medida cautelar tomada a efectos de evitar mayores perjuicios a la parte recurrente se deje sin efecto, al igual que las consecuencias derivadas de su declaratoria.  Lo contrario acarrearía como consecuencia convertir a las medidas cautelares en un mecanismo para burlar los mandatos legales y por otro lado en una forma de lograr por ese medio lo reclamado y negado en la sentencia. Con fundamento en las anteriores consideraciones, procede rechazar el recurso, sin que haya motivo para estimar -a los fines de lo que dispone el último párrafo del artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- que el recurrente incurrió en temeridad (…)”.


Voto: 05582-1999
Expediente: 99-004458-007-CO-A

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas cincuenta y un minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de Amparo establecido por Manrique Rojas Araya, de cédula de identidad número 1-893-107 contra la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional, y el Consejo Nacional de Rectores.

“(...)Según se desprende del informe rendido bajo la fe del juramento por el Director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, resulta evidente que en la tramitación de la gestión presentada por el amparado para que se le reconociera el título universitario de Bachiller en Biología expedido por el Connecticut College de los Estados Unidos de Norteamérica, han existido demoras injustificadas que violentaron el derecho fundamental del interesado a obtener una resolución administrativa en un plazo razonable, por lo que en cuanto a este extremo el recurso debe ser declarado con lugar (…)Asimismo tales demoras injustificadas provocaron a su vez el que el amparado no pudiera ser juramentado oportunamente, con lo que a su vez se le impidió incorporarse al colegio profesional respectivo, derivando la situación en una afectación del derecho del amparado a desarrollar la actividad laboral de su elección. Por otra parte, la demora antes apuntada ha causado también un perjuicio adicional al recurrente, cual es el impedir que se culminen los trámites de reconocimiento del título de Maestría en Ciencias Ambientales obtenido por el mismo en la Universidad de Yale, trámites seguidos ante la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional (…)Resulta pues evidente que la demora injustificada en los trámites seguidos por el recurrido ante la Universidad de Costa Rica, tendientes al reconocimiento del título de bachiller universitario en Biología, ha incidido no sólo en su derecho a obtener una respuesta oportuna y en su derecho al trabajo, sino que también ha afectado los trámites que en forma independiente se siguen ante la Universidad Nacional para el reconocimiento de un título universitario de maestría. Es así que, por otra parte, los atrasos ocurridos en la tramitación de las gestiones del amparado, no son achacables en forma alguna a las autoridades de la Universidad Nacional.
Pero mas allá de la demora observada en la tramitación de la gestión del recurrente, observa la Sala una grave violación al debido proceso (…)Resulta claro para esta Sala que un acto declaratorio de derechos, en virtud de cual se convalidó el título del recurrente al de Bachiller en Biología, fue dejado sin efecto sin mediar el procedimiento respectivo, y modificándose lo resuelto originalmente, de modo que en definitiva se convalidó el título a la mención genérica de Bachiller. Se trata de una evidente lesión al principio del debido proceso, y específicamente al de indisponibilidad de los propios actos, tal y como en reiterada jurisprudencia ha señalado esta Sala, razón de más para declarar con lugar el recurso (…)”.


Voto: 05702-1999
Expediente: 99-004780-007-CO-A

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Olman Rojas Víquez, cédula número 4-128-618, contra el Director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Del informe rendido bajo fe de juramento, se tiene por demostrado que Olman Rojas Víquez presentó el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, al Director del Consejo Universitario, una carta en la que le solicitaba una copia del informe de la Administración con respecto del operativo de unos oficiales del Organismo de Investigación Judicial, de acuerdo con lo acordado por el Consejo Universitario en la Sesión N° 4443 del dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve (folio 11, línea 1 y folio 1, líneas 10 a la 15). Esta información, para el momento de rendir el informe solicitado en este recurso, aún no había sido resuelta, sin embargo, con base en el artículo 68 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad de Costa Rica, que establece un plazo de un mes para contestar las peticiones realizadas por el Sindicato de Empleados de esa Universidad, para la fecha de interposición de este recurso aún este plazo no se encontraba vencido.  En consecuencia, lo que procede es rechazar el recurso, sin que haya motivo para estimar -a los fines de lo que dispone el último párrafo del artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- que el recurrente incurrió en temeridad (…)”.


Voto: 05742-1999
Expediente: 99-004592-007-CO-V

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con tres minutos del veintitrés de julio de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por César Augusto Balderomar Ortega, portador de la cédula de identidad número 6-106-1208, a favor de él mismo; contra el Presidente de la Junta de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica.

“(...)El recurrente alega que se le ha violado su derechos a acceder a una justicia pronta y cumplida, al debido proceso, a la defensa, al trabajo y a la estabilidad laboral, así como al principio de legalidad, todo ello por la demora que el petente acusa por parte de la Junta de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica, que en su opinión configura una violación al orden constitucional que conlleva la nulidad de todo lo actuado por parte de dicho órgano colegiado. De hecho, toda la discusión se resume a dicho punto: si el tiempo empleado por la Junta ha lesionado los derechos fundamentales del amparado. Sobre este punto, entiende la Sala que en el fondo se está ante un conflicto referente a la aplicación de un dispositivo convencional a una situación concreta, lo cual constituye un conflicto de mera legalidad, no susceptible de análisis en Sede constitucional a menos que de la posible infracción de las normas infraconstitucionales se derive la lesión de derechos fundamentales. En la especie, el que la Junta de Relaciones Laborales haya empleado más de treinta días para tramitar el procedimiento disciplinario contra el amparado no puede considerarse que haya violado las prerrogativas constitucionales de éste; muy por el contrario, la demora experimentada en la labor de la Junta (apegada o no a la Convención Colectiva), que concluyó recomendando el cese del amparado, significó para el mismo una suerte de período de gracia, retrasando la entrada en vigencia de un acto que le perjudica sustancialmente en su derecho al trabajo. Por ende, considera este tribunal que el retraso acusado no ha violado en perjuicio del recurrente los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral, debido proceso, y justicia pronta y cumplida. Sobre este último aspecto, es importante constatar que en todo caso serían las propias autoridades universitarias las que se verían mayormente perjudicadas por la prolongación del procedimiento, pues fueron ellas precisamente las que gestionaron la sanción del amparado de conformidad con el artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo(...)No habiendo esta Sala constatado la existencia de violaciones a los derechos fundamentales del amparado, debe entenderse que en la especie se está ante un conflicto de mera legalidad, para cuya resolución esta Sala no resulta competente, de conformidad con lo que establecen los artículos 1 y 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En virtud de lo anterior, el presente recurso de amparo deberá ser declarado sin lugar, como en efecto se hace. Lo anterior sin perjuicios de que el amparado pueda acudir a la vía administrativa o jurisdiccional correspondiente a fin de reclamar la violación que considera ha sucedido por parte de las autoridades recurridas de la Universidad de Costa Rica(...)Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 06199-1999
Expediente: 99-004829-007-CO-E

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas veinticuatro minutos del diez de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Olman Rojas Víquez, cédula de identidad número 4-128-618, Minor Solís Guevara, cédula de identidad número 1-754-879, Randall Arturo Torres Fernández, cédula de identidad número 1-637-729, Hector Aguilar Rojas, cédula de identidad número 1-694-950, y Miriam Sánchez Rodríguez, cédula de identidad número 1-533-496, contra el Rector de la Universidad de Costa Rica.

“(... )En el caso que se examina, los recurrentes reclaman, la violación al derecho de petición y pronta respuesta, consagrado en el artículo 27 constitucional, y el acceso a una justicia pronta y cumplida, que contempla el artículo 41 constitucional, en razón de que la autoridad accionada no ha dado respuesta al reclamo administrativo que plantearan, desde el siete de abril del año en curso (…)No obstante, lo cierto que a la fecha de presentación de este amparo, la accionada no ha resuelto el reclamo administrativo de siete de abril de este año, de manera que en punto al derecho de petición y pronta resolución, así como al de acceso a la justicia pronta y cumplida es copiosa la jurisprudencia de esta Sala, de conformidad con la cual se ha determinado que el artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho de petición y pronta resolución, el cual consiste en una facultad que tienen los administrados para realizar peticiones ante las autoridades públicas. No obstante, esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, pero esto último no implica que la respuesta deba ser favorable a las pretensiones del administrado, sino, que se le debe responder lo antes posible y de igual forma, debe ponerse la respuesta a la disposición efectiva del solicitante, es decir debe notificársele debidamente. En este sentido, la Sala ha agregado también, que la petición debe hacerse por escrito, y, por lo tanto, ante una petición formal, corresponde una respuesta formal, de donde no es dable estimar para este caso en particular, que la resolución de un reclamo administrativo anterior y similar, sirva como respuesta al reclamo que actualmente se tiene como base para la presentación de este recurso, reclamo que a la fecha no ha sido resuelto. Es decir, no puede considerar la autoridad recurrida que el simple hecho de resolver un reclamo administrativo por primera vez, le da derecho a considerarlo como respuesta para otro u otros que aunque considere similares sean presentados con posterioridad, y en este caso concreto casi un año después, porque con ello se estarían violentando los derechos fundamentales de los recurrentes consagrados en los artículos 27 y 41 constitucionales. La obligatoriedad de brindar esta respuesta no implica que la misma deba ser favorable a las pretensiones de los administrados, sino que se debe responder dentro de los plazos establecidos por ley, situación que no se ha cumplida en este caso. En razón de lo anterior el amparo resulta procedente y así debe declararse (…)”.


Voto: 06489-1999
Expediente: 99-005221-007-CO-S

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con treinta y tres minutos del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de Amparo interpuesto por Eduardo Baldares Carazo, mayor, casado por segunda vez, Licenciado en Filología, vecino de Cartago y portador de la cédula de identidad Nº 3-177-353; contra la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica.

“(...) En el amparo que nos ocupa, se reclama por la violación al derecho al salario y por la discriminación que indica haber sufrido el recurrente, respecto de la suspensión que se hiciera del incentivo que por mérito académico recibió en el año de 1988 y 1989. Llama la atención de la Sala que el reclamo del señor Baldares lo realice luego de haber transcurrido casi diez años desde que ya no le fue más reconocido el incentivo aludido, ya que según lo manifestó en su líbelo, realizó diversas gestiones -que no prueba- tendientes a que se restableciera el derecho que considera adquirido en su caso. El tema del otorgamiento y prorroga del incentivo aquí aludido es una asunto que la Sala ha resuelto en muchas oportunidades, siendo que en términos generales se han dado dos situaciones, que son las más comunes por las que se recurre ante la Sala.  La primera, relacionada con la negativa de la  Universidad de prorrogar el reconocimiento alegando falta de contenido presupuestario” (ver en igual sentido sentencia N°4345-95 de las 13:21 horas del 4 de agosto de 1995).
Por otra parte, se plantea el caso en los que se reclama la no prorroga del incentivo, pero en los cuales la universidad indica que las circunstancias originales por las que se reconoció el incentivo variaron(ver en igual sentido sentencia N° 1666-97 de las 17:21 del 18 de marzo de 1997).
Esta última situación es la aplicable al caso que nos ocupa (…)Por otra parte, se reclama por la discriminación sufrida al indicar el recurrente que a otros compañeros, en igualdad de condiciones a la suya, sí se les ha reconocido el incentivo, situación que niega la parte recurrida, y además, no se hace referencia específica de un caso que pueda servir de parámetro para determinar la desigualdad alegada (…)”.


Voto: 06650-1999
Expediente: 99-004792-007-CO-V

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las   doce horas con veintitres minutos del veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por María Méndez McLean cédula de identidad 1-524-463 contra la Escuela de Administración Educativa  de la Universidad de Costa Rica. ocho(copia de la respuesta a folio 6).

“(…) El derecho de petición y de obtener pronta respuesta, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, faculta a todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario público en espera de una acción clara ante su solicitud. Si la solución no puede darse, la Administración está obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, las razones por las cuales no puede cumplir lo pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada con el objeto de que el peticionario sea informado del procedimiento administrativo que deba seguirse para dictar el acto pedido. En observancia de este derecho, la autoridad está obligada no sólo a resolver dentro del plazo de ley sino a comunicar debidamente al administrado sobre lo resuelto. Sin embargo, como lo ha señalado repetidamente la Sala, no es el artículo 27 constitucional el aplicable sino el 41 cuando se trata de reclamos o recursos: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. Lo anterior por cuanto los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes.
(…) En casos similares a este la Sala ha señalado que presentada efectivamente una petición o una gestión para iniciar un procedimiento ante un órgano administrativo, como la solicitud de una licencia, debe señalarse un lugar para recibir las notificaciones o respuestas. Si ello no consta la Administración debe, en todo caso, preparar su respuesta y archivarla para el interesado (sentencia 1503-94 de las 19:27 horas del 21 de marzo de 1994). En virtud de lo anterior no procede una sentencia estimatoria, toda vez que la gestión fue resuelta el día tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y fue notificada el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve por razones imputables al recurrente y no a la Dirección de la Escuela de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica. En consecuencia el recurso debe ser declarado sin lugar (…)”.


Voto: 07011-1999
Expediente: 99-005063-007-CO-E

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticuatro minutos del diez de setiembre de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Olman Rojas Víquez, portador de cédula 4-128-618, a su favor; contra el Jefe de la Sección de Seguridad y Tránsito y el Jefe de la Oficina de Servicios Generales de la Universidad de Costa Rica.

“(...)En el caso en examen, la inconformidad del recurrente radica en la supuesta alteración de su contrato de trabajo al cambiar su horario de trabajo, de una jornada fija de las catorce a las veintiún horas a jornadas rotativas de ocho horas diarias. Asimismo, acusa que dicho tratamiento le fue dado sólo a su persona y no al resto de sus compañeros del grupo especial de seguridad, por lo que considera que fue objeto de una desigualdad. Consideró violentados los artículos 11, 27, 33, 39 41, 192 y 194 constitucionales. Sobre el particular, la autoridad recurrida alegó que los guardas de la institución, debido a la labor que desempeñan, tienen un horario que se distribuye en tres turnos aplicables alternativamente, los cuales abarcan las veinticuatro horas del día. Informó que por razones de seguridad pública, a un cierto grupo de funcionarios se les cambió ese patrón de trabajo, a fin de reforzar la seguridad a ciertas horas en las que se presume suceden la mayoría de los actos delictivos, lo anterior previa consulta a los afectados y aplicando nombramientos interinos prorrogables, que a su vez implicaban una disminución en el porcentaje de recargo salarial; no obstante, dicha medida se dio para un grupo determinado y por un tiempo específico. Así, si ahora se le ha comunicado al recurrente que debe volver a las jornadas rotativas, no se le está violentando ningún derecho fundamental, ni se le está afectando derecho adquirido alguno, ya que dicha práctica no lo constituye. Aclaró que dicha medida fue general, y no en específico para el recurrente.
En un primer momento, esta Sala debe aclarar a la Administración que ella se encuentra facultada para modificar las condiciones del contrato de trabajo de sus funcionarios, siempre y cuando estos cambios no sean ni intempestivos ni abusivos, es decir, siempre que hayan sido previamente intimados y que no causen un perjuicio irreparable al trabajador, ello en aplicación al ius variandi que posee todo patrono y que nunca debe ser abusivo. Sobre la materia del “ius variandi”, este Tribunal Constitucional tiene infinidad de precedentes, entre ellos la sentencia número 5770-98 de las doce horas con treinta minutos del siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, recaída en el expediente número 98-4252-007-CO-V, la cual, en cuanto al punto en comentario, señaló:
“Sobre el ius variandi : Es claro para este Tribunal que los conflictos acerca de los alcances de un contrato de cualquier naturaleza, incluyendo los laborales, no son de conocimiento de esta jurisdicción, creada para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los habitantes del país, cuando sean directamente vulnerados con acciones u omisiones o simples actuaciones materiales no fundadas en un acto administrativo eficaz de los servidores u órganos públicos. Por supuesto que si en la cúspide del orden normativo se encuentran las normas de la Constitución Política, ciertamente cualquier vulneración de orden legal violenta de manera indirecta la Constitución Política, pero para remediar estos conflictos el legislador constitucional creó las jurisdicciones comunes, sea la contencioso-administrativa, la laboral, la comercial, la civil etc., en sus artículos 49 y 153, al igual que creó la jurisdicción constitucional en el 10 y el 48, pero -como se indicó supra- en este último caso, para garantizar la tutela de aquellos derechos de rango constitucional, violentados en forma directa por órganos o servidores de derecho público y excepcionalmente por sujetos de derecho privado, en las hipótesis que señala el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En este orden de ideas, se ha aceptado en forma reiterada la facultad del patrono para variar las condiciones del contrato de trabajo, pero señalando que la misma tiene sus límites en la razonabilidad de los cambios ordenados y siempre que no se perjudique al servidor, doctrina conocida en materia laboral como el ius variandi ; sin embargo, las discusiones sobre la procedencia o no de las modificaciones, son asuntos de mera legalidad que deben ser discutidas en la vía ordinaria correspondiente. (Ver sentencia número 3281-92 de catorce horas cinco minutos del treinta octubre de mil novecientos noventa y dos). No obstante, también ha señalado esta Sala que el único interés que pueden tener para esta jurisdicción aquellos casos donde se reclaman variaciones en los contratos de trabajo -imputables a órganos o servidores públicos-, existe cuando se de lo que doctrinariamente se conoce como “ius variandi abusivo”, es decir, variaciones en las condiciones laborales abierta y claramente arbitrarias, por lo se hace necesario determinar si la decisión implica una modificación sustancial de las circunstancias de tiempo y lugar en que se desempeña el interesado, una degradación en sus funciones o bien, un rebajo sustancial del salario devengado, pues en esos casos se lesionaría en perjuicio del servidor el derecho a la estabilidad laboral. En este sentido, es representantivo el siguiente precedente  que en lo conducente se transcribe:
“La Administración posee facultades de ius variandi a fin de dar una mejor organización a las dependencias administrativas, en beneficio del servicio y el interés público. Dentro de tales potestades se encuentra la de trasladar a un funcionario de un puesto a otro de la misma categoría, si así lo justifica el servicio público. Ahora bien, dichos traslados deben efectuarse de manera que no causen perjuicio grave al funcionario, por lo que en determinados casos se hace indispensable el otorgamiento de una audiencia, a fin de que el funcionario manifieste su disconformidad, todo en cumplimiento del debido proceso. Sin embargo, no se trata de la simple desavenencia del servidor ni de los inconvenientes que desde el punto de vista subjetivo el traslado puede causarle, sino de perjuicios objetivos. Por lo tanto, cuando es obvio que la medida en cuestión no causa perjuicio al servidor, pues se le traslada dentro de una misma área geográfica a desempeñar las mismas funciones, con igual salario y categoría, no está la Administración, como en este caso, obligada a conferir audiencia al servidor, pues en modo alguno se le causará perjuicio ni se irrespetarán sus derechos legales y constitucionales. De modo que si el funcionario no estuviera conforme con lo acordado, deberá hacer uso de los recursos que le otorga la ley para impugnar la medida.” (Sentencia número 7419-97 de las diez horas quince minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, expediente número 6760-M-97).
En un caso en donde la Sala se refirió a las jornadas de trabajo de los miembros de la Fuerza Pública, a pesar de que ellos pertenecen a otro régimen, el fondo es aplicable, y allí la Sala determinó, en la sentencia número 4428-98 de las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho, recaída en el expediente número 98-004199-007-CO-M:
“ÚNICO.-  Respecto al horario de los miembros de la Fuerza Pública, ya esta Sala ha establecido que el mismo responde al régimen de excepción que establece el artículo 58 de la Constitución Política, que en lo que interesa, establece:
“La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana...Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley”.
Por su parte, de las disposiciones legales aplicables -artículos 8 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, en lo tocante a los servidores de la Policía que no hubiesen ingresado todavía al Estatuto Policial, e inciso c) del artículo 69, inciso c) del artículo 60 de la Ley General de Policía y 143 del Código de Trabajo- se concluye, que los servidores policiales califican dentro del régimen de excepción que contempla el artículo 58 transcrito, dadas las funciones que deben cumplir.  También ha señalado esta Sala, que las obligaciones inherentes al cargo que como policías deban desempeñar los otros miembros de la fuerza pública, como lo es la disponibilidad, con arreglo a los distintos roles de servicio que previamente establece el superior en cada Comandancia, habida cuenta de las posibles emergencias que se puedan presentar, no lesiona derecho fundamental alguno de aquellos ni mucho menos constituye una restricción o privación de libertad personal.  Así las cosas, excede la competencia de esta Sala entrar a determinar la oportunidad y conveniencia de los horarios de trabajo para los miembros de la Fuerza Pública que establecen sus superiores (...)”
Así las cosas, es el criterio de la Sala, que la Universidad de Costa Rica puede modificar la jornada laboral o el horario de dicha jornada, ya sea: por razones de necesidad, para la satisfacción del fin público o por aplicación de una sanción disciplinaria, el problema es que pareciera ser que en el presente caso, se ha confundido y “mezclado” las consecuencias de ambas posibilidades. Lo anterior por cuanto efectivamente la modificación de la jornada diurna fija a la rotación entre las tres establecidas, no constituye una violación para el recurrente, en el tanto y en el cuanto, dicha medida hubiese sido general, por razones de necesidad de la administración, y aplicada a todos los miembros del “grupo especial”. No obstante, de los autos se desprende que existió un malestar de los recurridos sobre la regularidad con que el recurrente cumplía con sus horas de trabajo, motivo que se estima fue lo que en el fondo provocó que el recurrente fuera el único en aplicársele el nuevo rol de jornadas, a diferencia de sus compañeros. Los recurridos explicaron que el tratamiento especial lo fue, debido a Carlos Marín Mora se encontraba en una situación distinta a la del accionante. No obstante, no llevan razón los recurridos, por cuanto sin la debida apertura de un procedimiento administrativo, cuya fase final concluya con una resolución que fundamente y acredite la falta, no puede argumentarse que el recurrente efectivamente haya efectivamente incurrido en ella y por tanto se haga acreedor a  una sanción disciplinaria, lo que sí lo colocaría en una situación distinta. Durante la tramitación de dicho procedimiento administrativo, el recurrente podrá, con la claridad de la intimación de los cargos, defenderse y presentar las pruebas de descargo que considere pertinentes, lo que no sucedió en este caso, por cuanto la nota presentada por el petente el veintinueve de junio de los corrientes, se refirió sólo a la inconformidad con el cambio, sin tener claro, porqué ese cambio sólo se aplicaba a su persona. Sólo entonces, estará facultada la Administración para aplicar al accionante la sanción disciplinaria correspondiente que podría consistir -si la normativa respectiva así lo estipula- en un cambio de jornada laboral como se pretendió. De esta manera se tiene por demostrada la violación a derecho fundamental del recurrente a la igualdad, dado el tratamiento desigual que se le otorgó al recurrente y al debido proceso, por cuanto éste no se siguió. En cuanto al Principio de Legalidad, derecho de petición, justicia pronta y cumplida y estabilidad, se desestima el recurso, en vista de que la autoridad actuó dentro de sus competencias legales, le contestó al recurrente todas sus gestiones en tiempo y no se afectó la estabilidad del trabajo del afectado, sino ciertas condiciones del mismo las cuales el patrono puede modificar, dadas las dos circunstancias ya referidas.
(...)Se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto al derecho a la igualdad y al debido proceso. Se anulan los oficios de la Sección de Seguridad y Tránsito de la Universidad de Costa Rica, números SST-516-99 y SST-532-99, del veintiocho y treinta de junio de 1999, respectivamente. Deben las autoridades recurridas abrir un procedimiento administrativo contra el recurrente, a fin de demostrar la irregularidad en el trabajo del recurrente y emitir la respectiva sanción disciplinaria. Se condena a la Universidad de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidar*n en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En todos los demás extremos, el recurso se declara sin lugar(...)”.


Voto: 07037-1999
Expediente: 99-005914-007- CO- A

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y dos minutos del diez de setiembre de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de amparo interpuesto por Xinia Fernández Arias, cédula númro 1-594-89, contra el Vicerrector de Administración y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, ambos de la Universidad de Costa Rica.
“... La recurrente Xinia Fernández Arias, interpone este recurso... para que se determine si con motivo del rompimiento de su relación laboral ha existido un atraso en el pago de sus prestaciones que resulte violatorio de sus derechos fundamentales. Del informe rendido bajo fe de juramento y de lo indicado en el memorial de interposición de este recurso, se tiene por demostrado que a partir del diecisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve se cesó con responsabilidad laboral a la recurrente (…)Para el momento de rendir informes solicitados en este recurso, aún no se había depositado la suma adeudada a la promovente por prestaciones laborales, y el Director de la Oficina de Recursos Humanos estima que la recurrente podría finalmente retirar la suma adeudada el diez de setiembre de mil novecientos noventa y nueve (…) la Universidad tomó la resolución de despedir a la recurrente con más de un mes de antelación a la fecha de hacerse efectivo el despido. Esta circunstancia, unida a la relativa incertidumbre acerca de la fecha efectiva de pago de lo que se adeuda a la accionante, muestra una notable negligencia administrativa para cancelar adeudos originados en una relación laboral que, por su propia naturaleza, exige de una actitud contraria, de modo que no se origine un innecesario retardo que, si en nada afecta a la administración universitaria, sí en cambio somete a la promovente a una situación indigna. A esto se suma el hecho de que nada permite deducir que la actuación que se requiere de esa administración sea especialmente compleja. Tampoco puede argumentarse como excusa a la violación de los derechos fundamentales de las personas la simple mención del nivel de trabajo que tiene una determinada dependencia. En consecuencia, procede acoger el recurso (…)”.


Voto: 07557-1999
Expediente: 99-006206-007-CO-A

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veintisiete minutos del primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Recurso de Amparo interpuesto por Zeledón Aguilar Carlos, mayor, soltero, escultor, vecino de Montes de Oca, cédula 1-623-683, contra la Directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica (U.C.R.).

“(...)El recurrente considera violentados sus derechos fundamentales por cuanto la Directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica aún no ha resuelto la solicitud planteada el diez de febrero del año en curso, lo cual perjudica su situación académica (…) Sin embargo, en reiteradas ocasiones esta Sala ha indicada que no es atendible que se brinde una respuesta verbal, cuando la petición fue formulada por escrito. En tales condiciones, debió haberse respondido de la misma forma por parte de la recurrida. La pretendida satisfacción de la gestión del recurrente no es aceptable, toda vez que el funcionario público y la Administración en general debe conducirse lealmente con el administrado o particular, ya que estando en juego derechos fundamentales como el de petición y pronta resolución, así como el de justicia pronta y cumplida, no pueden verse reducidos a una actuación desprovista de toda formalidad.  Admitir que una simple conversación o comunicación verbal equivale a una respuesta formal, implicaría vaciar de contenido las disposiciones constitucionales que tutelan la materia.  Por estas razones, no puede tenerse como válida la justificación que da la accionada con la que intenta hacer ver que no existió lesión alguna al derecho de petición del gestionante, por cuanto a la fecha de interposición del recurso de amparo, sea el treinta y uno de agosto del año en curso, habían transcurrido más de seis meses y aún no se le había comunicado por escrito la resolución de su solicitud.
(…) Por otra parte, se aclara al recurrente que lo alegado respecto a su derecho a obtener el título de bachiller en Artes Plásticas con especialidad en Escultura y la discusión sobre los requisitos que reúne para ello, no corresponde ser analizado en esta vía excepcional, en la que se ejerce un control y protección de los derechos constitucionales, no siendo posible analizar hechos que deben ser conocidos por las propias autoridades universitarias (…)”.