Voto: 00090-1994
Expediente: 3674-A-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta y siete minutos del siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Raymundo Perez Castillo, contra el Consejo Universitario de la U.C.R., Vicedecano de la Facultad de Derecho y el Decano de esa Facultad.

“(...)De las constancias visibles a folios 6 y 7 del expediente se desprende que el recurrente no cumplió con lo ordenado en la resolución de las 8:10 horas del 8 de setiembre de 1993, en la que se le previno exponer en forma clara y precisa los hechos u omisiones que motivan el recurso, el derecho que se considera violado o amenazado y las pruebas de cargo, por lo que al tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede el rechazo de plano del recurso(...)”.


Voto: 00102-I-1994
Expediente: 0112-V-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo Nº 0112-V-94, establecido por Alfredo Fernando Tassara Orpina, contra la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y contra el Centro Nacional de Docencia e Investigación en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS).

“(...)Estima la Sala que no son de recibo los alegatos del recurrente en el sentido de que se le haya violentado el debido proceso, toda vez que no se trata de un procedimiento sancionatorio o disciplinario, sino que ha sido separado del sistema de estudios de postgrado por haber perdido los exámenes que indica en su libelo, siendo la separación la consecuencia necesaria de esa situación(...)Dese curso al presente amparo únicamente en lo que respecta a la alegada violación al artículo 56 y 57 de la Constitución Política, relativo a la protección del salario, y se rechaza de plano en todo lo demás (…)”.


Voto: 00147-I-1994
Expediente: 3965-A-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las catorce horas treinta y dos minutos del cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Vista la solicitud de adición y aclaración que presenta el recurrente a folio 613, se resuelve,

“(...)Lo anterior sin embargo, no modifica en sentido alguno la sentencia en cuestión, sino que, refuerza el criterio de la Sala en cuanto a que “la Administración cumplió con su obligación de no obstaculizar la efectividad de los recursos que la ley le otorga a los administrados cuando consideran que la misma está cometiendo arbitrariedad o abuso de sus derechos, sin perjuicio de emitir criterios contrarios al parecer del petente(...) No ha lugar a la adición y aclaración solicitadas (…)”.


Voto: 00149-1994
Expediente: 4299-S-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con dieciocho minutos del once de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Selenia González Ramírez, estudiante, cédula de identidad número 1-837-968, contra la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica.

“(...)El artículo 218 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica dispone que las sanciones que en ejercicio de la jurisdicción disciplinaria disponga la Universidad para su personal y para los estudiantes estarán regidas por los reglamentos respectivos, en este caso el Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica del 22 de agosto de 1977.  Este Reglamento en su artículo 4 inciso c) califica, como falta muy grave, la alteración de las pruebas o exámenes y en el numeral 9 inciso a) se señala, como sanción a imponer, la suspensión no menor de un año calendario y hasta por seis años calendario.  Asimismo, ese conjunto de normas establece el procedimiento a seguir, de donde interesa señalar que consta de dos instancias, conformada la primera por la Comisión ad-hoc más el Director de Escuela y la segunda, por la Asamblea de Escuela, en las cuales el artículo 14 en su última frase prescribe, que en todo caso, siempre debe oírse al presunto infractor.-
Esta Sala considera que mediante la normativa citada en el considerando anterior se tutela de manera satisfactoria el principio del debido proceso y el derecho de audiencia(...) Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 00200-1994
Expediente: 0068-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con treinta y seis minutos del doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Ana Lorena Vargas Cubero, vecina de San Antonio de Desamparados, cédula de identidad número 1-743-329 y Cibar Leonel Hernández Picado, vecino de Curridabat, cédula número 1-757-610, ambos: mayores, estudiantes universitarios y solteros, contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)El principio de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución no tiene un carácter absoluto pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier persona, sin distinción de circunstancias, sino más bien a exigir que la ley no haga diferencias entre dos o más individuos en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, y no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. De tal modo que, el hecho de que a otros educandos, en una situación de “transición de programas” similar a la de los recurrentes, se les hubiesen equiparado materias para los efectos pretendidos, no implica que los Departamentos universitarios deban observar el mismo comportamiento con éstos, pues no existe disposición legal alguna que obligue a esa administración a hacerlo y ello, tampoco no quiere decir que las circunstancias o condiciones de cada uno de esas personas sean las mismas, como tampoco lo es, que aquel mismo hecho, tenga la virtud de constituir un derecho subjetivo a favor de aquellos para que se acceda a su petición.  De lo expuesto, se llega a la conclusión de que el proceder reclamado no lleva aparejada un discriminación en perjuicio de los amparados y el recurso, también, en cuanto a ello resulta improcedente.
Esta Sala se ha pronunciado sobre la libertad de cátedra, señalando al efecto:
“...la determinación, por parte de la Dirección de la Escuela demandada -dentro del límite de sus atribuciones y en la forma prevista en los reglamentos que la regulan- de la carga académica correspondiente a la recurrente para el primer ciclo lectivo del año en curso, no implica -como se afirma- un impedimento para su ejercicio profesional -como educadora-, ni tampoco tiene la virtud de constituir limitación alguna a la libertad de cátedra, que consagra a su favor el artículo 87 Constitucional, ya que con ello no se obliga a patrocinar ideas o conocimientos no compartidos por ella -contrarios a la moral y el orden público- sino a que colabore -como es su obligación- en aquellos cursos que, para las propias necesidades de la unidad académica, son relevantes”. (Sentencia número 418-91 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno. Además ver Sentencia número 469-91 de las quince horas con treinta minutos del veintisiete de febrero del mismo año, entre otras).
En virtud de lo expuesto en la Sentencia transcrita y como para esta Sala, no hay razón para cambiar de criterio, el hecho de que a los recurrentes no se les haya acordado la equiparción que pretenden, por parte de las autoridades universitarias, dentro del límite de las atribuciones de éstas y en la forma prevista en los reglamentos que la regulan -según se desprende de la documentación acompañada al libelo-, no tiene la virtud de producir una violación a dicha libertad, toda vez que, según se expuso, tales extremo no se encuentran comprendidos por el artículo 87 Constitucional, motivo por el cual el recurso, en cuanto ella, resulta improcedente(...)”


Voto: 00322-1994
Expediente: 3795-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las quince horas treinta minutos del catorce de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo de María Soledad Calderón Alvarado,mayor, casada,  Médico Especialista en Psiquiatría contra el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Intervienen además, la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Médicos y Cirujanos.

“(...)La Caja Costarricense del Seguro Social argumenta que la accionante no ostenta el grado académico de doctora sino el de licenciada, motivo por el cual, los incentivos correspondientes a la carrera profesional le deben ser reconocidos conforme a su grado académico. Por otra parte,  la Universidad de Costa Rica  informó que la accionante culminó sus estudios de medicina en diciembre de l979 y su graduación se verificó el 14 de febrero de l980. Que el Consejo Univesitario en sesión del 7 de mayo de l979 dispuso cambiar la nomenclatura en los títulos, no así el curriculum de la carrera de Medicina. De esta manera en adelante el título profesional de Doctor en el área de la salud es correspondiente al grado académico de licenciatura para los efectos del Estatuto Orgánico y sus Reglamentos. Con la finalidad de no afectar los derechos adquiridos de los estudiantes que estaban a punto de finalizar su carrera y cuya espectativa era obtener el título de Doctor en Medicina, estas nuevas disposiciones comenzaron a implantarse a partir de l980 de tal suerte que, para la graduación de l981, se otorgaron por vez primera dos títulos, uno netamente profesional de “Doctorado Profesional” y otro académico de “Licenciatura en Medicina”.
La accionante según informó la Universidad de Costa Rica, se egresó de la carrera de Medicina en el año l979 y se graduó en l980 motivo por el cual, el cambio de nomenclatura no puede haberle afectado, toda vez que como se indicó en el considerando anterior, la Universidad en resguardo de los derechos adquiridos y las espectativas legítimas de aquellos que estaban a punto de graduarse, dispuso que tuviera efectos hacia el futuro y nunca retroactivamente.  En consecuencia, la accionante para todos los efectos legales, lo que incluye desde luego el incentivo de la carrera profesional, debe incluirse en el grupo de personas  favorecidas con lo indicado por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-208-90 del 14 de diciembre de l990.  Se estableció en ese dictamen  que los grados y títulos expedidos por Universidades Nacionales antes del “convenio para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior” suscrito el 31 de octubre de l977, tendrían para los efectos del decreto número 18960-H, artículo 10, el valor que les hubiere dado el Colegio Profesional correspondiente ya que antes de ese acuerdo no había normativa aplicable. Por ello, se dispuso que  a falta de norma jurídica expresa, el título sería reconocido tal y como aceptado por el Colegio Profesional correpondiente, en su oportunidad. No obstante lo anterior, para la Sala, resulta evidente que el “convenio para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior” del 31 de octubre de l977, no comenzó a regir en forma inmediata de tal suerte que, cada centro universitario debió realizar los ajustes internos correspondientes para dar efectiva aplicación al mismo. En el caso de la Universidad de Costa Rica el cambio de nomenclatura comenzó a implantarse a partir de l980, para la graduación de l981. Es en este último año en que por vez primera, se otorgan dos títulos uno  netamente profesional de “Doctorado Profesional” y otro académico de “Licenciatura en Medicina”. La accionante fue incluída por la Universidad en la nómina del 3 de diciembre de l979, año en que culminó sus estudios en medicina y su graduación se verificó el 14 de febrero de l980 motivo por el cual, no pueden serle aplicadas, en perjuicio de sus derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, aquellas disposiciones. Por lo anterior, se declara con lugar el recurso y en consecuencia se ordena a la Caja Costarricense de Seguro Social reconocer a la accionante, tal y como lo hace la Universidad de Costa Rica, el grado de Doctora en Medicina(...)Se declara con lugar el recurso y en consecuentemente, se restituye a la recurrente en el pleno disfrute de sus derechos fundamentales. Se condena a la Caja Costarricense al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán em  ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo(...)”.


Voto: 00334-1994
Expediente: 4261-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas seis minutos del catorce de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo de Carlos Villegas Alvarez, estudiante, vecino de Montes de Oca, cédula 5-239-972 contra la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.

“(...)De la documentación que se adjunta y los informes rendidos bajo juramento, se infiere que no se ha cometido la violación al derecho de defensa que acusa el recurrente. En efecto, en el expediente se agrega a folios 44 y siguientes, un informe de la Directora de la Escuela de Medicina para el Vicerrector de Vida Estudiantil, en el que se detalla todo el proceso seguido en el caso concreto. Cada uno de los actos que se describen corresponde a actuaciones materiales documentadas y se incluye el informe de Heiby Bogantes, Jefe Técnicos Servicio Rayos del Hospital México, Jorge Méndez y Erick Molina, Técnicos Instructores, de fecha 25 de mayo de 1993, en que indican que el recurrente había aceptado los cargos ante ellos y había explicado los hechos. En consecuencia, la Sala no tiene por acreditada la violación del derecho de defensa y como las alegaciones sobre la extensión de la sanción o el examen de la prueba pertinente, así como la posible alegación de la caducidad del plazo para informar, son asuntos de mera legalidad que deben ser debatidos en la vía correspondiente, procede declarar sin lugar el recurso(...) Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 00360-1994
Expediente: 4343-M-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con veintisiete minutos del diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Dennis Pineda Soto, mayor, soltero, vecino de San José, estudiante, cédula de identidad número 1-766-259, en su calidad de representante de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica, contra el Consejo Superior de Educación Privada (CONESUP).

“(...)En el amparo, no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o a preservar los derechos fundamentales, violados o amenzados, en forma personal a su titular. Si la inconformidad, en este caso, se sustenta en la discrepancia con el criterio de oportunidad y conveniencia que hubiese tenido el “CONESUP” para autorizar y regular el funcionamiento de univerisdades privadas, en contra del que sobre ello pueda tener -aún como estudiante de nivel superior y eventual abogado- el recurrente, esa disconformidad no es amparable, toda vez que no viola, directamente, los derechos fundamentales de sus representados o los propios, por lo que el recurso resulta improcedente y así debe declararse.
Contrario a lo que afirma el recurrente, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza a que tienen derecho los ciudadanos, resulta enriquecido con la existencia u operación del mayor número de universidades posibles, ya que, al haber más funcionando, existe un mayor número de escogencias posibles para el ciudadano, así como un mayor número de posibilidades para que éste pueda obtener una educación susperior. A nadie se le obliga a acudir a los centros privados de enseñanza y sí resultaría atentatorio de tales principios, el hecho de limitar la gama de posibilidades existentes a la educación pública, únicamente(...)Se rechaza de plano el recurso (…)”.


Voto: 00446-1994
Expediente: 3026-S-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta y dos minutos del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por José Eduardo Murillo Torres, profesor universitario, portador de la cédula de identidad Nº 1-571-988, contra la Dirección de la Escuela de Educación Física y Deportes y la Rectoría, ambos de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Esta Sala ya ha señalado en reiteradas ocasiones, que las cuestiones que atañen al ordenamiento interno de las Universidades, como en este caso la distribución del tiempo a laborar para los profesores, no son discutibles en esta vía, toda  vez que son de competencia exclusiva de las unidades académicas correspondientes.
Asimismo, en lo que se refiere al retiro del beneficio salarial del “paso”  en virtud de no reunir el recurrente las condiciones laborales necesarias para su otorgamiento, ello es precisamente consecuencia del ordenamiento de jornadas que decidió hacerse en la Escuela de Educación Física, de manera que tampoco considera la Sala, que exista violación a derecho fundamental alguno del recurrente, desde que no se ha demostrado que se origine en motivos espurios(...)Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 00448-1994
Expediente: 4408-S-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-San José, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del día veintiuno de enero de mil novecientos noventa y cuatro.- Recurso de amparo interpuesto por Gilberth Ureña Fonseca, cédula de identidad número 3-208-649, contra el Rector de la Universidad de Costa Rica.-

“(...)No estima la Sala que en este caso se haya dado una violación al debido proceso, tal cual lo sostiene el recurrente al indicar que se ha actuado sin ofrecérsele la posibilidad de intervenir en la investigación que se llevó a cabo.  Por una parte, hubo realmente dos investigaciones.  La primera, preliminar más propiamente, a cargo del señor Vicerrector de Administración, que concluyó con su informe VRA-3564-92 y que por sus características no dio intervención a quienes podrían resultar con responsabilidad en los hechos investigados.  Una segunda, se inicia precisamente con un acto del jerarca universitario (oficio 5525-92) teniendo como base la investigación preliminar, y allí es donde el ahora recurrente, ha tenido toda la oportunidad de participar.-
Se desprende de todo el expediente administrativo, una tendencia de los afectados -incluido el aquí recurrente- a evadir un sometimiento al procedimiento administrativo iniciado en su contra, con argumentos como que no se le han individualizado los cargos, como requisito indispensable para que se pueda iniciar la instrucción del caso (escrito de 28 de enero de 1993).  Por otra parte, la apreciación de la prueba es aspecto propio de la autoridad administrativa y sería discutible en la vía jurisdiccional común mas no en esta sede constitucional.-
En lo que se refiere a la condición de directivo sindical que argumenta el recurrente, no parece que para la fecha en que se dicta acto de despido por parte de la Universidad de Costa Rica, ostentara esa condición, pero de toda suerte la discusión de si aquélla condición le ofrece impunidad en el desempeño de sus funciones, no corresponde declararlo a esta Sala.-
Sin embargo, consta del expediente administrativo que los funcionarios investigados, desde un inicio, teniéndose por conocidos los hechos sobre los que recaía la investigación, insistieron en que la Junta de Relaciones Laborales debía requerir del Rector de la Universidad una individualización de los cargos, de previo a cualquier actuación válida.  Puede verse del expediente que la Junta le otorgó plazo a los interesados, según oficio Nº R-188-93 de diecinueve de enero de mil novecientos noventa y tres que, en el caso del actor, fue recibido el día veinticinco de enero siguiente (ver folios 92 y 93 del expediente administrativo).  Adicionalmente, se les facilitó copia del expediente, según se desprende del informe, rendido bajo juramento, por el rector de la Universidad y de la constancia visible a folio 93 del expediente administrativo al cual respondieron estos en aquél sentido.  Esta actitud elusiva, que alcanza al aquí recurrente, contrariamente a su pretensión de que hubo violación al debido proceso, evidencia que no se quiso someter al procedimiento de la Junta de Relaciones Laborales, como se desprende del hecho de que en dos oportunidades se les envió una comunicación, otorgándoles la audiencia respectiva en oficio fechado veintiuno de enero de mil novecientos noventa y tres (folio 105) y de nueve de febrero siguiente (folio 106), observándose una razón de que el actor se negó a recibirlo en el primero de ellos, de modo tal que el recurso debe ser declarado sin lugar(...)”.


Voto: 00457-1994
Expediente: 988-C-92

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas quince minutos del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo Nº 988-C-92 presentado el 26 de marzo de l992 por Fernando Solano Retana contra la Jefatura del Departamento de Cómputo de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Bajo juramento se informa que el recurrido no conoce ni ha “participado en ninguna forma en alguna política que pueda humillar” al recurrente (folio ll vuelto) y que no ha dictado disposición alguna sobre las funciones asignadas a éste, pero para resolver el caso lo importante es la materia no constitucional de la controversia -dilucidable ante la respectiva Junta de relaciones laborales o en la jurisdicción de trabajo- lo que conlleva el fallo de inadmisibilidad del recurso aunque se lo hubiera sustanciado(...) Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 00482-1994
Expediente: 2122-V-91

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las quince horas cincuenta y un minutos del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por Luis Garita Bonilla, mayor, casado, doctor en Administración Pública, en su condición de Rector de la Universidad de Costa Rica contra el Artículo 17 de la Ley Nº 7088 de 30 de noviembre de 1987(Ley de Presupuesto de la República) y contra el Acuerdo 6448 de la Sesión 1178 de 11-07-89 de la Junta Administrativa de la Dirección Nacional de Comunicaciones por violar los Artículos 121 inciso 1), 123 a 128, 84, 85 y 176 a 180 de la Constitución Política.

“(...)El accionantes solicita se declare la inconstitucionalidad de la norma contenida en el artículo 17 de la Ley Nº 7088 de treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio Fiscal de 1988, que modifica el párrafo primero del artículo 15 de la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Comunicaciones, Nº 5870 de once de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, y el acuerdo Nº 6448 tomado en la sesión ordinaria Nº 1178 de once de julio de mil novecientos ochenta y nueve por la Junta Administrativa de la Dirección Nacional de Comunicaciones, que se basa en dicha norma, por ser una norma de carácter general no presupuestario promulgada mediante el procedimiento extraordinario señalado constitucionalmente para la aprobación del presupuesto, lo que estima violatorio de los artículos 76, 84, 85, 121 incisos 1) y 11), 123 a 128 y 176 a 180 constitucionales(...)
Esta sentencia se dicta en forma interlocutoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que faculta a esta Sala para resolver por el fondo cualquier gestión, aún desde su presentación, cuando considere suficiente fundarla en principios o normas evidentes o en sus propios precedentes o jurisprudencia(...)
Esta Sala ha externado en varias oportunidades el criterio de que las únicas normas generales que pueden ser incluidas en las denominadas leyes de presupuesto, son aquellas que se encuentran ligadas íntimamente a la materia presupuestaria, esto es, las denominadas “normas de ejecución presupuestaria”.  Al respecto, en resolución número 121-89 de las once horas del veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, se dijo:
“... esta Sala concluye en el sentido de que el presupuesto de la República es una ley formal y material pero especial por la materia que la constituye y por el procedimiento ya comentado. De los textos antes citados se desprende que la competencia o legitimación que constitucionalmente se atribuye a la Asamblea Legislativa sobre tan importante materia es para fijar en los presupuestos los ingresos probables y los gastos autorizados de la Administración Pública con las modalidades que para sus modificaciones y para presupuestos extraordinarios la misma Constitución señala. No puede en consecuencia, el Poder Legislativo bajo la potestad presupuestaria que se apunta, regular materias de diferente naturaleza o contenido de esa especialidad. Lo expresado es congruente con la atribución exclusiva del Poder Ejecutivo de elaboración del proyecto de presupuesto ordinario y la iniciativa de sus modificaciones y de los extraordinarios, así como la de la Asamblea Legislativa en cuanto a su dictado, además con la modalidad ya analizada de que el Poder Ejecutivo no tiene atribución de veto sobre su aprobación a tenor del numeral 125 de la Carta Fundamental...”
El artículo 17 de la Ley 7088 que aquí se impugna evidentemente no se refiere a materia presupuestaria, ya que lo que hace es modificar el párrafo primero del artículo 15 de la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Comunicaciones, Nº 5870 de once de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, con lo cual se suprimen todas las franquicias postales, con las excepciones contempladas en la propia reforma, y se derogan los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior del Servicio Postal (acuerdo Ejecutivo Nº 31 del ocho de julio de mil novecientos veintiuno y sus reformas).  Tal norma, como se dijo, está fuera del ámbito presupuestario tal y como lo ha definido esta Sala en casos similares y por lo tanto, no es la utilizada la vía legislativa que debe seguirse para su aprobación, sino que debe sujetarse al trámite pertinente de acuerdo con lo que dispone la Constitución Política en el inciso 1 del numeral 121, según el procedimiento que establecen los artículos 123 a 128 que regulan la creación de la legislación ordinaria y por ello el artículo cuestionado debe declararse inconstitucional. En cuanto a los efectos de esta sentencia, procede anular por inconstitucional el artículo 17 de la Ley 7088, sin perjuicio, en su caso, de los derechos adquiridos de buena fe, hasta el momento de la admisión de esta acción, y, en consecuencia, se anula el acuerdo Nº 6448 tomado en la sesión ordinaria Nº1178 de once de julio de mil novecientos ochenta y nueve por la Junta Administrativa de la Dirección Nacional de Comunicaciones por estar motivado en la norma que ahora se declara inconstitucional.
(...)Se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula el artículo 17 de la Ley Nº 7088 de treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.  Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de la norma que se anula, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.  Asimismo, se anula el acuerdo Nº 6448 tomado en la sesión ordinaria Nº 1178 de once de julio de mil novecientos ochenta y nueve por la Junta Administrativa de la Dirección Nacional de Comunicaciones Comuníquese a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como a la Dirección Nacional de Comunicaciones. Reséñese, publíquese y notifíquese (…)”.


Voto: 00558-1994
Expediente: 482-P-90

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas del veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Silvia Porras Jiménez, cédula de identidad Nº 1-637-465, en su condición de Secretaria Ejecutiva de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos, cédula jurídica Nº 3-010-075548-28, Ademar Soto Alpízar, cédula de identidad Nº 2-327-806, Rodolfo Fernández Herrera, cédula Nº 1-438-471, Nelson Porras Murillo, cédula Nº 5-143-685, en contra de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“(...)Por escrito de fecha 19 de julio de 1990, Ricardo Argüello Chaverri, cédula de identidad Nº 4-119-099 solicitó se le tuviera como parte en este asunto en vista de que es uno de los afectados directos en este caso.
Por resolución Nº 986-90, la Sala ordenó acumular el expediente Nº 1017-90 planteado también por Silvia Porras Jiménez, representante de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos, Ademar Soto Alpízar y Rodolfo Fernández Herrera, por los mismos hechos alegados en este recurso.
Ahora bien, una vez suscrito por el ejecutivo (Presidente y Ministro de Relaciones Exteriores), aprobado por la Asamblea Legislativa y ratificado por el Ejecutivo el tratado, en este caso, el Convenio se incorpora al régimen legal interno de nuestro país, imperando sobre toda otra norma común que se le oponga, salvo que, por el propio contenido de sus cláusulas, su ejecución haya sido condicionada a su perfeccionamiento mediante acuerdos menores o protocolos como los designa la Constitución. En este caso, el Convenio suscrito por nuestro país con la URSS, hoy Unión de Estados Independientes, reconoce, sin mayores limitaciones, la equivalencia de los títulos y estudios otorgados por ambas partes contratantes. Dice la norma que interesa:
“Artículo 2: Las partes contratantes contribuirán al fomento de las relaciones entre universidades e instituciones de educación superior, al intercambio mutuo de científicos, profesores, aspirantes a posgrado universitario, estudiantes, especialistas en las diversas ramas que pudieran ser consideradas de interés para ambos países, así como el canje de publicaciones científicas, pedagógicas y culturales.
Las Partes Contratantes convienen en reconocer mutuamente la validez de los estudios cursados y de los grados o títulos de estudio a nivel primario, medio superior, universitario y técnico, otorgados a los ciudadanos de las Partes Contratantes por las instituciones de educación superior y otras de ambos países, para continuar estudios dentro de cualquier grado, para iniciar estudios superiores y para optar el ejercicio de las profesiones y funciones para las que dichos estudios, diplomas y títulos habiliten.
Las Partes Contratantes mantendrán negociaciones con este fin y suscribirán el correspondiente Protocolo para la mejor ejecución del presente artículo.” (ver folio 39).
Estima la Sala que la cláusula por su texto y su fin, no admite interpretaciones en contrario ni tampoco cuestionamientos en cuanto a sus efectos internos. Es decir, ambos Estados han asumido que los estudios completados y los títulos expedidos en cada país, serán válidos en el otro sin otros requisitos. Aparte de esto, como bien lo hicieron resaltar los recurrentes, ambos Estados previeron un mecanismo que permitiera la mejor ejecución del Convenio en las áreas que lo ameritare. En este sentido, dice el Convenio en el artículo 2º parte final :
“...Las Partes contratantes mantendrán negociaciones con este fin y suscribirán el correspondiente Protocolo para la mejor ejecución del presente artículo”. Lo que a juicio de la Sala no apunta hacia la eficacia del convenio ni hacia la cláusula de equiparación de títulos, sino a problemas secundarios que puedan suscitarse con el tiempo, y para los que no sería necesario enmendar o adicionar el instrumento principal, sino la simple suscripción de un protocolo (instrumento menor), que no debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
En todo caso, aún cuando se asumiera la tesis de que el Convenio no es autoaplicativo, de todas maneras no es la Universidad de Costa Rica la entidad competente para desaplicarlo, sino que ésta deben comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores la existencia de problemas para la ejecución del Convenio (incompatibilidad de contenidos académicos, de títulos, de grados, etc.) y será el Ministerio junto con el Presidente de la República quienes negociarán a nombre del Estado costarricense, los protocolos adicionales que completen los términos del acuerdo principal en aspectos específicos como los que originan este amparo. Por ello, y como lo admite el artículo 21 párrafo 2 (en relación con los artículos 22 a 25 del Reglamento Para el Reconocimiento y Equiparación de Títulos y de Estudios Realizados en Otras Instituciones de Educación Superior, vigente en la Universidad de Costa Rica que respetan el contenido de los instrumentos internacionales y los artículo 7 y 121.14) de la Constitución, el recurso debe ser estimado(...)Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a la Universidad de Costa Rica, que, dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de esta resolución, se reconozca y equipare los títulos y estudios obtenidos por los recurrentes,  siempre y cuando los interesados aporten los documentos que exija la ley (…)”.


Voto: 00566-1994
Expediente: 4899-S-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-San José, a las dieciocho horas con veinticuatro minutos del día veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por el señor Enrique Zapata Duarte, mayor, casado, profesor, vecino de Limón, 25 millas, con cédula de identidad número 7-060-516, contra el Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica.-

“(...)Esta Sala ya ha establecido en su jurisprudencia que el Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre la República de Costa Rica y la -antigua- Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es Ley vigente, impuso a nuestro país el deber de reconocer no solamente “la validez de los estudios cursados” en la URSS, sino también la de “grados y títulos” obtenidos.  No es potestativo, pues, de ningún organismo nacional, reconocer la validez de los estudios y negar el valor que se le ha dado a esos estudios en ese país, adecuándolo al que se estime más apropiado.  Ni siquiera puede entenderse que haya pendiente de suscribirse un “Protocolo para la mejor ejecución del presente Artículo”, como reza el numeral 2 in fine del Convenio, para que tenga plena eficacia lo previsto en él.-
Tampoco es dable diferenciar entre el reconocimiento del título según sea para el ejercicio de una profesión u otro tipo de propósito (Informe de la autoridad recurrida, fs. 26-27, Hecho Décimo Primero).  El someter a dictamen de peritos y “amplios y profundos estudios” un título, no es una tesis correcta cuando se trata de la aplicación de un convenio que tiene fuerza superior a la ley.  Que el Estado costarricense haya cometido una ligereza, una inadvertencia y que esencialmente esos títulos provenientes de la Unión Soviética no tengan todo el valor que se les asigna, es algo que no puede discutirse, salvo, claro está, a través de una denuncia del Convenio,
pero ya estaríamos hablando de otro tipo de procedimiento al cual las autoridades competentes deberían recurrir si se tuviera esa percepción sobre los efectos de la aplicación plena del instrumento en cuestión.-
En ese sentido, debe resaltarse la existencia de un informe que la Universidad recurrida de modo impropio estima “confidencial”.  La confidencialidad, en estos casos, no puede alcanzar al propio interesado y precisamente revela un sentimiento no confesado de desaplicar el Convenio en base a consideraciones que ni siquiera se plasman en el acto recurrido. No en balde se ha estimado que la motivación de los actos sujetos al Derecho Público es esencial en un Estado democrático de derecho, ya que permite al interesado advertir las razones que ha tenido el órgano que lo dicta y de ahí facilitar su derecho a recurrir (artículos 39 y 41 de la Constitución Política).  Pero, en todo caso, aquí lo importante es que el Convenio sujeta al Estado que lo ha firmado y descarta la posibilidad de análisis y valoración de estudios y títulos, pues esa valoración ya viene dada por el otro Estado contratante.-
La propia Universidad de Costa Rica, según se prueba con fotocopia del acuerdo del Consejo Universitario (artículo 4, sesión Nº 3977 de 22 de setiembre de 1993), en base a la jurisprudencia de la Sala y el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, modifica su criterio anterior en el sentido de entender que el Convenio tantas veces citado “no puede aplicarse como instrumento legal para el reconocimiento y equiparación de estudios”, no obstante lo  cual a abril de aquél año, la Universidad mantenía el criterio de equiparar el doctorado obtenido por el aquí recurrente a “Magister”.  Todo ello implica que el recurso debe declararse con lugar, como en efecto se hace(...)”.


Voto: 00600-I-1994
Expediente: 0275-C-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las ocho horas con doce minutos del dos de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Solicitudes de Adición y Aclaración presentadas por los recurrentes Sherman Quirós Burgos y otros, así como la presentada por la Vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica, Yolanda Rojas Rodríguez; contra la sentencia de esta Sala No.2667-94 de las 15:45 horas del 8 de junio de 1994.

“(...)Tal y como se desprende del Voto No.2667-94 de las 15:45 horas del 8 de junio en curso, la declaratoria con lugar del presente recurso de amparo en lo que respecta al proceso de admisión de los estudiantes a la carrera de medicina, se dictó con fundamento en “la aplicación retroactiva de una nueva resolución en perjuicio de los recurrentes a quienes correspondía aplicárseles la resolución anterior pues al amparo de éste iniciaron sus estudios y cumplieron con los requisitos”. Desde esta perspectiva, no son procedentes las gestiontes de adición y aclaración presentadas tanto por el recurrente como por la recurrida respecto de la inclusión de los estudiantes en la Carrera de Medicina pues la citada sentencia es muy clara al respecto. En vista de lo anterior y en lo que respecta al procedimiento a seguir para la ejecución de lo dispuesto por dicha resolución, esta Sala Constitucional no tiene competencia para definir los procedimientos administrativos que al interno debe cumplir la Universidad de Costa Rica a fin de llevar a cabo la orden dictada, pues ello es materia propia de sus funciones como Institución encargada de la educación superior costarricense.  En lo que se refiere al derecho de petición sobre el cual  también se declaró con lugar el recurso, deberá el recurrido estarse a lo expresado por el considerando quinto de la resolución en cuestión.  Así las cosas, en razón de las anteriores consideraciones, resultan improcedentes las gestiones de adición y aclaración planteadas en el presente asunto(...) No ha lugar a las adiciones y aclaraciones solicitadas (…)”.


Voto: 00662-I-1994
Expediente: 0751-V-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las ocho horas treinta minutos del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Vista la solicitud de aclaración y adición presentada por Alicia Gurdián Fernández, en su condición de Directora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica;

“(...)Señala la doctora Gurdián Fernández, que la sentencia número 3208-93, de las quince treinta y tres horas del siete de julio de mil novecientos noventa y tres, es omisa por cuanto no existe identificación de las personas recurrentes en la resolución de cita.  El artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional autoriza a la Sala a aclarar o adicional las sentencias a solicitud de parte o incluso de oficio, cuando esto sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo. Efectivamente, no aparece en ninguno de los puntos de la sentencia, indicación de quiénes son los recurrentes en este amparo, haciendo imposible su individualización, siendo lo procedente adicionar esta sentencia indicando los nombres de los recurrentes.  En cuanto a la solicitud que hace la gestionante de que se declare, por este motivo, la nulidad del fallo, considera la Sala  que de acuerdo al artículo 11 de la Ley que rige esta Jurisdicción, que en su párrafo final indica que no habrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción Constitucional, produce que esta gestión sea abiertamente improcedente por lo que debe ser rechazada(...)
Se adiciona la sentencia número 3208-93 de las quince horas treinta y tres minutos del siete de julio de mil novecientos noventa y tres, indicando que los estudiantes aquí amparados son:  Andrea Quesada Méndez, Kattia Chaves Matarrita, Alejandro Alemán Solano, Dennia Barboza Núñez, Marilena Morelli La Vitola, Marielos Gómez Meléndez, Luis Diego Muñóz Ramírez, Modesto A. Vargas Castillo, Federico A. Montiel Castillo, Andrea Herrera Gutiérrez, Gabriela De San Román Aguilar, Rosa Elena Segura Ruiz, Diego Pacheco Alvarado, Norma Gutiérrez Martínez, María Teresa Ramírez Prieto y Rocío Martínez Rivera. Posteriormente por resolución de esta Sala de las ocho horas del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres se tuvo como parte recurrente también a los estudiantes:  Bestford Douglas Mark, Churnside Dacosta Sylvia, Coto Canales Silvia Patricia, Moya Alonso Arnesto, y Núñez Vargas Diego.  En cuanto a la nulidad solicitada, se rechaza la gestión que se interesa (…)”.


Voto: 00664-1994
Expediente: 4417-M-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con treinta y seis minutos del dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Isaac Felipe Azofeifa, mayor, casado, vecino de San José, cédula de identidad número 4-028-732, en su condición de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido “Fuerza Democrática”, contra la Universidad de Costa Rica; el Instituto Tecnológico Nacional; Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional.

“(...)De conformidad con la constancia extendida por la Secretaría de esta Sala, que corre agregada a folio nueve del expediente, el recurrente no cumplió con lo ordenado en resolución de las trece horas del veintidós de octubre del año pasado, en la cual se le previno que debía acreditar la calidad que dice tener, por lo que procede al tenor de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con el voto salvado de los Magistrados Piza y Arguedas que ordenan continuar con la tramitación del amparo, archivar el expediente, toda vez que a pesar de que el recurrente tuvo pleno conocimiento de la prevención ordenada por el pronunciamiento de cita, no instó el curso del proceso dentro de los dos meses posteriores a su notificación, inactividad que hace suponer su falta de interés sobre el amparo(...)Archívese el expediente (…)”.


Voto: 00829-1994
Expediente: 3024-A-92

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas veintisiete minutos del nueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo promovido por Gerardo Arnoldo Alonso Sáenz, cédula de identidad número 1-465-343, contra la Oficina de Registro, el Consejo Universitario y la Oficina Jurídica, todos de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Del escrito de interposición del presente amparo se desprende que entre todas las actuaciones que se citan (efectuadas tanto por parte del señor Alonso Sáenz como por parte de los diversas dependencias de la institución recurrida), el asunto medular del recurso es la negativa de la Universidad de Costa Rica a aplicar el Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre la República de Costa Rica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (suscrito el 23 de diciembre de 1974), en lugar del Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Títulos, Grados y Estudios realizados en otras instituciones de Educación Superior.  Lo anterior produce en el criterio del recurrente, la violación del derecho que este tiene a que se le reconozca y equipare el título de Ingeniero Electromecánico que obtuvo en el Instituto de Construcción de máquinas de Zaporoshye “v. Ya Chubar” de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  El artículo 2 del Convenio en cuestión establece que: “...Las Partes Contratantes convienen en reconocer mutuamente la validez de los estudios cursados y de los grados o títulos de estudio de nivel primario, medio y superior, universitario y técnico, otorgados a los ciudadanos de las Partes Contratantes por las instituciones de educación superior y otras de ambos países, para continuar estudios dentro de cualquier grado, para iniciar estudios superiores y para optar al ejercicio de las profesiones y funciones para las que dichos estudios, diplomas y títulos habiliten. Las Partes Contratantes mantendrán negociaciones con este fin y sucribirán el correspondiente Protocolo para la mejor ejecución del presente artículo...”.  En este mismo sentido, el artículo 10 del Convenio literalmente dice: “Todas las disposiciones del presente convenio se ejecutarán según se determine en el programa que las partes contratantes elaborarán cada dos años, y que será firmado consecutivamente en Moscú y San José.” La Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica, fundamentándose en la normativa precitada, sostiene la inaplicabilidad del convenio en materia de reconocimiento y equiparación de títulos, en virtud de la no existencia de normas “que permitan la ejecución de la disposición contenida en el artículo 2 del Convenio que nos ocupa (toda vez que no han sido sucritos los Protocolos y Programas referentes a la materia).”  Esta Sala por resolución No. 750-90 de las 14:40 horas  del 4 de julio de 1990 coincidió en las razones de inaplicación del artículo 2 del Convenio que los recurridos manifiestan en el presente recurso.  Sin embargo, con posterioridad se examinaron de nuevo los fundamentos de esta apreciación, concluyéndose mediante resolución No. 2136-93 de las 16:15 hrs. del 19 de mayo de 1993, que el artículo 2 del convenio “se refiere a la eventualidad de un Protocolo para la mejor aplicación de ese numeral, pero no para su simple aplicación si esto era factible con directo asidero en el Convenio. De este modo, la efectiva aplicación del Convenio no vacaba durante el tiempo en que no se suscribiera el Protocolo: éste, pues, no atañe a la capacidad del Convenio de producir por sí efectos jurídicos válidos, sino solo a la posibilidad de regular más pormenorizadamente o más acabadamente o simplemente de complementar materias concebidas de manera más general en el Convenio...Es decir, razonablemente no se puede entender de la lectura del artículo 2 que la eficacia de sus disposiciones quedaba supeditada, en todo caso, a la existencia de ese Protocolo...”.  En consecuencia, con base en los razonamientos anteriormente esbozados y tomando en cuenta la fuerza que se reconoce a los convenios internacionales en el artículo 7 de la Constitución Política, la denegatoria de reconocimiento y equiparación de título universitario planteada por el aquí recurrente, basada en la inaplicación del Convenio de repetida cita, resulta arbitraria y contraria a los derechos fundamentales del accionante, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso(...)”.


Voto: 00845-1994
Expediente: 1015-P-91

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José a las dieciséis horas quince minutos del nueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo promovido por Orlando M. Hernández Murillo, mayor, soltero, médico, cédula Nº 1-443-146, vecino de San José; José María Carballo Jiménez, mayor, soltero, médico, cédula Nº 9-035-705, vecino de Cartago; Ronald Alem Meneses, mayor, casado, cédula Nº 1-527-763, vecino de Moravia; Winston Backford Noble, mayor, casado, cédula Nº 7-062-149, vecino de Limón centro; Belsen Mora Orozco, mayor, divorciada, cédula Nº 5-169-455, vecina de Barrio Aranjuez en contra la Faculta de Medicina y el Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Luis Garita Bonilla.

“(...) El punto jurídico debatido en el presente asunto es si la universidad puede o no exigir válidamente pruebas académicas adicionales a los estudiantes de universidades mexicanas.
La Sala estima que la “Convención sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales”, firmada en la Ciudad de México el 28 de enero de 1902 y que se encuentra vigente, no ampara a los recurrentes pues su fin es permitir a los nacionales de las partes contratantes, ejercer las profesiones obtenidas en sus países de origen en otras naciones signatarias de la Convención. Este no es el caso de los recurrentes, -costarricenses graduados en Universides Mexicanas- que pretenden el reconocimiento por parte de las autoridades costarricenses competentes de los títulos obtenidos en el extranjero. Por otra parte la Sala tiene por probado que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica ha certificado que nuestro país suscribió el “Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos “ el cual se encuentra vigente (ver folios 81 a 83 del expediente). Dicho Convenio establece en su artículo 9: “ Las Altas  Partes Contratantes auspiciarán la armonización de los preceptos legislativos de sus respectivos países sobre la validez de estudios, diplomas, grados académicos y títulos profesionales.”
De conformidad con la jerarquía de las fuentes normativas definida por la Constitución y en especial el artículo 7 de la Carta Fundamental, los Tratados Internacionales tienen autoridad superior a las leyes, que en este caso es el Convenio mencionado. El artículo 9 del mismo remite a la legislación interna, -el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica-, el cual dispone en su artículo 209 que por vía reglamentaria se establecerá el trámite de reconocimiento y equiparación de estudios realizados en otras Universidades.
Asimismo El “Reglamento de Reconocimiento y Equiparación de Grados, Títulos y Estudios realizados en otras Instituciones de Educación Superior” en su artículo 21, referente a los exámenes de incorporación dispone en su parte final:
“Los Exámenes de incorporación no se podrán efectuar a los graduados de países con los cuales existen convenios o tratados internacionales con vigencia plena, excepto cuando el mismo convenio lo permita.”
El “Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el de Costa Rica” al establecer que los gobiernos signatarios deben “armonizar los preceptos normativos de sus respectivos países sobre la validez de estudios, diplomas, grados académicos y títulos profesionales” no  contempla el reconocimiento de los títulos en forma automática, ni que los estudiantes que se amparen en él están exentos de realizar pruebas que verifiquen sus conocimientos, pues de la cláusula antes mencionada no puede deducirse más que la voluntad de implementar los procedimientos necesarios para tal reconocimiento, el cual se ha establecido en el reglamento mencionado supra e incluye la realización de exámenes de incorporación como parte  del procedimiento de equiparación(...)”.


Voto: 01015-1994
Expediente: 0550-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con veintiún minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por María de los Angeles Arias Chacón, mayor, casada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-397-1312, contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)Es dable señalar a la petente, lo que reiteradamente ha sostenido esta Sala, sobre lo dispuesto por el artículo 56 Constitucional, en el sentido de que éste contiene una doble declaración; una, la de que el trabajo es un derecho del individuo y otra, la de que el Estado garantiza el derecho de libre elección del trabajo que en su conjunto constituyen la denominada “Libertad al Trabajo”. Esa libertad significa que el individuo está facultado para escoger entre la multitud de ocupaciones lícitas la que más le convenga para la consecución de su bienestar y correlativamente, el Estado se compromete a no imponerle una determinada actividad y respetar su esfera de selección. Como con la negativa de la que se reclama, no se limita la facultad que le asiste a la recurrente para escoger su ocupación, ni tampoco, se le impone una determinada, no podría afirmarse que se produzca la violación alegada. Por otra parte, si la recurrente lo que pretende, en realidad, es que se le de un cargo determinado, el recurso también debe desestimarse, por cuanto tal pretensión no está protegida por lo dispuesto en el artículo 56 citado, el que, como se dijo, sólo garantiza a las personas el derecho de escoger el trabajo que más agrade o convenga a sus intereses y no a que se le proporcione o se le mantenga en un cargo que ha venido desempeñando o desempeñó en el pasado.
Como del propio libelo de interposición se desprende, que las gestiones planteadas por la recurrente fueron debidamente atendidadas y toda vez que, con arreglo a lo expuesto, no se aprecia arbitrariedad alguna en el proceder de los recurridos, el amparo resulta improcedente en cuanto a los demás extremos en él reclamados, sin que el hecho de que lo resuelto por la Administración no sea del agrado de la petente, tenga el efecto de producir una violación a sus derechos fundamentales(...) Se rechaza de plano el recurso (…)”.


Voto: 01045-1994
Expediente: 2586-P-92

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cincuenta y un minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Víctor Cubero Barrantes, cédula de identidad Nº 2-295-545 en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social.

“(...)Esta Sala ya se ha pronunciado sobre el conflicto que plantea el presente recurso de amparo, en la resolución número 316-93 de las nueve horas treinta y nueve minutos del 22 de enero de 1993, la cual determinó que no existía violación al principio de igualdad en la distinción que se hace entre los profesionales en Ciencias Médicas a efectos de la aplicación que de los incentivos económicos, entre otros efectos, fijados por el Decreto Ejecutivo Nº 18960-H, ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social, en los siguientes términos:
“IV. Quiere decir todo lo anterior, que es la promulgación y entrada en vigencia de ambos cuerpos normativos, el Convenio para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior de 31 de octubre de 1977 y el Reglamento al Artículo 30 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal de 19 de agosto de 1986, lo que determina la diferenciación entre los grados académicos y los títulos.
V. Considera la Sala que el reconocimiento de los títulos que se hizo a los profesionales en Salud graduados antes de esas fechas, en tanto derechos adquiridos por falta de normativa aplicable al caso, no puede constituir un derecho a la igualdad, en los términos en que lo alegan los recurrentes. El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los posibles  elementos diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación.  La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que debe existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha.  Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal de la ley, no prohibe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva.  En el presente caso, el hecho de una regulación normativa, llámese reglamento, decreto o en último caso, ley de la República haya fijado un límite razonable para diferenciar, lo que fue una práctica empírica para el otorgamiento de títulos académicos, práctica que fue sustituida por el normal desarrollo de las ciencias y la administración, en orden a considerar mayores ventajas económicas, a quien haya logrado una superación mayor en su preparación personal, no puede ser un parámetro de igualdad indiscriminada, de tal identidad, que implique conceder iguales reconocimientos a quienes tienen una preparación académica distinta.  Y si también fue necesario fijar una regla temporal, para convalidar lo que por equivocación conceptual llevó al Estado costarricense a la necesidad de reconocer el grado académico a quien no lo ostentaba, por error de la estructuración administrativa, eso no implica desde la óptica constitucional, que se deba consolidar el error como derecho adquirido, de tal forma que se deba hacer el mismo reconocimiento, aún en contra de la lógica y de la razón.  Que el Estado haya convalidado la situación jurídica de quienes sin ser doctores, así se los reconoció, por falta de regulación normativa ordenadora, no puede conceder igual derecho a los que después de emitida la norma reguladora, quieren hacer valer la situación anterior por sobre ésta.”
Sin embargo, esa tesis de principio tiene como excepción que ahí mismo se señala la situación jurídica consolidada de aquellos a quienes cubrió la falta de vigencia de las nuevas normas que sobre la materia vinieron a normar una situación irregular. Para el caso concreto que exponen los recurrentes y a fin de determinar la posible afectación a sus derechos adquiridos, debe considerarse que el Consejo Universitario en sesión del 7 de mayo de 1979 dispuso cambiar la nomenclatura en los títulos, no así el curriculum de la carrera de Medicina. De esta manera, en adelante el título profesional de Doctor en el área de salud es correpondiente al grado académico de Licenciatura para los efectos del Estatuto Orgánico y sus Reglamentos. Pero con la finalidad de no afectar los derechos adquiridos de los estudiantes que estaban a punto de finalizar su carrera y cuya expectativa era obtener el título de Doctor en Medicina, estas nuevas disposiciones comenzaron a implantarse en la Universidad de Costa Rica a partir de 1980, de tal suerte que, para la graduación de 1981, se otorgaron por vez primera dos títulos, uno netamente profesional de “Doctorado Profesional” y otro académico de “Licenciatura en Medicina”. El cambio de nomenclatura no puede afectar a aquellos profesionales para los cuales la Universidad, en resguardo de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de aquellos que estaban a punto de graduarse, dispuso que tuviera efectos hacia el futuro y nunca retroactivamente. En consecuencia, aquellos profesionales que se graduaron en 1980 o antes, deben incluirse en el grupo de personas favorecidas con lo indicado por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-208-90 del 14 de diciembre de 1990. Se estableció en ese dictamen que los grados y títulos expedidos por las universidades nacionales antes del “Convenio para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior” suscrito el 31 de octubre de 1977, tendrían para los efectos del decreto número 18960-H, artículo 10, el valor que les hubiere dado el Colegio Profesional correspondiente, ya que antes de ese acuerdo no había normativa aplicable. Por ello, se dispuso que a falta de norma jurídica expresa, el título sería reconocido tal y como fue aceptado por el Colegio Profesional correspondiente, en su oportunidad. No obstante lo anterior, para la Sala, resulta evidente que el Convenio citado del 31 de octubre de 1977, no comenzó a regir en forma inmediata, de tal suerte que cada centro universitario debió realizar los ajustes internos correspondientes para dar efectiva aplicación al mismo. En el caso de la Universidad de Costa Rica, el cambio de nomenclatura comenzó a implantarse a partir de 1980, para la graduación de 1981. Es en este último año que por vez primera, se otorgan dos títulos: uno netamente profesional de “Doctorado profesional” y otro académico de “Licenciatura en Medicina”. Por lo expuesto, a aquellos recurrentes que se hayan graduado antes de 1981 no se les puede aplicar, en perjuicio de sus derechos adquiridos y situación jurídica consolidada, aquellas disposiciones. Por lo anterior, se declara con lugar el recurso y en consecuencia se ordena a la Caja Costarricense del Seguro Social, reconocer a los profesionales que obtuvieron su título en 1980 o antes, el grado de Doctores en Medicina(...)Se declara con lugar el recurso en relación con los recurrentes médicos graduados por la Universidad de Costa Rica en 1980 o antes, debiendo la Caja Costarricense del Seguro Social reconocerles su condición de Doctores en Medicina. En cuanto a los demás se declara sin lugar (…)”.


Voto: 01097-1994
Expediente: 0439-S-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las quince horas cuarenta y ocho minutos del veintitres de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Ligia Carvajal Mena mayor, casada, licenciada en Historia, cédula de identidad número seis-ciento tres-mil trescientos sesenta y seis, vecina de Curridabat contra la Directora de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.

“(...) De la jurisprudencia emitida por la Sala, resulta que al funcionario nombrado en forma interina, pese a que no tiene, según lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución Política, inamovilidad, sí se encuentra protegido por la  estabilidad en su puesto. De modo que, al servidor público se le puede remover solo mediante el regreso del funcionario en propiedad, o mediante el concurso de atestados respectivo. En el caso que nos ocupa, alega la recurrente haber ostentado un puesto de 3/4 de tiempo, y que, mediante el manejo de horarios, y conforme a una serie de oficios, se le ha cesado en sus funciones, de un puesto no individualizado por la dirección de Estudios Generales. Conforme lo señala la recurrente en el escrito de interposición y posteriores, de lo cual fue dado el respectivo traslado a la autoridad recurrida, mediante la resolución de las catorce horas treinta y cinco minutos del nueve de marzo de 1993, que con base en el artículo 15 inciso c) de la Convención Colectiva suscrita entre la Universidad de Costa Rica y los trabajadores, y 64 inciso 1), 2), y 3), la recurrente gozo todavía de esta estabilidad, a parte de lo manifestado supra. Ella es la secretaria del Sindeu, conforme lo comprueba con la constancia a folio 9, situación al cual no se refirió la autoridad recurrida en forma concreta y amplia, sino que se limitó a indicar que el acto de su cesamiento no se hacía en su perjuicio. Sin embargo, del cuadro fáctico del caso si se corrobora la existencia de disminuciones en su horario en claro perjuicio suyo, con el aumento del tiempo para otros profesores, incidiendo lógicamente en sus funciones como Sindicalista.
Lo anterior no significa -de ninguna manera-, la posibilidad de que la recurrente pueda -a manera de usucapir el puesto que ocupó de 3/4 de tiempo y- ostentar una plaza interina en forma indefinida. Como puede entenderse de lo expuesto por la autoridad recurrida, en el informe se indica que existen 165 profesores en la Cátedra de Estudios Generales, de los cuales 90 ostentan la propiedad. Dada la diferencia existente tan amplia de sujetos no interinos, conforme se ha estipulado en la propia convención colectiva, debe darse el respectivo concurso de antecedentes para el nombramiento de profesores en propiedad, para así satisfacer y normalizar el fin los nombramientos interinos (artículo 20 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente)(...) Se declara con lugar el recurso. Se restituye a la recurrente en el pleno goce de sus derechos constitucionales (…)”.


Voto: 01239-1994
Expediente: 5104-V-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y nueve minutos del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo establecido por Benjamín González Alfaro, mayor, soltero, empresario, vecino de San José, cédula número 4-098-929 contra los Rectores de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

“(...)Existen varios aspectos de primordial importancia para la resolución de este asunto y para nuestro vivir democrático, como lo es el aceptar que la democracia supone la diversidad de opiniones respecto a la política que el Estado deberá seguir, siendo una de sus bases esenciales el cogobierno de la mayoría con las minorías, la libertad de expresión del pensamiento y de asociación política, bases de las cuales se daría la existencia y actividad de los partidos políticos, en condiciones de igualdad tanto formal como real.  No hay duda de que los ciudadanos, en un régimen democrático, sin el auxilio de los partidos no podrian ejercer a plenitud sus derechos políticos, expresar libremente sus ideas, asociarse políticamente, elegir y ser electos a puestos dentro de los gobiernos, de manera que,  no puede hoy darse la democracia representativa sin la existencia y  sobre todo, el libre e igualitario funcionamiento de los partidos políticos.
En nuestro país, este régimen constituye una de las notas más importantes y significativas para definir el sistema democrático.  En consecuencia, el mismo resulta de especial relevancia para el propósito definitorio de la forma de gobierno en un orden constitucional.  Es así  como varios autores han  llegado a sostener que los partidos políticos han desempeñan una importante función como pilares del sistema y aun más, como creadores del sistema democrático, al punto de que éste, en nuestros días, sólo cabe en función de aquellos. Por otro lado, es también importante señalar que, en la sociedad moderna , el pueblo en su conjunto es el  partícipe y protagonista principal de la vida política, y es a él al que se dirigen cotidianamente los medios masivos de la radio, televisión prensa y propaganda. Sus acciones y reacciones, su orientación  y su control han adquirido para los gobiernos  y para los directores de las actividades políticas, la mayor significación.
Los partidos, como las demás instituciones políticas, revelan su naturaleza en las funciones que desarrollan  en el proceso político y sobre todo, en el proceso de gobierno, pero la más importante quizás, es la de integrar la multitud de intereses, valores y creencias que existen en una comunidad dentro de uno o de varios programas elaborados a menudo en el interior de ideologías comprensivas. En este proceso de integrar a la comunidad, los partidos provocan la aparición de líderes por lo que una segunda función suya es la de aportar dirigentes para el gobierno de la comunidad, contemplados estos, desde el punto de vista de los miembros de un partido, organizados establemente con el objetivo o propósito de asegurar el triunfo de sus ideales, al alcanzar el control de un gobierno. El estado moderno requiere, pues,  indispensablemente,  para el bien o para el mal, al partido político como instrumento  indispensable para el acceso y ejercicio del poder,  cumpliendo entonces la misión de actuar como un forjador de ideas dentro de la masa de opiniones, creencias y sentimientos que mueven al electorado; lo cual le lleva  a presentar candidatos que se identifiquen con su orientación, y como sus adversarios harán lo propio, el electorado resulta a través de ese proceso, capacitado para tomar una decisión coherente a la hora de emitir su voto. La existencia y funcionamiento de los partidos políticos en libre e igualitaria competencia resulta entonces, de la misma esencia de las instituciones democráticas,  no solo como instrumentos de acceso y participación en el poder, sino también como medios para que todos los ciudadanos tengan  la oportunidad, en beneficio de la misma democracia, de percibir el pensamiento de los demás. Asimismo el pluripartidismo hace posible que los partidos políticos cumplan esa función importantísima, como receptores, organizadores, canalizadores e integradores de todos los intereses sectoriales de la sociedad representados y definidos por los factores de presión que sin cesar hacen llegar sus demandas y exigencias.  La diversidad de los partidos les ofrece foro para sus opiniones.
El  Estado de Derecho se distingue del sistema autoritario o gobierno de los hombres ya que el primero tiene por finalidad la suprema garantía de la libertad del hombre tomado este valor en su concepción más amplia.  La democracia integra en la comunidad al ciudadano, el cual, a su vez, designa las autoridades políticas supremas y actua como integrante de su respectivo grupo socioeconomico; en tal perspectiva, se reconoce que la persona no actúa dentro de la sociedad sólo como individuo autónomo, sino también en función del grupo al cual pertenece, y esa  participación, forma parte de las bases mismas de la  expresión de la persona y de la concepción democrática. Este principio, adquiere una mayor significación, debido a que la sociedad  pondera  las opiniones en esa participación, las cuales toma en cuenta, a la hora de la emisión de su voto.  Una democracia auténtica requiere que los problemas colectivos sean objeto de una decisión concertada más que impuesta, lo cual requiere de un diálogo  entre el Estado y los diferentes factores sociales, como de estos últimos entre si, intercambiando puntos de vista y explicando las razones de sus respectivas decisiones y colaborando en la elaboración de decisiones tendientes al bien común y propiciando la adopción de un sistema amplio de participación tanto en el orden exclusivamente político como en el orden socioeconómico. La democracia exige hoy  la institucionalización de modalidades de elaboración de las decisiones en que cada integrante del grupo social tenga la convicción de haber contribuido a su adopción. Ello permite a su vez a la opinión pública y a los interesados, informarse y desarrollar un control de mejor calidad sobre la acción de los poderes públicos, así como de los mandatarios de las organizaciones sociales y económicas.  Esta perspectiva, corresponde a nuestra época a la doble aspiración presente en los signos de nuestros tiempos, hacia una mayor igualdad y una mayor participación en el ejercicio de la libertad responsable de todos los actores sociales, lo cual se concreta con la participación, y en el caso de las elecciones - como en la especie- en el sufragio.  Ello implica, dentro del modelo de la sociedad democrática, crear opciones nuevas que permitan el desarrollo dentro de su ámbito de acción especifica, de la conciencia política que no es más que el derecho a participar de las organizaciones intermedias de carácter económico social en la elaboración de las decisiones que los afectan directamente.
En ese mismo orden de ideas,  sea de una igualitaria participación  de quienes desean optar a ser electos  a un puesto de elección popular, existe el correlativo derecho de todos los ciudadanos a educarse políticamente e informarse sobre las pretensiones, programas e ideas de todos aquellos y así poder concurrir a las urnas electorales, con una decisión seria y responsable como lo exigen las instituciones democráticas. Sumado a ello, es importante señalar que si el artículo 33 constitucional protege la igualdad de todos los seres humanos, con mucho más razón en tratándose de actividades organizadas con fondos públicos, que no es más que el aporte que cada uno de los costarricenses está obligado a dar al Estado.
Como último aspecto a señalar lo constituye la alegada violación a la autonomía universitaria, la cual si bien es cierto, tiene sustento en el artículo 84 constitucional, es importante interpretar que la misma se refiere a aspectos específicamente universitarios sin que sea posible entender, que puedan estar fuera del control constitucional, a través de esta Sala(...)Se declara con lugar el recurso (…)”.


Voto: 01249-1994
Expediente: 499-C-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José a las diez horas nueve minutos del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Luis Alonso Ibarra Salas contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)El presente recurso debe tenerse por desistido y ordenarse el archivo del expediente conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que de los autos el recurrente manifiesta carecer de interés en continuar con el amparo por lo que desiste del mismo. Ello en razón de haber sido admitido ya como alumno en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica dentro de los quince cupos adicionales que se autorizaran(...)Se tiene por desistido el amparo, archívese el expediente (…)”.


Voto: 01252-1994
Expediente: 4432-C-92

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José a las diez horas con dieciocho minutos del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Recuso de Amparo interpuesto por Oscar González Trejos en contra de la Universidad de Costa Rica.

“(...)No estima esta Sala Constitucional que en el presente asunto se hayan producido las alegadas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa, pues partiendo del informe rendido bajo juramento y además tomando en consideración la prueba que fuera aportada tanto en este recurso como en el expediente Nº 4408-S-93 que es recurso de amparo de un compañero del aquí recurrente, ambos vinculados con las mismas acusaciones por las cuales se les inició un procedimiento administrativo disciplinario en la Universidad de Costa Rica; es preciso concluir que sí se le garantizó al aquí recurrente su derecho de defensa y al debido proceso (…) con claridad se observa que al recurrente se le notificaron las denuncias existentes en su contra, se le citó a una comparecencia, se le dio plazo para que aportara la prueba de descargo que considerara conveniente y además presenta recurso en contra de la decisión patronal de suspenderle de sus labores.  Además se observa que la suspensión se realizó con goce de salario, siendo el objeto de la misma la realización de una investigación de los hechos imputados al recurrente precisamente con la idea de que éste no obstaculizara la investigación.  Por tales razones, al no haber existido la alegada violación constitucional, es lo procedente declarar sin lugar el presente recurso de amparo(...)”.


Voto: 01306-1994
Expediente: 0490-C-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José a las once horas con quince minutos del ocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Marta Eugenia Meza Cruz en contra de la Universidad de Costa Rica.

“(...)En la sesión 3978 del Consejo Universitario se acordó que “II...las Unidades académicas deberán atender las demandas correspondientes mediante las siguientes acciones : l. Aumentar los cupos para el año l994 en no menos de un 50% para atender a los estudiantes denominados “solicitantes” a carrera, sin que esto signifique adjudicación de recursos adicionales (...). Tomar las medidas necesarias para abrir más grupos de laboratorio y atender el cupo de los grupos teóricos (...) TRANSITORIO. Aquellas escuelas que ya han tomado medidas aumentando sus cupos, podrán negociar con la Vicerrectoría de Docencia la aplicación de los artículos l y 2 del punto II, tomando en consideración las circunstancias particulares de cada carrera.” (Gaceta Universitaria, a folio 65 vuelto del expediente principal). Así las cosas, basta la lectura del acuerdo y del transitorio para concluir que lo acordado por el Consejo Universitario está sujeto, al menos para aquellas escuelas que han “tomado medidas, aumentando sus cupos”, a la negociación entre éstas y la Vicerrectoría de Docencia. Por los términos en que el recurso es planteado, lo  realmente puesto en cuestión  es una política universitaria en circunstancias que tornan improcedente el amparo: por la forma en que es presentado, que dificulta un examen caso por caso del agravio sufrido y porque no se alega ni figura en autos focalización alguna del recurso en términos de derechos fundamentales directa e inmediatamente infringidos; antes bien, se pretende dilucidar la legal o ilegal interpretación de un acuerdo del Consejo Universitario que de todas formas otorga un sensible margen de negociación entre las escuelas universitarias y la Vicerrectoría de Docencia(...)Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 01311-1994
Expediente: 4358-V-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José a las once horas treinta minutos del ocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Ervin Jara Solano en contra de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Reiteradamente ha dicho esta Sala que para despedir legalmente a un trabajador, es absolutamente necesario haber cumplido de previo por parte del patrono  con el debido proceso, lo que implica esencialmente el haber otorgado al trabajador la posibilidad, de defenderse ante  las instancias correspondientes de la falta que se le imputa. Tal posibilidad, le fue debidamente permitida al recurrente por parte de la entidad recurrida según se desprende no solo del informe solicitado a la institución, sino también del expediente administrativo que a tal efecto dispuso abrir la Universidad de Costa Rica.  Además el recurrente en su oportunidad, fue debidamente enterado del proceso que en su contra la Institución promovía, para que asumiera su defensa ante las autoridades correspondientes (…) Aduce también el señor (…) que hubo violación de sus derechos que le corresponden como representante sindical en la institución  ya que se le hostigaba por parte de su Jefe inmediato en el cumplimiento de las funciones antes mencionadas. No se desprende de los autos hecho o hechos concretos, que establezcan claramente la violación de los derechos que como secretario de conflictos de la seccional del sindicato tiene el accionante, más bien el representante de la Institución en su informe -que se tiene dado bajo juramento-,   señala que no le consta ningún tipo de  hostigamiento contra el señor Jara Solano en su condición de representante sindical. El recurrente manifiesta también en su acción que al dictarse la resolución de despido en su contra, y al separarse la misma de la recomendación de la Junta de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica, que acordó:” Desestimar la propuesta de despido, por carecer de prueba fehaciente que demuestre la falta”,  no se observaron las disposiciones ni  los contenidos del Principio de Legalidad. A tal efecto estima la Sala,  que el Jerarca de la Institución recurrida utilizando una facultad legal y reglada  de conformidad con los artículos 40 incisos d) y m) del Estatuto Orgánico de la Universidad y el 26 inciso d)  de la Convención Colectiva de Trabajo, puede separarse del mencionado criterio sin que se produzca violación a los principios aludidos, pues el mismo no resulta vinculante para el jerarca(...) Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 01426-1994

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las quince horas con veintiséis minutos del día veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo planteado por Paul Brenes Cambronero contra la Universidad de Costa Rica y otros.

“(...)Manifiesta el recurrente que se encontraba laborando en una plaza interinamente y se le ha causado un perjuicio al elegir en propiedad a un profesional que, a su juicio, no reúne los requisitos de idoneidad indispensables en estos supuestos. Tal y como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones esta Sala, el diferendo presentado en este caso es un asunto de mera legalidad que no compete dilucidarse ante esta jurisdicción, por lo que será ante la jurisdicción que corresponda donde deberá plantear su disconformidad el recurrente, para lo que en derecho corresponda.  Por lo expuesto, el recurso deviene en improcedente y debe ser rechazado de plano(...)”.


Voto: 01435-1994
Expediente: 0956-E-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José a las dieciséis horas con tres minutos del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Erika Rosales Castillo contra la Asamblea de Escuela de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

“(...)La existencia de la carta antes indicada, la cual aporta la interesada como prueba adjunta al libelo de interposición del recurso,  demuestra que su admisión a la respectiva Escuela estuvo, desde un inicio, condicionada a lo que, en forma ulterior, resolviera la asamblea de la escuela, por lo que en ningún momento el acto de admisión se tuvo como un acto definitivo mediante el cual se constituyera a favor de la recurrente el derecho  de cursar estudios en ese centro de enseñanza.
La interesada alega que el acuerdo firme de la Asamblea de Escuela anulatorio del acto administrativo mediante el cual el Director del centro académico permitió el ingreso de la recurrente, atenta contra su derecho fundamental a la educación, consagrado en nuestra Constitución Política.  Sin embargo, dicho derecho lo que garantiza es la posibilidad de acceso de todo ciudadano a la educación que estime conveniente, sin que por ello se establezca en forma automática el derecho de todas las personas a ingresar al centro de enseñanza de su predilección, ya que este ingreso en todos los casos está condicionado al cumplimiento de requisitos tales como la aprobación de un examen, un promedio mínimo de notas, el pago de las cuotas correspondientes, la presentación de la documentación exigida, respeto a los procedimientos y fechas establecidas y otros, y, por otra parte, también está determinada por factores ajenos al solicitante, como el cupo disponible en el momento de su solicitud.
La existencia de éstos requisitos de ninguna manera puede considerarse lesivo al derecho a la educación que posee todo habitante del país sino que, más bien, resultan indispensables para garantizar a los estudiantes admitidos en un determinado centro de estudio el que recibirán la educación que persiguen y que ésta se les dará en condiciones tales que garanticen una adecuada calidad de la misma.
Además, se observa que no habiendo obtenido la nota requerida para ello, la autorización del ingreso de la recurrente a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, conlleva a establecer una excepción a las reglas de admisión establecidas, actuación a la cual de ninguna forma puede considerarse obligada la recurrida ya que bien podría con ello estar lesionando los derechos de personas en idéntica situación y a favor de las cuales, en su oportunidad, no se hizo tal excepción. Por todo lo expuesto el recurso deviene en improcedente y así debe declararse(...)”.


Voto: 01488-1994
Expediente: 0260-A-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas cuarenta y dos minutos del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo establecido por Rolando Ramírez Villalobos, contra el Director de la Oficina de Registro y el Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Para lo que interesa en el presente caso, hay que empezar por decir que el artículo 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con el propósito de información sobre asuntos de interés público. Es decir, se permite que el administrado pueda obtener de la administración datos sobre la labor de los funcionarios públicos, cómo se emplean los fondos del Estados, cuáles son los procedimientos para determinada actividad, en fin, cualquier información que le sea útil para sus gestiones, salvo, claro está, la suministrada a la administración por particulares que está constitucional o legalmente protegida. En el presente caso, el recurrente alega que los recurridos le negaron el acceso a documentación que denominaron confidencial, lo que le causa un perjuicio para poder cuestionar pronunciamientos que ellos mismos emitieron. Sin embargo, este reproche lo hace de su propio dicho, contrario al de los recurridos que lo niegan, sin aportar el primero ninguna prueba que lo respalde. Las autoridades recurridas niegan tal situación y señalan que en ningún momento el recurrente solicitó la documentación, ya que de haberlo hecho se le habría entregado, pues no tiene carácter confidencial y es de libre acceso al accionante. Por otra parte, señala el accionante en el libelo de interposición que no se le permitió el derecho de ser oído en el procedimiento, situación que tampoco comprueba, ya que de las actuaciones se desprende que se le comunicó lo de su interés, incluida la resolución final de la cual pudo apelar ante el superior(...) Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 01521-1994
Expediente: 1093-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las quince horas con veinticuatro minutos del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Yanory González González contra la Oficina de Becas de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.

“(... )Mediante resolución de la Sala Constitucional, número 3004-93, de las diez horas con quince minutos del veinticinco de junio de mil novecientos noventa y tres, se afirma:
“...si los beneficiarios -como en este caso- incumplen las obligaciones que su disfrute implica las condiciones o requisitos para su otorgamiento, la recurrida bien puede eliminar o condicionar el disfrute de la beca a aquellos mediante los mecanismos que para tales efectos contemplan los Reglamentos de Becas de esa Institución. Así las cosas, la costumbre reclamada, como producto de una interpretación coherente de la normativa aplicable, no lesiona los derechos fundamentales de los recurrentes por no tener éstos un derecho a la beca que disfrutan, sino que se trata de un beneficio que fue condicionado -en lo que toca a su materialización- por incumplir sus obligaciones, al no haber prestado el servicio requerido, exigencia que, en todo caso, era del pleno conocimiento de los beneficiarios al momento de aceptar la ayuda, por lo que no resulta arbitrario lo actuado por la recurrida. Por otra parte, no se observa violación alguna a la garantía fundamental contenida en el numeral 39 de la Constitución Política, pues no se está en presencia de la imposición de una sanción a los recurrentes, como se apunta, supuesto en el cual sí hubiera tenido la Universidad que observar el debido proceso. Tampoco, aprecia esta Sala que se hubiese producido la alegada violación a lo dispuesto en el artículo 33 Constitucional, toda vez que no sería válido afirmar que la situación de todos los estudiantes universitarios becados sea la misma, ya que aún cuando pertenecen a una misma categoría de personas, las becadas, los requisitos y beneficios para cada tipo o clase de beca son distintos, así, los de una beca de tipo “once” no serían los mismos que los que debería cumplir y recibir los beneficiarios de una de clase “diez”.
(...)En el caso que se examina, la recurrente pretende que, mediante el amparo, la Sala anule la resolución del órgano recurrido mediante la cual se le niega el otorgamiento de una suma por concepto de reubicación geográfica, decisión que necesariamente debe basarse en la determinación del lugar de residencia de la petente. Por un lado, la Oficina de Becas sostiene que su núcleo familiar se encuentra en San Ramón mientras que, por otro, la interesada alega que éste se encuentra en San Carlos. En consecuencia, el reclamo únicamente puede resolverse analizando y resolviendo respecto a este punto, determinación que no compete a esta Sala en virtud de que no se advierte violación directa a los derechos fundamentales de la recurrida.  Lo procedente es que ella ejerza los recursos correspondientes ante el órgano que dicta la resolución que origina el amparo y, de estimarlo necesario, una vez agotados éstos, de considerarlo necesario, acuda ante la vía judicial correspondiente(...)Se rechaza por por el fondo el recurso (…)”.


Voto: 01600-1994
Expediente: 1133-C-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las dieciséis horas con veinticuatro minutos del seis de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Guillermo Eugenio Calvo Calvo en contra de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Si bien es cierto que el accionante cita algunos votos de esta Sala Constitucional, en el sentido que el Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre la República de Costa Rica y la URSS es de aplicación automática, sin necesidad de protocolo para reconocer un título que reúna los requisitos, también es cierto que el caso aquí presente no es de aplicación de ese convenio, pues de acuerdo a la prueba aportada, la Universidad recurrida, sí le reconoció y equiparó su título al de Licenciatura, sin que fuera posible, según lo indicado por el SEP, que su título fuera equiparado al de Master, pues el mismo no cuenta con los requisitos necesarios para considerarlo como posgrado.
No obstante ello, considera este Tribunal que la supuesta violación aquí alegada se encuentra legítimamente consentida - artículo 30 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -. Tome en cuenta el accionante que desde el año 1986 - fecha en que se le reconoció y equiparó su título al de Licenciatura - no realizó ninguna acción tendiente a tutelar  los derechos que ahora acusa como amenazados. Los siete años que han transcurrido desde aquella supuesta violación, son suficiente para tener por acreditado que el recurrente consintió bien que en buena manera, que su título fuera equiparado al de Licenciatura, para optar al ejercicio de la profesión, para que dicho título habilita.  En consecuencia procede prescrito el amparo(...)”.


Voto: 01668-1994
Expediente: 1274-E-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las nueve horas treinta y nueve minutos del ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo de Luis Carlos Peralta Ballester contra la Universidad de Costa Rica y su Oficina de Registro.

“(...) El recurso fue presentado a las 14:10 horas del 5 del mes en curso y se alega violación del artículo 27 de la Constitución Política. En escrito de las 13:20 horas del día siguiente, 6 de abril, el recurrente indica que en oficio del día de la presentación, recibió respuesta a su gestión y por ello solicita que se tenga por terminado su asunto. Dicho lo anterior, el recurso resulta inadmisible y por ello debe ordenarse su archivo sin más trámite(...)”.


Voto: 01699-1994

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas doce minutos del ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo establecido por Cecile Legrand Rodríguez, mayor, divorciada, vecina de San José, cédula número 4-134-830 contra el Decano y Representante de la Asamblea de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Aún cuando esta Sala considere que la falta cometida por la recurrente Legrand Rodríguez podría ser sancionable, la impuesta resulta contraria a los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, ya que aquélla implica, de hecho, impedir a la gestionante el acceso a la educación superior y a la posibilidad real de seguir una carrera universitaria y obtener un título profesional.  En ningún caso de faltas meramente disciplinarias, una sanción puede prolongarse en el tiempo por un lapso tal, que virtualmente excluya a una persona de los estudios superiores, como observa la Sala sucede en este caso.  Así las cosas, lo actuado resulta arbitrario, por lo que el recurso resulta procedente y así debe declararse, advirtiendo a los recurridos no incurrir en conductas posteriores, que hagan aplicable lo dispuesto en artículos 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Los Magistrados Solano y Sancho salvan el voto y declaran sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 01961-1994

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las once horas con treinta minutos del veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Blanca Leticia Gallegos Carrillo, cédula de residencia número 220-1053-41-4221 y otros, todos solteros, estudiantes y vecinos de San José, contra la Vicerrectoria de Docencia; el Decano de la Facultad de Microbiología y el Rector de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Por la evidente conexidad, con lo pretendido en el que se tramita ante esta Sala bajo expediente número 0686-94 y a fin de evitar resoluciones contradictorias, acumulese éste al recurso indicado (…)”.
Ver voto 2521-95.


Voto: 01996-1994

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las catorce horas cincuenta y un minutos del veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Ralph Charpentier Delgado, cédula de identidad número 1-710-072 contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)En el caso que aquí se expone, el recurrente no indica la existencia de una lesión individual a sus derechos fundamentales, ya sea en su perjuicio o el de alguna otra persona, causada por las resoluciones de la Universidad de Costa Rica que impugna, razón por la que el amparo resulta inadmisible y debe rechazarse de plano(...)”.


Voto: 02021-1994

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con seis minutos del veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Freddy Fernández Fernández, Marta Solís Jiménez, Jorge Quesada Borbón y Leonardo de Jesús Mata Jiménez, todos mayores, funcionarios del INISA, vecinos de San José, cédulas de identidad números 1-415-1346; 1-662-562; 1-428-441; 1-467-497 y 1-228-441, respectivamente, contra el Director del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) de la Universidad de Costa Rica y el Jefe Administrativo de ese Instituto.

“(...) En lo que toca a la libertad de movilización del edificio y de asistencia a reuniones científicas -entre otras-, que se reclaman, lo actuado por los recurridos, según se desprende de la documentación acompañada al libelo, no ha producido violación alguna a los derechos fundamentales de los petentes, toda vez que dentro de la jornada en que se deba desempeñar la prestación personal de servicios el funcionario está obligado a acatar las instrucciones que sus superiores jerárquicos suministren respecto de su asistencia a otras actividades -aún cuando, se encuentren estas relacionadas con el trabajo-, así como para ausentarse del centro laboral -independientemente de los motivos que se tengan para ello- y para motivar las ausencias en que incurran, sin que ello implique lesión constitucional alguna, de manera que, las correcciones disciplinarias que adopten las autoridades administrativas -dentro del ambito de su competencia- con ocasión del incumplimiento de tales instrucciones u otras disposiciones relacionadas con el ambiente laboral, no resulta arbitraria, claro está, previa investigación levantada al efecto con la necesaria participación del servidor en ella y la demostración de lo inculpado a éste -que no es de lo que se reclama en el recurso-; supuesto contrario, sí resulta atentatorio de derechos fundamentales, el hecho de que se le impongan a los petentes limitaciones y restricciones en la administración de su tiempo libre o no laboral.  En todo caso, cualquier inconformidad que tuvieran con la oportunidad y conveniencia de las medidas acordadas por los recurridos o el procedimiento seguido por éstos para llegar a la determinaciones que se impugnan, constituyen un diferendo, por las mismas razones apuntadas, de mera legalidad, cuya resolución resulta ajena a esta jurisdicción.
Por otra parte, la simple utilización del régimen disciplinario -por parte de la Administración-, para garantizar mejor el buen servicio público, no implica un quebranto a los derecho fundamentales del corregido ni un exceso que merezca la tutela constitucional. En igual sentido, no puede ventilarse en esta sede la disconformidad de los petentes sobre la forma en que hayan conducido las investigaciones que se interesan o determinar quienes deben participar en ellas, de modo tal que, los reparos en ese sentido también resultan improcedentes. Además las medidas adoptadas son razonables y del propio recurso no se establece que se hayan aplicado con discriminación, caso en el cual también atentarían contra garantías fundamentales (...) Se rechaza de plano el recurso (…)”.


Voto: 02113-1994

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las doce horas con veintiún minutos del veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por Carlos Vargas Pineda, quien es mayor de edad, casado, con cédula de identidad 1-642-850, guarda, vecino de Moravia; en contra de la Universidad de Costa Rica en la persona de su Representante.

“(...)  Vista la pretensión del recurrente y la prueba que fuera aportada a los autos, es preciso concluir que en la especie no ha ocurrido la alegada violación a derechos constitucionales del gestionante, toda vez que tal y como lo informa el señor Rector de la Universidad de Costa Rica, la suspensión decretada en contra del recurrente y que impugna en esta vía, fue decretada como medida precautoria o cautelar, con goce de salario; su principal objetivo fue el realizar una investigación para determinar la certeza de los hechos difundidos por la prensa y con posterioridad a ello, iniciar el procedimiento administrativo disciplinario que correspondiera, tal y como en efecto ocurrió(...) Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 02180-1994

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo de Roberto Severino González, cédula de identidad 1-482-355, contra la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica y la Decana de la Facultad de Derecho.

“(...)En virtud de lo expuesto, no observa la Sala quebranto alguno al derecho de petición y pronta resolución debido a que la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica no podía certificar información con la que no contaba y la Facultad de Derecho remitió las calificaciones de los estudiantes que habían cursado materias del Diplomado de Derecho Registral y habían efectuado el examen de admisión durante la vigencia del convenio que otorgaba sustento a este Programa de Estudio, requisito indispensable para tenerlos como estudiantes efectivamente admitidos a la Universidad y para reconocer las materias que habían cursado. En virtud de lo expuesto y en razón de que al recurrente no le fueron reconocidas las materias que cursó en el Diplomado de Derecho Registal, por no haber efectuado el examen de admisión cuando se encontraba vigente el diplomado, la negativa de las autoridades universitarias de certificarle las materias aprobadas no configura una violación del derecho de petición y pronta resolución, por lo que procede declarar sin lugar el recurso(...)”.


Voto: 02304-1994
Expediente: 1800-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con treinta y tres minutos del dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Edwin Duartes Delgado, mayor, soltero, Licenciado en Derecho, vecino de Heredia, contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)Los hechos reclamados en el amparo, se encuentran comprendidos dentro de los supuestos a los que se refiere esta Sala en la sentencia número 2642-91 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de diciembre de mil novecientos noventa y uno, que al efecto señaló:
“El hecho de que las bibliotecas de la Universidad demandada tengan que usarse para el estudio e investigación de sus propios alumnos -y que en esa forma no sean bibliotecas públicas de libre acceso- no constituye una violación a los derechos fundamentales que alega el recurrente, quien podría obtener esa información -bajo las condiciones reglamentarias para su uso- con sólo su matrícula en la institución -requisito necesario para todos sus usuarios y calidad que el recurrente no posee-. Por otra parte su derecho a la educación y a la cultura no se lo ha limitado sino que lo ejerce al ser alumno de otra institución de enseñanza superior que, como tal, debe proveer a sus estudiantes de los medios bibliográficos necesarios para su formación. Al no existir las violaciones reclamadas, el recurso deviene improcedente y así debe declararse.
Toda vez que lo pedido constituye, en parte, una mera reiteración de recursos anteriores, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los mismos extremos, pues no existe motivo para modificar el criterio sostenido en aquellos. Por lo expuesto el recurso resulta inadmisible y así debe declararse. Tampoco estima esta Sala que con la negativa reclamada se haya producido quebranto alguno a lo dispuesto en el artículo  30  Constitucional, pues  una biblioteca universitaria -sea esta pública o privada- en el buen sentido de la palabra, no puede asimilarse a una dependencia o departamento administrativo, habida cuenta de la naturaleza del servicio que presta a sus usuarios, estos últimos calificados por lo expuesto en el pronunciamiento transcrito y además, por cuanto el propósito de la visita del recurrente a dicha Biblioteca no reviste un interés público sino mas bien de índole particular.
Por otra parte, no resulta demás señalar al petente que su planteamiento parte de la premisa falsa de que las bibliotecas universitarias participan de las mismas condiciones que las bibliotecas públicas y que por ende, el servicio que estas prestan debe ser suministrado en forma indiscriminada. Si bien es cierto, en principio, ambas clases de bibliotecas prestan un mismo servicio, éstas se diferencian por las características que deben tener los usuarios para tener acceso a tales prestaciones. En efecto, la Biblioteca que se menciona en el libelo, está autorizada para brindar sus servicios a determinados usuarios, es decir a aquellos que sean estudiantes regulares de esa Universidad, pues es casualmente por ellos y en función de ellos que se presta el servicio, sin que ello implique violación alguna a los derechos y principios fundamentales enunciados en el libelo de interposición(...) Se rechaza por el fondo el recurso (…)”.


Voto: 02436-1994
Expediente: 2056-S-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas dieciocho minutos del veinticinco de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo planteado por el señor Roberto Madrigal Chavarría, mayor, soltero, estudiante, vecino de Zapote, cédula de identidad cinco-doscientos setenta y siete-setecientos diecinueve, contra el Comisión de Evaluación y Orientación Académica y otro.

“(...)La jurisprudencia de esta Sala, es clara en el sentido de que las reglas de evaluación de las universidades, y aún las de las diferentes cátedras o profesores, tienen margen de técnica que impide a este Tribunal establecer si se ha actuado correctamente o no y el hecho de que existan mecanismos de impugnación internos que, como en este caso, pudieron ser utilizados, hacen que el recurso deba ser rechazado de plano(...)”.


Voto: 02607-1994
Expediente: 2255-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con quince minutos del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por José Eduardo Murillo Torres, mayor, casado, profesor universitario, vecino de Sabana Sur, cédula de identidad número 1-571-988, contra la Directora de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y el Rector de ese mismo centro de enseñanza.

“(...)Si el recurrente estima que la decisión adoptada por las autoridades recurridas es improcedente, toda vez que no existía motivo alguno que justificara el declarar desierto el concurso para optar por la plaza de Profesor en Educación Física y Deportes, pues de conformidad con la normativa correspondiente, el candidato que esté recomendado por la Comisión Calificadora debe ser electo cuando ninguno de los interesados hubiese obtenido la mayoría requerida, ello constituye un diferendo de mera legalidad que no compete dilucidarse ante esta Jurisdicción, toda vez que lo alegado no tiene el efecto de causar menoscabo a derecho fundamental alguno del recurrente, sino ante la Universidad de Costa Rica o en su defecto, en la vía laboral, para lo que en derecho corresponda. En todo caso la determinación de la oportunidad y conveniencia de la decisión que aquí se impugna, constituye un asunto ajeno al ámbito ajeno de esta Jurisdicción, toda vez que no envuelve cuestiones de constitucionalidad. Por lo expuesto, el amparo deviene en improcedente y así debe declararse (...)”.


Voto: 02667-1994
Expediente: 0275-C-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por Sherman Quirós Burgos, Luis Solano Castro, Osvaldo Rodríguez Fuentes, Francisco Ortiz Vargas y Víctor Ramírez Gómez, todos estudiantes de la Universidad de Costa Rica; en contra de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica.

“(...)De este modo, a partir del anterior cuadro fáctico, los recurrentes iniciaron sus estudios cumpliendo requisitos de un Plan Curricular, y una vez que los han cumplido y pueden de este modo optar por el ingreso a la carrera, viene la Institución recurrida y les dice que las condiciones han variado y que ahora los requisitos serán otros.  Con tal resolución administrativa se ha ocasionado un evidente perjuicio a los gestionantes, pues, si bien es cierto, ellos no gozaban de ningún derecho adquirido con anterioridad a la emisión de la resolución 5160-90, sí ostentaban una mera expectativa de derecho por cuanto iniciaron sus estudios y cumplieron los requisitos a partir del Plan Curricular original y que obligatoriamente era el que debían cumplir.  Por tales razones, al variarse las condiciones de ingreso, lógicamente se facilita aumentar la competencia entre los aspirantes puesto que se eliminan requisitos y se hace más fácil el poder aplicar para el proceso de selección, ocasionando con ello un grave perjuicio para quienes ya contaban con los requisitos establecidos por la resolución 4800-90 puesto que de forma arbitraria se les obliga a competir en desigualdad de condiciones frente a nuevos aspirantes, quienes no han tenido que cumplir con todos los requisitos establecidos anteriormente, debido a que el sistema varió en su beneficio, pero en perjuicio de aquellos.
Con vista en lo anterior, se observa que la actuación del recurrido ha sido totalmente desproporcionada e irracional, y ha creado una discriminación y trato desigual entre iguales, puesto que ha permitido que los aspirantes a la Carrera de Medicina compitan en desigualdad de condiciones.  Esta actitud ha ocasionado no solamente violación al principio de igualdad contenido en el artículo 33 constitucional, sino que, además ha operado también una aplicación retroactiva de una nueva resolución en perjuicio de los recurrentes a quienes correspondía aplicárseles la resolución anterior pues al amparo de éste iniciaron sus estudios y cumplieron con los requisitos.  Se ha producido también una violación al derecho de acceso a la educación, puesto, si bien es cierto, el Estado garantiza a sus ciudadanos el derecho a la educación, también ha de garantizar que los mecanismos de acceso a ésta sean racionales y guarden proporción entre sí, situación que no ha ocurrido en el presente asunto en el cual se está burlando el derecho que tienen los recurrentes  de ingresar a la carrera de medicina si han cumplido con los requisitos.  En este aspecto, no estima la Sala que el hecho de que los estudiantes tengan o no el promedio ponderado para ingresar a la Carrera sea importante para los fines de este recurso, puesto que además de ser una situación particular de cada estudiante el poseer cierto promedio, lo que ha estado en entredicho ha sido el derecho de acceder a la educación cuando se cumplen con las normas para ello, de forma tal que si los recurrentes han satisfecho todos esos requisitos debe garantizárseles el acceso, independientemente del promedio ponderado que es una situación aleatoria cada año, ya que depende de la cantidad de cupos disponibles y la cantidad de estudiantes que apliquen para tal selección, de forma tal que si a los estudiantes se les garantiza su acceso a la educación, el hecho de que no hayan podido ingresar por cuanto no ostentan cierto promedio ponderado mínimo en nada les ocasiona violación a sus derechos fundamentales, puesto que se les garantizó lo principal, la participación en el proceso de selección en igualdad de condiciones frente a los demás aspirantes.  Es, por tales razones, que en el presente asunto, al no haberse respetado ese derecho de acceso a la educación por parte de la Universidad de Costa Rica, sea lo procedente el declarar con lugar el recurso en cuanto a tal extremo(...)”.


Voto: 02711-1994
Expediente: 2304-P-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta y seis minutos del nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Eduardo Barrantes Gamboa, cédula 1-527-218 en favor de Ronald Pacheco Alvarado cédula N(1-618-781 contra la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de COsta Rica y la Dirección Administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales.

“(...) El recurrente manifiesta que la Universidad ha modificado unilateralmente el contrato de arrendamiento de un local para el servicio de fotocopiado, suscrito desde noviembre de 1989, sin embargo, a folio 21 del expediente consta la copia de la Cotización Nº 1562 para el “Arrendamiento de locales para la instalación de máquinas fotocopiadoras”, en la cual se establece, que:
“ 11. La vigencia de los contratos será por un período de un año, prorrogable por períodos iguales si no existe manifestación en contrario por alguna de las partes, por lo menos con un mes de anticipación al vencimiento.”
EL oficio Nº VRA-3041-93 suscrito por el Vice-rector de Administración, que corre a folio 20 del expediente, claramente establece que constituye una manifestación en contrario a la prórroga adicional del contrato  de arrendamiento, y fue comunicada desde el 15 de noviembre de 1993, por lo cual, la actuación de la Universidad está prevista en el contrato firmado por el recurrente. En todo caso, sus inconformidades del recurrente son de mera legalidad y deben ser discutidas en vía ordinaria, por lo cual el recurso debe ser rechazado de plano(...)Se rechaza de plano el recurso (...)”.


Voto: 02801-1994
Expediente: 2422-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con treinta y seis minutos del diez de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Carlos Zúñiga Carvajal, mayor, soltero, estudiante de medicina, vecino de San José, cédula de identidad número 1-752-973, contra la Dirección de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.

“(...)El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en grado superior, a fin de que prepare a la ciudadanía para el cultivo de las ciencias y las artes, así como para el ejercicio de las profesiones, todo ello en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía (artículo 84 Constitucional), dentro de los límites establecidos por la Constitución Política y las leyes especiales que reglamentan su organización y funcionamiento, de manera que, los Tribunales de justicia -en cuenta esta Sala- encargados de la aplicación de la ley y la Constitución, no pueden intervenir en la autonomía funcional de la Universidad, salvo cuando las autoridades universitarias violen la Constitución.
En el caso de examen, no aprecia esta Sala que se haya producido violación alguna a los derechos fundamentales cuya violación se reclama, pues de los hechos narrados en el recurso se desprende que el recurrente ha tenido suficiente oportunidad de proveer a su defensa, razón por la que la ausencia del procedimiento que echa de menos en las impugnaciones de comentario, por no alterar ello las garantías propias del debido proceso, no implica, por sí sola, un quebranto a sus derechos constitucionales y el recurso deviene en improcedente.
Por otra parte, el recurso resulta igualmente improcedente en cuanto con él se pretende, en esta sede, la revisión del examen que se interesa, pues ello implica analizar en la vía de amparo los criterios técnicos empleados por los encargados de la Escuela de Medicina para hacerlo, pronunciamiento que resulta ajeno a esta jurisdicción(...)Se rechaza por el fondo el recurso (…)”.


Voto: 02886-1994
Expediente: 2176-C-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las quince horas con veintisiete minutos del quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por Marta Elena Pessoa Arias, mayor, cédula de identidad Nº 7-052-508, soltera, vecina de Curridabat, contra la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica y la Oficina Jurídica de esa misma Institución.

“(...)Para la correcta resolución del presente asunto se tienen por probados los siguientes hechos de importancia: a) que la recurrente obtuvo el 19 de enero de 1979, en la Universidad Federal de Espíritu Santo, Brasil, el título de Asistente Social -folio 7 del expediente-; b) que desde 1981 se le equiparó a la recurrente su título al de Bachillerato en Trabajo Social, y durante 11 años la interesada no realizó gestión administrativa o judicial alguna, ni alegó en ningún momento que la Universidad estuviera desaplicando el Convenio de Intercambio Cultural entre Brasil y Costa Rica; c) que el título que se le otorgó dice únicamente Asistente Social y no Bachillerato o Licenciado; d) que la gestionante presentó certificación en la que se dice que la Universidad Federal de Espíritu Santo otorga títulos de Bachillerato y Licenciatura, pero no dice si el título de la señora Pessoa corresponde a uno u otro; e) que la accionante se encuentra incorporada al Colegio de Trabajadores Sociales desde el 27 de febrero de 1992, pudiéndose desempeñar libremente como Profesional y f) que los antecedentes que cita la señora Pessoa Arias, se refiere a casos cuyos títulos no habían sido equiparados para efectos de optar al ejercicio profesional, pues la valoración que la Universidad les dio no era para ejercer su profesión, situación que no es la de la recurrente, pues sí está incorporada y puede ejercer su profesión.
Ya esta Sala ha conocido otros asuntos semejantes al presente - voto 1860-93 -  en el cual se estableció que interpretando el artículo 7 del Convenio de Intercambio Cultural entre Costa Rica y Brasil, los países deben respetar lo ahí regulado, dándole plena validez a los títulos obtenidos, sin que su contenido se torne en abstracto, al impedirles ejercer en su país de origen. Tal y como se desprende de la prueba, a la fecha la recurrente se encuentra incorporada al Colegio respectivo, pudiendo ejercer libremente su profesión, ello debido a que la Universidad de Costa Rica, le equiparó su título de “Asistente  Social” al de Bachillerato en Trabajo Social.
El artículo 7 del Convenio señala lo siguiente:
“Una vez satisfechas las exigencias legales, los diplomas y títulos para ejercer profesiones liberales, expedidos por Instituciones oficiales de una de las Altas Partes, tendrán plena validez en el país de origen del interesado, siendo indispensable siempre la autenticación de tales documentos”.
La Sala, en aplicación de esta norma ha dicho que los títulos otorgados bajo ese convenio deben ser equiparados, por tratarse de una norma superior a la Ley. Ahora que la Universidad le equiparó el título al de Bachillerato, la gestionante once años después, aporta certificación para demostrar que la Universidad en la que estudió, sí otorga los grados de Bachillerato y Licenciatura, pero no demuestra algo tan simple y que podríamos considerarlo como una exigencia legal, que su título de Asistente Social corresponde a un título de Licenciatura. Si viajó a Brasil con posterioridad, bien pudo la gestionante solicitar a la Universidad Federal de Espíritu Santo y Río de Janeiro, una certificación en la que acreditara que su título de Asistente constituye el grado de Licenciatura. Si bien es cierto que aquella norma es de aplicación automática, ello debe hacerse dentro de los parámetros de razonabilidad y seguridad jurídica, buscando al menos que queden satisfechas las exigencias legales y que su reconocimiento otorgue la posibilidad de ejercer libremente la profesión, que es lo que en definitiva establece el convenio. Según quedó demostrado, la recurrente está debidamente incorporada al Colegio de Profesionales y puede, si a bien lo tiene, ejercer libremente la profesión. Lo que ordena aquella norma, es que se le dé validez al título y que le permita al graduado ejercer libremente la profesión, pero nunca que cualquier título sea equiparado al de Licenciatura. En los casos en que este Tribunal ha conocido asunto semejantes, no ha mediado la menor duda que el grado obtenido sea el mismo que se pretende equiparar. En el presente caso la Sala considera que existe una contradicción, pues la accionante prueba -folio 9 párrafo segundo- que la Universidad Federal del Espíritu Santo, otorga los grados de Bachillerato y Licenciatura y por otro lado aporta un título de Asistente Social, para que se le equipare al de Licenciatura. Además le extraña a la Sala que once años después se presente para hacer valer sus derechos, los cuales dice tener(...) se rechaza  por el fondo el recurso (…)”.


Voto: 03055-1994
Expediente: 2122-C-92

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por Vilma Patricia Fallas Monge, mayor de edad, soltera, cédula de identidad Nº 2-465-889, vecina de San Ramón y otros, todos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, contra el Consejo Superior Estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, contra su Coordinador General, señor Victor Hugo Mora Amador, contra el Presidente de la Federación de Estudiante de la Universidad de Costa Rica, señor Alberto Cortés Ramos y contra el Presidente del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, señor Julio Laínez Murillo.
“(...)El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece la procedencia del Recurso de Amparo contra sujetos de derecho privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentran de hecho o de derecho en una posición de poder frente a la cual los remedios comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales.  En el presente asunto es indudable que el hecho de tomar un acuerdo de expulsión o inhabilitación de un alumno respecto a la Federación Estudiantil, así como la publicación del mismo en un diario de circulación nacional -situación que es planteada en el presente recurso de amparo por parte de los gestionantes- es materia susceptible de ser conocida en esta vía constitucional, pues de la relación existente entre el citado artículo 57 y el problema fáctico planteado, se concluye que existe un relación de poder que podría estar afectando los derechos de los recurrentes; y precisamente por la naturaleza del asunto, los remedios jurisdiccionales comunes aún cuando pudieran ser efectivos resultarían tardíos y podrían ocasionar graves consecuencias a los accionantes.  En virtud de tales razones, se justifica la admisión de este amparo.
Para resolver el fondo del asunto es preciso indicar que el Consejo Superior Estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica el 4 de junio de 1992 y con fundamento en el artículo 176, inciso c del Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, tomó el acuerdo de inhabilitar, suspender y expulsar a los recurrentes de la indicada Federación para que así no volvieran a ejercer ningún cargo de representación estudiantil.  Los hechos que generaron tal decisión consistieron en supuestas irregularidades cometidas por parte de los gestionantes; actitudes las cuales según el Consejo recurrido fueron violatorias de los fines y principios de la Organización Estudiantil.  En cuanto a la toma de tal decisión por parte del citado Consejo Superior, esta Sala Constitucional considera que los motivos que la fundamentan, así como la propia decisión a la que se llegó, constituyen materia de legalidad que no es objeto de conocimiento de esta Jurisdicción.  Sin embargo, en lo que respecta a la publicación que de tal acuerdo se hiciera en el Periódico Universidad sin contar para ello con la firmeza de la decisión vertida, ha producido efectos nocivos para los recurrentes, los cuales ameritan el análisis de ese hecho en esta instancia constitucional.
Así las cosas, estima esta Sala Constitucional que con la publicación que se hiciera en el Semanario Universidad del 12 de junio de 1992 (folio 7 del expediente) sobre el acuerdo que aún no se encontraba firme y el cual expulsaba e inhabilitaba a los recurrentes en el cargo de representación estudiantil, se ha producido una violación del derecho a la imagen, al honor y a la reputación de los gestionantes; derechos que se encuentran protegidos por nuestra Constitución Política en su artículo 24.
De tal forma, si bien el artículo 29 constitucional establece la posibilidad para el ciudadano de comunicar sus pensamientos y publicarlos sin censura previa, también establece que en caso de que tales publicaciones provoquen un abuso, quienes las suscriben deberán hacerse responsables por las mismas.
En el caso concreto, si bien el Consejo Superior Estudiantil tenía la posibilidad de publicar el acuerdo tomado, es preciso tener en cuenta que esa comunicación provocó una lesión al derecho a la intimidad de los recurrentes, específicamente en cuanto a su imagen, honor y reputación; derechos los cuales e encuentran tutelados en forma amplia en el artículo 24 de nuestra Constitución Política, cuya violación se manifiesta precisamente en el hecho de que se publicó un acuerdo que no se encontraba firme, el cual posteriormente fue anulado pues se le descubrieron vicios de forma; quedando posteriormente suspendida la intención que se expresó en tal acuerdo, de forma tal que a los gestionantes nunca se les ejecutó la decisión viciosamente tomada, pero sí se les produjo un daño con la publicación de marras.
Así las cosas, tal infracción al derecho a la intimidad tutelado en el numeral 24 constitucional en relación con el 29 de ese mismo cuerpo legal ameritan la declaratoria con lugar del recurso en cuanto a tal extremo; rechazándose respecto a todo lo demás por referirse a aspectos propios de legalidad, sin que ello impida el inicio de las gestiones correspondientes en la vía jurisdiccional común(...) Se declara con lugar el Recurso y en consecuencia, se restituye a los recurrentes al pleno goce de sus derechos fundamentales.
Se condena a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de la vía civil(...)”.


Voto: 03192-1994
Expediente: 2741-C-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por Yamilette Araya Vargas, mayor de edad, casada, vecina de San José, cédula de identidad Nº 1-498-268, estudiante de derecho; contra la Universidad de Costa Rica, Representada por el Rector Dr. Luis Garita.

“ (...) No observa esta Sala que Universidad de Costa Rica haya incumplido con su obligación de registrar los cursos matriculados por la recurrente, así como los aprobados, pues tales registros sí existen; siendo lo ocurrido el hecho de que la gestionante no ha aprobado esos cursos o los ha retirado, situaciones que son atribuibles a la propia responsabilidad de la estudiante y no de la Universidad, sin que ello de ninguna forma le niegue el acceso al derecho a la educación, pues la accionante en cualquier momento puede continuar sus estudios universitarios siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios para ello.  En mérito de las anteriores consideraciones, es lo procedente declarar sin lugar el presente recurso de amparo, pues no se observa ninguna violación a derechos constitucionales de la accionante (...) Se declara sin lugar el recurso(...)”.


Voto: 03287-1994
Expediente: 2177-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veintiún minuto del primero de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo planteado por  la señora Kattia Velázquez Vásquez portadora de la cédula de identidad Nº 3-296-074, contra  el Jefe de la Unidad 3 y el Ministro de Educación Pública.

“(...) La funcionaria Velázquez reclama por dos ceses en sus puestos como docente en Turrialba del cual era interina y como unidocente en la Universidad de Costa Rica.  Del primero la misma recurrente acepta que ostentaba el puesto de manera interina por lo cual no puede alegar derecho alguno del mismo y no prueba de ninguna forma que fuera sustituida por otra interina. En el caso del puesto de unidocente la señora Velázquez sustituía a la señora Sandra Aguilar Barquero, quien al presentar un recurso de amparo ante esta jurisdicción (recurso número 1306-94), se ordenó mediante resolución de las 8:35 horas del 20 de abril de 1994 la restitución de la funcionaria Aguilar en supuesto (ver copia de resolución a folio 33 del expediente), por lo cual de la funcionaria Velázquez debió dejar el puesto, pero entonces no por arbitrariedad del Ministerio, sino en acatamiento de la orden emanada de esta Sala Constitucional. Por lo expuesto, al no llevar razón la recurrente el amparo intentado debe ser declarado sin lugar(...)Se declarar sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 03323-1994

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con treinta y seis minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por Sara Chinchilla Gutiérrez, mayor, cédula de identidad Nº 1-325-629, soltera, vecina de Mata de Plátano, Guadalupe, Profesora de Historia; contra el Tribunal Electoral Universitario de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Si analizamos los motivos del recurso, que vendría a ser el fondo de este asunto, la Sala llega a la conclusión de que la accionante pretende que por esta vía se examine lo ya resuelto por el Tribunal Electoral. En realidad las supuestas violaciones que se acusaron, son por haberse violado normas reglamentarias de procedimiento o legales en sí mismas y no por existir en realidad un quebranto a derechos o principios constitucionales. Si ya el Tribunal Electoral resolvió las pretensiones de la recurrente y aún persisten “en su criterio” los vicios, debe acudir a los Tribunales Comunes Ordinarios a plantear la nulidad del nombramiento y no someter a esta Sala el asunto, para que se determine si el mismo es legítimo o no. Recuérdese que la Sala no es una instancia más en esta materia, pues únicamente controla la constitucionalidad y no la legalidad, que es lo reclamado en el presente asunto Se rechaza por el fondo el recurso (...)”.


Voto: 03675-1994
Expediente: 3126-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciseis horas con cincuenta y siete minutos del veintuno de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Andrea Neiva Dos Reis, mayor, soltera, estudiante, brasileña, pasaporte número C.F. 068404, contra la Universidad de Costa Rica.

“(...) La queja de la recurrente se orienta hacia el cobro de la matrícula que le ha cursado la institución recurrida, el cual considera ella totalmente violatorio de sus derechos constitucionales ya que, a su juicio debe aplicarse el Convenio de intercambio Cultural vigente entre los dos países. Al respecto, concluye la Sala que, en la especie, no se configura violación constitucional alguna por cuanto la discordia nace a raíz de una interpretación que de la norma de un tratado vigente hace el órgano recurrido, siendo tal un aspecto de mera legalidad que debe ventilarse en la vía ordinaria contenciosa. Es allá, donde puede acudir con su reclamo la recurrente pues en esta sede no se aprecia violación del principio de igualdad desde que no consta que personas en situación similar a la suya hayan sido tratadas de manera diferente por la institución recurrida. De todo ello se deduce que el recurso debe rechazarse de plano(...)”.


Voto: 03728-1994

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas tres minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo establecido por Oscar Mario Pacheco Murillo, mayor, casado, vecino de Alajuela, contra el Rector y el Vicerrector de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Si la Universidad recurrida estimó en su oportunidad que el recurrente Pacheco Murillo había incurrido en una serie de incumplimientos de las cláusulas del contrato de arrendamiento que se interesa suscrito entre ambas partes, debió acudir a la vía legal respectiva a fin de obtener un pronunciamiento a su favor y lograr el efectivo desalojo de los locales por ella arrendados.  Pero no proceder mano militari al desalojo del recurrente, ya que ello resulta arbitrario y violatorio de los derechos fundamentales de éste.  En consecuencia, el recurso resulta procedente, y así debe declararse y advertir a la Universidad recurrida no incurrir en conductas posteriores que hagan aplicable lo dispuesto en artículos 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
“(...)Se declara con lugar el recurso(...) Se advierte a la Institución recurrida no incurrir en conductas posteriores que hagan aplicable lo dispuesto en artículos 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena a la Universidad de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo(...)”.


Voto: 03748-1994
Expediente: 4450-92

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las doce horas tres minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo Nº 4450-92 interpuesto por Eduardo Matamoros Zúñiga, cédula de identidad número 1-602-667 contra la Universidad de Costa Rica.

“(...) Reclama el recurrente contra la suspensión por ocho días, comunicada mediante oficio SST-367-92 por no haber mediado el principio del debido proceso en su imposición. Sin embargo, del informe rendido bajo juramento por la Rectora a.i. de la Universidad de Costa Rica, se desprende que la medida tiene simple carácter cautelar y no disciplinario, aparte de estar contemplada en la Convención Colectiva a la que alude el recurrente. Con base en ello y en vista de que el resto del procedimiento respetó las reglas del debido proceso, incluida la integración de un órgano director del procedimiento administrativo, como ya lo estableció la Sala en la sentencia #448-94 de las 11:48 horas del 21 de enero de este año, en el caso de otro de los implicados en la investigación aquí tratada, a quienes se les siguió un procedimiento conjunto, procede declarar sin lugar el presente recurso (…)”.


Voto: 03864-1994
Expediente: 2967-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo de Giuseppa D. Agostino Santoro, cédula de identidad número 8-045-259 contra la Universidad de Costa Rica.

“(...) En el presente asunto, la recurrente acude en resguardo de sus derechos constitucionales al excluir la Universidad de Costa Rica de estímulo salarial o reconocimiento extraordinario a aquellos funcionarios que laboran para la institución menos de medio tiempo.  Sobre este punto, el artículo 5 de las “Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica” establece en lo conducente que “todo profesor con dedicación global o mayor o igual a medio tiempo, podrá obtener pasos intermedios por los méritos acumulados en su categoría, (...)” siendo que “cada paso tendrá un valor de 4% del salario base de su categoría (...)”.  El criterio de aplicación de los pluses salariales en este caso se realiza a partir de la determinación del grado de dedicación que el interesado otorga al trabajo universitario. De esta forma, la institución educativa recurrida estima que aquellos docentes que dedican la mitad de su tiempo (como mínimo) a la labor docente en esta entidad universitaria, son acreedores de un estímulo económico de conformidad con las reglamentaciones del caso, criterio que por sí solo no es violatorio del principio de igualdad.  Diferente sería si dichos incentivos fueran otorgados a profesores que cuentan con una dedicación por debajo del mínimo establecido (como es el caso de la aquí recurrente que labora únicamente un cuarto de tiempo) y no a otros en su misma situación.  Sin embargo, sobre el punto la Sala ya ha reiterado que el presupuesto esencial del principio de igualdad es que exista un trato discriminatorio desprovisto de toda justificación objetiva y razonable, principio que es además aplicable solo a aquellos sujetos que se encuentran en las mismas condiciones.  Por consiguiente, sobre este extremo, la Sala considera que no se ha quebrantado el derecho a la igualdad, pues la recurrente no reúne los elementos requeridos para ser beneficiaria de los incentivos económicos otorgados por la Universidad de Costa Rica.  Por otra parte, el hecho de que la recurrida haya fijado el parámetro mínimo de aplicación en medio tiempo de dedicación, es asunto que le compete exclusivamente a ella determinar no solo por la independencia administrativa con que cuenta, sino también, porque es ella la que debe decidir de conformidad con las necesidades de la institución, cuáles son los incentivos que desea otorgar a sus funcionarios y a cuáles servidores considera merecedores de los mismos. El ejercicio razanable y justo de esta competencia no es cuestionable desde la óptica de este tribunal. En consecuencia, no se demuestra quebranto a derecho constitucional alguno, por lo que procede declarar sin lugar el recurso(...)”.


Voto: 03911-1994
Expediente: 3288-S-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas quince minutos del tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo planteado por el señor Gerardo Sánchez Rodríguez, mayor, soltero, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y cuatro- cuatrocientos veinticuatro, contra el Director a.i. de la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica.

“(...)De la documentación que acompaña el escrito de interposición, se desprende que al recurrente no se le ha lesionado derecho fundamental alguno, toda vez que éste habla de la equiparación de su título, sin embargo, la resolución que dice afectarlo se tomó desde el día seis de abril de mil novecientos ochenta y tres, según copia de certificación número cero setenta y dos mil ochocientos noventa y cinco, visible a folio doce del expediente, y no es sino hasta el día veintidós de Julio de los corrientes que el recurrente realiza nuevamente su solicitud de equiparación al Grado de Master y no de Licenciado en Derecho como se llevara a cabo en la primera oportunidad, ante la autoridad recurrida, alegando en esta oportunidad que se lleve a cabo la aplicación del Convenio de Cooperación Cultural y la Jurisprudencia de este Tribunal.
Lo cierto es que la accionada responde a la solicitud referida y le manifiesta el recurrente, mediante oficio OR-R-seis mil trescientos noventa y dos-noventa y cuatro, del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cuatro, que en el caso concreto no se ha cuestionado la aplicabilidad del Convenio de supracita, tal y como lo afirma en su solicitud, por lo que en criterio de la autoridad recurrida no procede la petición por cuanto el Convenio o la jurisprudencia de esta Sala no obligan a las autoridades recurridas a equiparar el título y el grado tal y como fueron concedidos años atrás. Además considera esta Sala que la discusión aquí planteada, constituiría un diferendo de mera legalidad, que no compete dilucidarse ante esta Jurisdicción, por lo que será ante la jurisdicción competente, donde debería plantear el recurrente su disconformidad para lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto el recurso deviene en improcedente y así debe declararse(...)Se rechaza de plano el recurso (…)”.


Voto: 04055-1994
Expediente: 0438-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con treinta minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por María Beatriz Pérez Sánchez, con cédula de identidad Nº 9-026-98; contra Jimmy Washburn Calvo, en su condición de Coordinador de Estudios Generales de la Sede Regional del Atlántico de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Que con fundamento en los documentos aportados por ambas partes se demuestra que en el caso concreto, el cese de funciones de que fue objeto la recurrente, no se dio con la finalidad de sustituirla en su condición de interina por otro interino, sino que por el contrario ello se debió a la necesidad que tiene la Universidad de Costa Rica de contratar profesores de conformidad con la cantidad de estudiantes que se prevee, ingresarán cada ciclo lectivo, cantidad que al no coincidir con el número de grupos abiertos, ocasiona en muchos casos el cierre de los mismos y por ende la no utilización de los profesores que habían sido previamente seleccionados para impartir tales cursos.  Desde esta perspectiva, en el cese ejecutado en contra de la recurrente no se observa que haya habido violación de ningún derecho constitucional, pues el mismo se debió a la necesaria organización y distribución interna de trabajo, propias de una casa de enseñanza como la Universidad de Costa Rica, en donde cada año se estima un incremento en la cantidad de estudiantes que no necesariamente coincide con el grupo real de estudiantes que son matriculados, o peor aún, con el grupo de estudiantes que definitivamente sí se presentan a los cursos.  Por tales razones, procede declarar sin lugar el recurso(...)”.


Voto: 04209-1994
Expediente: 3679-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del doce de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Douglas Miguel Pastran Gutiérrez, mayor, técnico en mantenimiento de forocopiadoras, vecino de San José, cédula de residencia número 20470-270-01-11837, contra el Jefe de la Oficina de Administración Financiera de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Como en el caso de examen, la información solicitada por el recurrente a la Universidad de Costa Rica, se refiere a las relaciones existentes entre dos sujetos de derecho privado -a saber: la empresa “Comercializadora Internacional Delta, Sociedad Anónima” y el petente-, esta Sala no observa que se haya producido el quebranto al derecho fundamental que se acusa, razón por la cual, sin prejuzgar sobre la legalidad o no de la argumentación que pudiera dar la recurrida para justificar la negativa reclamada, la prueba que le interesa puede solicitarla el recurrente al Juzgador que conoce del proceso laboral, quien, si lo estima pertinente para el juicio, podrá ordenar a la Universidad de Costa Rica hacerla llegar al expediente para lo que corresponda en derecho(...)Se rechaza de plano el recurso (…)”.


Voto: 04244-1994
Expediente: 3720-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas treinta minutos del doce de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Mauricio Lizano Calvo, soltero, estudiante, vecino de Cartago, cédula de identidad número 3-318-012, contra la Vicerrectora de Docencia; el Decano de la Facultad de Microbiología y el Rector de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Por la evidente conexidad, con lo pretendido en el amparo que se tramita ante esta Sala bajo expediente número 0686-V-94 y a fin de evitar resoluciones contradictorias, acumúlese éste al recurso indicado(...)”.


Voto: 04472-1994
Expediente: 1150-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con veintisiete minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por Abraham Ovares Estrada, cédula de identidad Nº 9-028-386, en su condición de padre en ejercicio de la Patria Potestad del menor Jonnathan Ovares Calvo, contra Marvin Herrera Araya, en su condición de Ministro de Educación Pública, el señor Jorge Escalante Aguilar, en su condición de Director del Liceo Laboratorio Emma Gamboa, Luis Enrique Garita Bonilla, en su condición de Rector de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Con fundamento en la prueba aportada, tanto por el recurrente como por los recurridos, se desprende que lo que se alega es la violación del principio de igualdad, referido en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, por lo que previo al razonamiento constitucional respectivo es necesario referirse a este principio, el cual sólo resulta trasgredido si alguna disposición otorga un trato distinto, sin motivo justificado, a personas que se encuentran en igual situación, esto significa que igualdad es, ante todo y sobre todo, paridad en cuanto al tratamiento de la dignidad humana y por tanto equivalencia en cuanto a los derechos fundamentales se refiere, pero esto significa necesariamente que los hombres deben ser tratados igualmente por el Derecho en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados derechos fundamentales, que son el corolario de la dignidad humana.  En cambio, deben ser tratados desigualmente en todo aquello que se vea sustancialmente afectado por las diferencias que naturalmente median entre los hombres.  Esto quiere decir que el principio de igualdad contenido en el artículo 33 Constitucional, implique un tratamiento legal con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica.  Toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación, la igualdad sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la media considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.  Este principio constitucional, en el caso que nos ocupa, no se rompe, ya que al hijo del recurrente se le dio la posibilidad de presentar dos pruebas extraordinarias de matemáticas, las cuales no aprobó, se le dieron las mismas posibilidades que a los demás estudiantes, y que a cualquier estudiante de una institución pública.  Por lo que sobre este punto no procede el recurso.
El recurrente manifiesta que también se viola el principio de igualdad en tanto que el Reglamento de Evaluación y Normas de Promoción de la Educación General Básica y de la Educación Diversificada Académica y Técnica Diurnas, dictada por el Ministerio de Educación establece que el rendimiento escolar progresivo del alumno se certificaró trimestralmente, y no semestralmente, como lo realizó el Liceo Laboratorio Emma Gamboa, lo cual lo pone en desigualdad con los demás centros de enseñanza.  Lo anterior no afecta al principio de igualdad, antes expuesto, en tanto que las Escuelas y Colegios Laboratorios, difieren de los sistemas tradicionales de enseñanza, lo anterior con fundamento en el Convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la Universidad de Costa Rica, que corresponde al Decreto Ejecutivo 7125-E del 16 de junio de 1977, donde se establece que “son centros experimentales para nuevos métodos y técnicas pedagógicas y que sus planes de estudios oficiales podrín ser variados con la autorización expresa del Consejo Superior de Educación, el cual en sesión 12-89 aprobó el Plan y Programa de Estudios de la Educación Diversificada vigente en el Liceo Laboratorio Emma Gamboa, estableciendo que el año escolar se compone de dos semestres, hecho que fue aprobado por el Ministerio de Educación Pública, para los centros de educación laboratorios, los cuales son centros especiales diferentes a los demás colegios y escuelas de enseñanza.  Donde las personas que ingresan a dichas Escuelas y Colegios Laboratorios saben que son diferentes al resto de centros de educación; ya que el principio de igualdad, como lo indicáramos anteriormente, ha de entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en relación con el cual se invoca, por lo que ante situaciones iguales deben darse tratamientos iguales, pero en situaciones diferentes el tratamiento es distinto, como en el caso en estudio, por lo que no procede tampoco, en esta circunstancia, una violación del principio constitucional alegado, y por lo tanto debe declararse sin lugar este recurso.
En relación, a lo indicado por la parte recurrente de que su hijo estuvo al comienzo de lecciones por un lapso del 14 al 25 de febrero de 1994, en undécimo año, y posteriormente fue devuelto a décimo año, lo cual rechaza el Director del Colegio, al indicar que oficialmente nunca se ubicó al joven Jonathan Ovares, en undécimo año, acción que con relación a los hechos demostrados no afecta los principios constitucionales, que son los que analiza esta Sala.  Por todo lo expuesto, el recurso es improcedente, y así debe declararse(...)”.


Voto: 04548-1994
Expediente: 3671-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por José Francisco Trejos Cruz, mayor, casado, terapeuta físico, vecino de Santa Ana, cédula de identidad número 5-108-737, contra el Departamento de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Si el recurrente estima que tiene derecho a que el órgano recurrido le reconozca los certificados que lo acreditan como técnico en terapia física, toda vez que sí reúne los requisitos indispensables para tal fin, a contrario de lo que afirma el Departamento de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica, ello constituye un conflicto de mera legalidad que no compete dilucidar a esta Sala, toda vez que lo alegado no tiene el efecto de lesionar derecho fundamental alguno del recurrente de manera directa, razón por la cual deberá alegar los extremos planteados ante la autoridad recurrida para lo que en derecho corresponda. Por ello, el amparo deviene en improcedente y así debe declararse(...)”.


Voto: 04565-1994
Expediente: 2681-V-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas treinta y seis minutos del veinticuatro de agosto mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo Nº 2681-V-94, establecido por Emilia María Flores Fallas, mayor, casada, Médico Veterinario, cédula 1-457-223, vecina de Goicoechea, contra el Director del Programa de Maestría en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Del informe rendido -que se tiene dado bajo juramento- y de la documentación a él adjunta -que se ha tenido a la vista-, se tiene que no es cierta la afirmación de la recurrente de que con una misma carga académica unos reciban el grado de Maestría y otros el de especialidad (folio 53), y tampoco es cierto que algunas materias fueran divididas en dos o más como lo menciona la recurrente, ya que se crearon cursos adicionales, con su propia organización y objetivos, y se le dio a la recurrente oportunidad de continuar sus estudios mediante un programa transitorio del antiguo programa de especialidad al de Maestría, por lo que no es cierto que esté en desventaja. Finalmente de la lectura del oficio PPSP-183-93 (folio 21) de fecha 11 de junio de 1993, responde a la recurrente y sus compañeros la solicitud de que se les dé el título de Masters, indicándoles que en fecha próxima se les estará comunicando el resultado de la gestión ante las autoridades universitarias, sobre la solicitud de aprobación del documento denominado “Procedimientos para que las personas graduadas de la especialidad puedan obtener el grado de Maestría Profesional o Académica en Salud Pública”. No siendo esa respuesta evasiva, sino que no prodediendo aprobar ni denegar la gestión se les comunica lo que internamente se está gestionando para que puedan llegar a obtener el título de Masters, no encontrando actuación arbitraria alguna, lo procedente es declarar sin lugar el recurso (...)”.


Voto: 04568-1994
Expediente: 0950-A-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Elisa María Aguilar Cortés, cédula de identidad número 2-188-894, contra el Ministerio de Educación Pública, el Departamento de Personal de ese Ministerio y la Comisión Mixta para los Centros Laboratorios.

“(...)Considera la Sala que si la administración recurrió a un concurso como medio para seleccionar el personal de la Escuela -incluido específicamente lo antinente a la dirección de ésta-, y elaboró una lista de seis personas elegibles para ocupar el cargo de Director o Directora, debió atenerse y concluir ese procedimiento y no prescindir del certamen alegando la inopia en una fase en que ésto resulta ya improcedente. En este sentido, estima la Sala que la declaratoria de inopia no corresponde en el caso que se examina, porque las ofertas de las aspirantes se aceptaron con los atestados que ellas acreditaron, además de que se les seleccionó como elegibles elaborándose una lista en orden a su evaluación y valoración. Por lo que se observa que sin mediar un acto formal dentro del procedimiento concursal, se prescindió injustificadamente del certamen y sin ninguna otra formalidad se procedió a nombrar para el cargo a una persona que ni siquiera había participado en el concurso. En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso y anular el acto mediante el cual se declaró la inopia (folio 174 del expediente), ordenándose a los recurridos que en el plazo de un mes contado a partir de la comunicación de esta resolución adjudique la plaza de Director de la Escuela Nueva Laboratorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica con base en el concurso realizado(...)”.


Voto: 04689-1994
Expediente: 2400-C-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las diecisiete horas con treinta y tres minutos del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por Sigifredo Martínez Meléndez, mayor de edad, soltero, estudiante, vecino de Hatillo, cédula de identidad Nº 1-724-272; contra la Coordinadora de la Comisión de Evaluación y Orientación Académica, así como la Directora de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

“(...)A mayor abundamiento es preciso agregar que el artículo 15 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, establece que una vez efectuado un examen, el profesor cuenta con 10 días hábiles para entregarlo a los estudiantes, quienes en caso de no ponerse de acuerdo con el profesor, podrán apelar de los mismos ante el Director de la Unidad Académica en los cinco días hábiles siguientes; y en el caso concreto el recurrente no apeló ante el órgano competente según el citado artículo, sino que se dirigió ante la Comisión de Evaluación y Orientación de la Facultad de Derecho, la que es órgano asesor de la Dirección de la Unidad Académica.  Hay que señalar además que de acuerdo a la normativa existente, cuando el recurrente presentó la apelación en fecha 6 de enero de 1994, ya habían transcurrido los cinco días de que habla el citado artículo 15, razón por la cual dicho recurso aparte de haber sido interpuesto en una oficina diferente a la que correspondía, también era extemporáneo pues los plazos habían vencido a la fecha de su presentación(...)Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 05055-1994
Expediente: 4436-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con veintidos minutos del seis de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Ana María Schapiro Sánchez, mayor, soltera, cédula 1-938-492, contra Alicia Gurdián Fernández en su calidad de Directora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

“(...) La inconformidad de la accionante se relaciona con el aumento, a su juicio desmedido, en el costo de la matrícula en la Universidad de Costa Rica, que contrasta con lo que se cobra en la Universidad Nacional por el mismo servicio, de manera que, según la recurrente existe una desigualdad manifiesta e injustificada, al ser ambas instituciones estatales y funcionar bajo el mismo sistema; sin embargo, no concuerda la Sala con esta apreciación de manera que no encuentra que pueda existir en este caso, una violación al principio de igualdad, toda vez que aunque siendo ambas instituciones de enseñanza estatales, no podría decirse en abstracto que funcionan igual, de forma que estén obligadas a cobrar lo mismo por sus servicios. Por ello, lo procedente es rechazar por el fondo el recurso(...)”.


Voto: 05142-1994
Expediente: 0612-P-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las dieciocho horas nueve minutos del siete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Xinia Fernández Arias, cédula de identidad número 1-594-895 contra la Oficina de Becas de la Universidad de Costa Rica.
“(...) En primer término, debe aclararse que únicamente corresponde a esta Sala establecer si existe violación a los derechos fundamentales de la recurrente, en este caso, el principio del debido proceso y no la constatación de la producción de los hechos que generaron la imposición de la sanción, originada en la infracción del Reglamento de Adjudicación de Becas de la institución recurrida. Así, con base en el informe rendido por el representante de la Oficina de Becas de la Universidad de Costa Rica y los documentos cuya copia consta a folios 31 y 32  del expediente, se tiene por demostrado que la recurrente tuvo oportunidad de ejercer su defensa y ofrecer prueba de descargo, en la audiencia a ese efecto concedida y a través de los recursos permitidos en el Estatuto Orgánico de la Universidad -efectivamente ejercidos-, razón por la cual debe declararse sin lugar este recurso(...)”.


Voto: 05241-1994
Expediente: 4628-S-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del catorce de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo planteado por el señor Rafael González Ballar, mayor, divorciado, Abogado, cédula de identidad número uno-cuatrocientos setenta y nueve-seiscientos sesenta y tres, contra La Comisión de Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica y otro.-

“(...)De la documentación que acompaña el escrito de interposición, así como de las propias manifestaciones del accionante, se desprende el hecho de que no se le ha lesionado derecho fundamental alguno, toda vez que la autoridad recurrida, ha dado respuesta a la solicitud que planteara el aquí accionante el día 12 de mayo del 1993, así como también ha resuelto los recursos que el mismo interpusiera, contra la resolución de fecha 7 de diciembre del mismo año. Por otra parte el recurrente no tiene amenazado su empleo o su salario, los cuales en ningún momento menciona, por lo que en el fondo de este asunto, estaríamos hablando de pluses laborales, los cuales no corresponde revisar en esta sede, puesto que los criterios técnicos empleados por la accionada, para sustentar la denegatoria del beneficio laboral que se interesa y la procedencia o no  del reconocimiento que se pretende, constituyen un diferendo de mera legalidad, que no es revisable ante esta Jurisdicción, por lo que será ante la  jurisdicción competente, donde deberá plantear su disconformidad para lo que en derecho corresponda. Por lo anteriormente expuesto y no encontrando esta Sala Violación constitucional alguna que tutelar, el amparo deviene en inadmisible y así debe declararse(...)”.


Voto: 05291-1994
Expediente: 2709-A-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas veintiún minutos del catorce de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo de Rodrigo Arias López cédula de identidad número 6-145-985, contra la Vicerrectoría de Docencia, el Jefe de la Oficina Jurídica, el Consejo Universitario y el Rector, todos de la Universidad de Costa Rica.

“(...)De los hechos expuestos se desprende que en el caso del recurrente, a pesar de haber sido éste electo el 20 de noviembre de 1991 por la Asamblea de la Escuela de Matemática para ocupar el cargo de profesor en propiedad de esa unidad académica, a la fecha de interposición del recurso, sea, un año y ocho meses después de realizado el certamen, no se ha completado el procedimiento de nombramiento, superándose los plazos legales y reglamentarios establecidos al efecto. La mora injustificada de la administración en resolver lo referente al nombramiento ha impedido el acceso del accionante a un cargo para el que había satisfecho los requisitos, por lo que estima la Sala que el retardo de poco menos de 2 años no se puede justificar por razón de las discrepancias que se suscitaron entre los órganos encargados de tramitar el nombramiento. En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso y ordenar a la Asamblea de la Escuela de Matemática, órgano al que finalmente le fue remitido el procedimiento (ver folios 358 a 361 del expediente), resolver lo referente al nombramiento del recurrente en el improrrogable plazo de un mes contado a partir de la comunicación de esta resolución.
Por otra parte, al omitir el Rector informar sobre las peticiones que le formuló el recurrente, permite que se tengan por ciertos los hechos alegados por el accionante de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que la falta de respuesta a tales gestiones configura una violación del derecho de petición garantizado constitucionalmente. En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo y ordenar al Rector de la Universidad de Costa Rica contestar las peticiones del recurrente en el improrrogable plazo de ocho días contados a partir de la comunicación de esta resolución(...)”.


Voto: 05308-1994
Expediente: 4623-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas con doce minutos del catorce de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Eduardo Quijano Cardalda, mayor, casado, pensionado, vecino de Curridabat, cédula de identidad número 1-379-017, contra el Rector de la Universidad de Costa Rica.

“(...)Si el recurrente estima que la Institución recurrida, con la omisión que apunta y reclama, ha incumplido lo dispuesto en los artículos aplicables de la ley y los reglamentos vigentes en aquella, ello deberá reclamarlo en la vía laboral mediante juicio ordinario incoado al efecto y no en esta sede, pues el incumplimiento acusado constituye un conflicto de mera legalidad sobre el cual no le corresponde pronunciarse a esta jurisdicción, en razón de que el plazo transcurrido a la fecha resulta acorde al necesario para realizar los procedimientos necesarios para realizar el reconocimiento laboral que interesa al petente(...) Se rechaza de plano el recurso (…)”.


Voto: 05828-1994
Expediente: 5328-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las diecisiete horas con veintiún minutos del cinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo interpuesto por Saray Peralta Aguilar, cédula de identidad Nº 1-477-738 y otros en contra de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Se tienen como hechos demostrados de fundamental importancia para la resolución del presente asunto los siguientes:  a) Que desde el 11 de diciembre de 1986, existe un acuerdo firme tomado por el Consejo Universitario según el cual el costo del crédito para el estudiante extranjero será seis veces el costo del crédito para el estudiante costarricense (folio 41).  b)  Que en sesión Nº 3912 del 11 de diciembre de 1992, el Consejo Universitario estableció la necesidad de fortalecer el presupuesto del Sistema de Estudios de Postgrado y adecuar el costo del crédito para los estudiantes de esos cursos (folio 36), razón por la cual se acordó solicitar al Sistema de Estudios de Postgrado SEP la elaboración de un estudio de autofinanciación de sus cursos, así como el establecimiento a partir de ese momento del valor del crédito para Postgrado de 1993 en la suma de ¢4.200,00 (folio 40).  c)  Que el anterior acuerdo fue debidamente comunicado a la Comunidad Universitaria mediante la publicación del mismo en La Gaceta Universitaria de fecha 11 de diciembre de 1992.  d)  Que el incremento en el monto de la matrícula, pese a haber sido aprobado desde diciembre de 1993, saliendo los recibos de cobro en el mes de diciembre de 1993.
Con fundamento en la prueba aportada a los autos y el informe rendido bajo juramento, es preciso señalar que en este asunto no se ha configurado ninguna de las alegadas violaciones constitucionales.  Por tal razón, en lo que respecta a los estudiantes extranjeros, es preciso recordar que desde el año 1986 existe un acuerdo del Consejo Universitario que se encuentra firme en este momento, según el cual el costo del crédito para los extranjeros es seis veces superior al costo que tiene el crédito para un nacional.  Tal medida tiene su razón objetiva de ser pues pretende fortalecer el sistema educativo en favor de nuestros ciudadanos permitiendo con ello el acceso de una gran cantidad de la población a las aulas de la Universidad de Costa Rica, lo cual en definitiva conlleva beneficios para toda la sociedad costarricense. Dicho acuerdo además es de conocimiento expreso de todos los estudiantes de la citada Universidad, por lo que no es posible que ahora se venga a alegar desconocimiento del mismo, cuando esa situación es de carácter absolutamente público y notorio en nuestro campus universitario.  Al respecto se hace indispensable señalar que sobre este punto existe un pronunciamiento expreso de la Sala según el cual “...en lo que se refiere a los recargos y la diferencia de montos entre los costarricenses y extranjeros, la Sala considera que ello no es violatorio  de ningún derecho constitucional, además que eso obedece a una cuestión de legalidad, que los mismos recurrentes, pueden si a bien lo tienen acudir ante el CONESUP -órgano encargado de aprobar las tarifas dichas- reclamando sus pretensiones o en su caso en la vía judicial correspondiente.” (Sentencia No.5315-93 de las 10:36 horas del 22 de octubre de 1993). Por otro lado, tampoco es posible aceptar la tesis de los recurrentes nacionales según la cual el cobro que se les realizará en diciembre de 1993 es abusivo y exhorbitante, pues dicho cobro fue producto de un acuerdo que desde 1992 tomó el Consejo Universitario y contra el cual ningún recurrente aparentemente presentó recurso o consideración alguna. Este acuerdo fue tomado con las formalidades establecidas incluyéndose la debida comunicación del mismo a toda la comunidad universitaria mediante su publicación en la Gaceta Universitaria, que es el órgano oficial de información en la Universidad de Costa Rica y por ende accesible a todos los estudiantes. Tales hechos indican que los recurrentes tuvieron un año completo para tener conocimiento del acuerdo tomado y de la influencia que el mismo tendría en sus casos particulares, por lo que no es posible aceptar que la medida tomada les tomó por sorpresa, pues en ningún momento se mantuvo en secreto tal información, siendo prueba de ello el hecho mismo de que el acuerdo se tomó el 11 de diciembre de 1992 y precisamente ese mismo día se publicó en la Gaceta Universitaria.  Además es posible suponer que por el carácter público del asunto, bien pudieron haber tenido conocimiento del mismo a través de alguno de los personeros del Sistema de Estudios de Postgrado, de la Oficina de Registro, de la Oficina de Administración Financiera, o inclusive haber circulado entre los mismos compañeros de estudios, pues como ya se indicó el acuerdo fue tomado desde diciembre de 1992.
Es importante señalar además que como bien lo afirma el señor Rector de la Universidad de Costa Rica, el objetivo mismo del aumento en el costo de la matrícula tiene su razón de ser en la necesidad de fortalecer el sistema de estudios de Postgrado y para tomar tal decisión se efectuaron estudios previos e inclusive se permitió la participación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, así como de la Oficina de Becas, todo ello con la finalidad de no afectar, en la medida de lo posible, la situación socioeconómica de los estudiantes.  En este sentido, vale agregar que la misma Universidad permitió la revision de las becas en forma extemporánea para todos los estudiantes de postgrado, pero de todos los recurrentes, sólo una de ellas sí gestionó en tal sentido, siendo que los demás accionantes aparentemente no se interesaron en gestionar ese tipo de ayuda socioeconómica. Así las cosas, y con fundamento en los anteriores razonamientos es preciso declarar sin lugar el presente recurso de amparo, pues no se ha lesionado ningún derecho constitucional de los recurrentes, estableciéndose además que de ninguna forma han existido situaciones jurídicas consolidadas como lo alegan los recurrentes, pues la medida aquí impugnada fue tomada desde diciembre de 1992, sea dos meses antes de que los accionantes ingresaran al sistema de estudios de postgrado, pues tales cursos iniciaron en febrero de 1993, de forma tal que para éstas fechas, el costo de cada crédito ya era de ¢4.200,00(...) Se declara sin lugar el recurso (…)”.


Voto: 05829-1994
Expediente: 2690-C-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las diecisiete horas con veinticuatro minutos del cinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo presentado el 20 de junio de l994 por D. Gonzalo Velazquez Martínez, estudiante en la Universidad de Costa Rica, de nacionalidad panameña, cédula de residencia N. 12533-280-01243 contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)Reiteradamente se ha sostenido que son las desigualdades contrarias a la dignidad humana las prohibidas por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Del informe bajo juramento resultan asimilados para efectos de tarifa los costarricenses los estudiantes extranjeros que han cursado al menos tres años de enseñanza secundaria en Costa Rica y residido aquí tres años; por lo demás, pueden obtener incluso exoneración total del pago de derechos de matrícula. En esas circunstancias no puede considerarse irrazonable cobrar a los estudiantes extranjeros que no reúnan tales requisitos otra tarifa que a los nacionales y asimilados.
En abstracto, el juicio de razonabilidad lo es de proporción entre fines de la normativa enjuiciada y medios para alcanzarlos. Los fines de la regulación aquí cuestionada apuntan al hecho de que es desigual el aporte a las finanzas públicas de los estudiantes nacionales y el  de los estudiantes extranjeros, y el medio empleado, la diferencia tarifaria, no puede estimarse desproporcionado si se toma en cuenta el altísimo costo de la educación superior para un país en desarrollo y las regulaciones antes mencionadas que amplían sustancialmente el ámbito de la categoría de nacionales a aquellos extranjeros que reúnan los requisitos de la regulación universitaria. Por último, exigir una ley que regulara una materia propiamente universitaria como la que se enjuicia sería contrario al artículo 84 de la Constitución Política(...)”.


Voto: 05849-1994
Expediente: 0684-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas veinticuatro minutos del cinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo de Rommy Reñazco Martínez, cédula de identidad número 1-828-496, Margarita Salas Arce, cédula de identidad número 1-792-857 y Berny Francisco Villareal Cortés, cédula de identidad número 5-279-344, contra el Rector, la Vicerrectora de Docencia, el Decano de la Facultad de Odontología, el Decano de la Facultad de Farmacia y la Directora de la Escuela de Medicina, todos de la Universidad de Costa Rica.

“(...) Reclaman los recurrentes que si se hubiera ejecutado el acuerdo del Consejo Universitario tomado en la sesión No.3978 que aprobó un aumentó del 50% en el cupo de las carreras de ingreso restringido y eximió de su aplicación únicamente a las escuelas que habían tomado medidas para aumentar sus cupos, hubieran podido ingresar a las carreras que solicitaron. Estiman que se ha violentado su derecho al estudio y el principio de legalidad porque con dicha omisión las autoridades universitarias incumplieron lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto Orgánico que establece como obligatorias las decisiones del Consejo Universitario.
Estima la Sala que llevan razón los recurridos al indicar que no se ha emitido acto alguno que lesione derechos fundamentales de los accionantes, porque lo que impugnan es la omisión de las autoridades universitarias de aplicar el acuerdo del Consejo Universitario que incrementó en un 50% el cupo de las carreras de ingreso restringido. De los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas y de los demás documentos aportados se desprende que los recurrentes con su rendimiento académico no alcanzaron el promedio de admisión fijado para las carreras de Farmacia, Medicina y Odontología (ver informes, folios 23, 169, 190 y 225). Lo anterior es esencial si se toma en cuenta que el cupo de la carrera no es el único elemento a considerar para ingresar y que se deben tomar en cuenta otros factores como el rendimiento académico del estudiante y la cantidad de personas que soliciten su admisión, por lo que aún si se hubiera dado el aumento del 50% sobre el cupo original en las carreras de Farmacia, Odontología y Medicina, los recurrentes únicamente contaban con una expectativa de ingreso a esas carreras sujeta a diversos factores, que no logra configurar un derecho a su favor cuya lesión sea suceptible de ser declarada en esta vía. A mayor abundamiento, la Sala considera que lo relacionado con la ejecutoriedad y obligatoriedad de los acuerdos del Consejo Universitario, es un asunto de mera legalidad que no corresponde resolver a este Tribunal y, en todo caso, se observa que el acuerdo del Consejo Universitario tomado en la sesión No.3975 de 14 de setiembre de 1993, artículo 9, estableció un transitorio que permitió a las autoridades universitarias negociar el aumento del 50% en el cupo de las carreras de ingreso restringido, sujetando su aplicación a que las unidades académicas hubieran tomado medidas para aumentar el porcentaje de admisión en esas carreras. Esto aunado al hecho de que la Vicerrectoría de Docencia constatara que la mayoría de las carreras con ingreso restringido, incluyendo Farmacia, Odontología y Medicina, habían aumentado su cupo en los últimos tres años y que para 1994 habían incrementado considerablemente el ingreso de estudiantes “aunque no fuera en el 50% fijado por el Consejo Universitario” (ver oficios VD-254-94 y VD-263-94, folios 231 a 245 del expediente), lo que las colocaba en posición de negociar la aplicación del acuerdo del Consejo Universitario, determina que se considere razonable la actuación de las autoridades universitarias en relación con dicho acuerdo y proceda declarar sin lugar el recurso(...)”.


Voto: 06098-1994
Expediente: 4364-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las  nueve horas veintisiete minutos del dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Acción de inconstitucionalidad promovida por Mariana Vilnitsky Strusberg, mayor, soltera, estudiante, con cédula de residencia número 4-05-9917-750, vecina de San José, contra el artículo 5 tomado en sesión del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, número 3460, del veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y ocho.

“(...)El accionante invoca la inconstitucionalidad del artículo 5 tomado en sesión del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, número 3460, de veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y ocho que dispone en lo que interesa:
“2. Que para efectos de pago de matrícula, se tome como nacionales a los estudiantes extranjeros que hayan cursado al menos tres años de su enseñanza secundaria en Costa Rica y que hayan residido tres años en el territorio nacional, inmediatamente antes de su ingreso a la Institución, Ausencias breves del país no interrumpen la continuidad de la permanencia en él.
3. Que este acuerdo rige para los extranjeros que hagan la respectiva solicitud a partir del segundo ciclo
de 1988.”
Sin embargo, los alegatos que el accionante hace no tienen ninguna relación con la norma impugnada, por cuanto estima que es contraria al principio de igualdad -artículo 33 constitucional-, al establecer una tarifa diferente en el costo de la matrícula y cursos de estudios entre estudiantes universitarios nacionales y extranjeros, lo cual, asimismo estima contrario a la libertad de enseñanza y a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política, ya que el simple hecho de que se le imponga la obligación de cancelar los mismos estudios universitarios que
reciben los costarricenses con una tarifa especial y distinta de aquélla que pagan los nacionales, es una discriminación que atenta directamente contra su dignidad de persona, que se funda en su condición de extranjero, siendo que la norma impugnada establece la situación en que los extranjeros pueden ser considerados como nacionales para efectos del pago de la matrícula de los estudios universitarios. Por tal razón es que esta acción no constituye medio razonable para amparar el interés que la accionante considera lesionado, ya que no impugna el parámetro impuesto por el Consejo Universitario para tener como a los extranjeros como nacionales, sino que cuestiona el cobro diferenciado que establece la administración universitaria entre nacionales y extranjeros; siendo por ello procedente rechazar de plano esta acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con establecido en artículo 75, párrafo primero, de la misma ley.
No obstante lo anterior, en relación con el cobro diferenciado que la Universidad de Costa Rica establece entre nacionales y extranjeros, ya fue de la consideración de esta Sala, estimando que no existía violación a principio o norma constitucional alguna. Así, por sentencia número 5828-94, de las diecisiete horas veintiún minutos del cinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, declaró sin lugar el recurso de amparo promovido por estudiantes universitarios contra la Universidad de Costa Rica, por el aumento “indiscriminado” en el cobro de la matrícula, y la tarifa diferente entre nacionales y extranjeros, en perjuicio de los segundos. En esa ocasión se consideró:
“... en lo que respecta a los estudiantes extranjeros, es preciso recordar que desde el año de 1986 existe un acuerdo del Consejo Universitario que se encuentra firme en este momento, según el cual el costo del crédito para los extranjeros es seis veces superior al costo que tiene el crédito para un nacional. Tal medida tiene su razón objetiva de ser pues pretende fortalecer el sistema educativo en favor de nuestros ciudadanos permitiendo con ello el acceso de una gran cantidad de la población a las aulas de la Universidad de Costa Rica, lo cual en definitiva conlleva beneficios para toda la sociedad costarricense... Al respecto se hace indispensable señalar que sobre este punto existe un pronunciamiento expreso de la Sala según el cual “... en lo que se refiere a los recargos y la diferencia de montos entre los costarricenses y extranjeros, la Sala considera que ello no es violatorio de ningún derecho constitucional, además de que eso obedece a una cuestión de legalidad, que los mismos recurrentes, pueden si a bien lo tienen acudir ante el CONESUP -órgano encargado de aprobar las tarifas dichas-, reclamando sus pretensiones o en su caso en la vía judicial correspondiente. (Sentencia No. 5315-93, de las 10:36 horas del 22 de octubre de 1993.)”(...)”Se rechaza de plano la acción(...)”.


Voto: 06376-1994
Expediente: 4387-C-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las dieciséis horas con veintiún minutos del primero de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Acción de inconstitucionalidad promovida por Dennis Pineda Soto, mayor, soltero, vecino de San José,, estudiante, cédula de identidad número 1-766- 259, en su calidad de representante de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica, contra el Estado en las actuaciones el Consejo Superior de Educación Privada (CONESUP) y el Ministerio de Educación Pública.

“(...)PRIMERO. SOBRE LA LEGITIMACION DEL ACCIONANTE. Fundamenta el accionante su legitimidad para promover esta acción de inconstitucionalidad en la consideración de la existencia de un recurso de amparo, tramitado bajo expediente número 4343-93, contra el Consejo Superior de Educación Privada (CONESUP); sin embargo en virtud de sentencia número 360-94, de las quince horas veintisiete minutos del diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro el mismo fue rechazado de plano. Por tal motivo no puede tenerse por cumplido el requisito exigido en el párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por no constituir esta acción en medio razonable para amparar el derecho o interés que considera lesionado en el asunto principal, procediendo en consecuencia el rechazo de plano de la acción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de cita. Asímismo, señala el accionante la existencia de un interés colectivo que atañe a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en la consideración de que la omisión de la actuación del Estado en el deber de vigilancia en relación con la educación superior privada puede repercutir en el estudiantado, sin embargo, no puede considerarse tal interés de la colectividad en razón de lo dicho en el recurso de amparo, toda vez que si en este caso se sustenta la inconformidad en la discrepancia con el criterio de oportunidad y conveniencia que hubiese tenido el “CONESUP” para autorizar y regular el funcionamiento de universidades privadas, en contra del que sobre ello pueda tener -aún como estudiante de nivel superior y eventual abogado- el recurrente, esa disconformidad no es amparable, toda vez que no viola, directamente, los derechos fundamentales de sus representados o los propios, por lo que la acción resulta improcedente y así debe declararse.
SEGUNDO.   EN RELACION CON LA OMISION IMPUGNADA. Por otra parte, en relación con la impugnación alegada, omisión del deber de vigilancia por parte del Estado -Consejo de Educación Superior Privada y Ministerio de Educación Pública- no es susceptible de ser conocido en la vía de la constitucionalidad, por cuanto en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede la acción de inconstitucionalidad:
“a.) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.
b.) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo.”; y en este caso, no se alega la inconstitucionalidad de ninguna norma o disposición de carácter general en particular, ni tan siquiera una actuación u omisión en concreto por parte de la Administración Pública, únicamente se impugna una omisión de carácter general fundamentado en un deber en abstracto. En este sentido la acción es inadmisible y así procede declararlo, en virtud de que, como se dijo en el considerando anterior, no se comprobó la legitimación activa del actor para pretender la inconstitucionalidad de las omisiones que alega, dado que la omisión de los deberes de vigilancia de la educación superior privada por parte del Consejo Superior de Educación Privada (CONESUP) y del Ministerio de Educación Pública no es susceptible de control de constitucionalidad, sino un problema de legalidad, según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucionalidad. Por ello, procede el rechazo de plano de la acción, como en efecto se ordena(...)”.


Voto: 06478-1994
Expediente: 3125-E-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las diez horas del cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- Recurso de amparo interpuesto por María Concepción Bratti Verdejo, cédula de residencia número cuatrocientos veinticinco- cincuenta y nueve cero setenta- ciento diez;  contra la Universidad de Costa Rica.-

“(...)La cuestión que aquí se plantea ya fue resuelta por este Tribunal, en la sentencia número 5828-94, que estableció: “... en lo que respecta a los estudiantes extranjeros, es preciso recordar que desde el año de 1986 existe un acuerdo del Consejo Universitario que se encuentra firme en este momento, según el cual el costo del crédito para los extranjeros es seis veces superior al costo que tiene el crédito para un nacional.  Tal medida tiene su razón objetiva de ser, pues pretende fortalecer el sistema educativo en favor de nuestros ciudadanos permitiendo con ello el acceso a una gran cantidad de la población a las aulas de la Universidad de Costa Rica, lo cual en definitiva conlleva beneficios para toda la sociedad costarricense ... Al respecto se hace indispensable señalar que sobre este punto existe un pronunciamiento expreso de la Sala según el cual ‘... en lo que se refiere a los recargos y la diferencia de montos entre los costarricenses y extranjeros, la Sala considera que ello no es violatorio de ningún derecho constitucional ...”. (véase también el voto 5315-93).
En conclusión, de conformidad con esa jurisprudencia, lo procedente es desestimar este amparo(...)”.


Voto: 06618-1994
Expediente: 5479-C-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con tres minutos del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Consuelo Marchiori, italiana, carné de estudiante número 902148, contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)Con relación al cobro diferenciado que la Universidad de Costa Rica establece entre nacionales y extranjeros, cabe manifestar, que ese aspecto ya fue de la consideración de esta Sala, estimando que no existía violación a principio o norma constitucional alguna. Así, por sentencia número 5828-94, de las diecisiete horas veintiún minutos del cinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto contra la Universidad de Costa Rica, por el aumento “indiscriminado” en el cobro de la matrícula, y la tarifa diferente entre nacionales y extranjeros, en perjuicio de los segundos; criterio que también se sostuvo en la resolución número 5315-93 de las diez horas treinta y seis minutos del veintidós de octubre del año anterior), que en lo que interesa dispone: “... en lo que respecta a los estudiantes extranjeros, es preciso recordar que desde el año de 1986 existe un acuerdo del Consejo Universitario que se encuentra firme en este momento, según el cual el costo del crédito para los extranjeros es seis veces superior al costo que tiene el crédito para un nacional. Tal medida tiene su razón objetiva de ser pues pretende fortalecer el sistema educativo en favor de nuestros ciudadanos permitiendo con ello el acceso de una gran cantidad de la población a las aulas de la Universidad de Costa Rica, lo cual en definitiva conlleva beneficios para toda la sociedad costarricense... Al respecto se hace indispensable señalar que sobre este punto existe un pronunciamiento expreso de la Sala según el cual “... en lo que se refiere a los recargos y la diferencia de montos entre los costarricenses y extranjeros, la Sala considera que ello no es violatorio de ningún derecho constitucional, además de que eso obedece a una cuestión de legalidad, que los mismos recurrentes, pueden si a bien lo tienen acudir ante el CONESUP -órgano encargado de aprobar las tarifas dichas-, reclamando sus pretensiones o en su caso en la vía judicial correspondiente.” Como no existe motivo para variar ese criterio, el amparo resulta improcedente y así debe declararse(...) Se rechaza de plano el recurso (…)”.


Voto: 06663-1994
Expediente: 4147-S-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cincuenta y siete minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de Amparo establecido por Fabiana Perez Marset contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)Esta Sala, mediante sentencia número 6098-94 de las nueve horas veintisiete minutos del dieciocho de octubre del presente año, al resolver la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Mariana Vilnitsky Strusberg contra el artículo 5 de la sesión número 3460 del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, señaló en el considerando segundo que:
“... II. No obstante lo anterior, en relación con el cobro diferenciado que la Universidad de Costa Rica establece entre nacionales y extranjeros, ya fue de consideración de esta Sala, estimando que no existía violación a principio o norma constitucional alguna. Así por sentencia número 5828-94 de las diecisiete horas veintiún minutos del cinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, declaró sin lugar el recurso de amparo promovido por estudiantes universitarios contra la Universidad de Costa Rica, por el aumento “indiscriminado” en el cobro de la matrícula y la tarifa diferente entre nacionales y extranjeros, en perjuicio de los segundos. En esa ocasión se consideró:
“... en lo que respecta a los estudiantes extranjeros es preciso recordar que desde el año de 1986 existe un acuerdo del Consejo Universitario que se encuentra firme en este momento, según el cuál el costo del crédito para los extranjeros es seis veces superior al costo que tiene el crédito para un nacional... Al respecto se hace indispensable señalar que sobre este punto existe un pronunciamiento expreso de la Sala según el cuál “...en lo que se refiere a los recargos y la diferencia de montos entre los costarricenses y extranjeros, la Sala considera que ello no es violatorio de ningún derecho constitucional, además de que esto obedece a una cuestión de legalidad que los mismos recurrentes pueden si a bien lo tienen acudir ante el CONESUP -órgano encargado de aprobar las tarifas dichas- reclamando sus pretensiones o en su caso en la vía judicial correspondiente. (Sentencia número 5315-93 de las 1036 horas del 22 de octubre de 1993) ... ...”.
De conformidad con el criterio anteriormente expuesto, el reclamo de la amparada debe desestimarse, toda vez que según ha sido resuelto, las diferencias existentes en la Universidad de Costa Rica en el costo de la matrícula entre los estudiantes nacionales y los extranjeros, no conlleva quebranto constitucional alguno(...)”.


Voto: 06808-1994
Expediente: 4363-E-93

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas veintiún minutos del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo de Mariana Vilnitzky Strusberg, mayor, soltera, estudiante, con cédula de residencia número cuatro-cero cinco-nueve nueve uno siete-siete cinco cero, contra El Vicerrector de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica.

“(...)La referida acción de inconstitucionalidad fue rechazada de plano por la Sala, en Sentencia No. 6089-94 de las nueve horas veintisiete minutos del dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y como en el amparo, que le sirvió de base a la acción, se reiteran los mismos argumentos y no existen razones para variar el criterio ahí expresado (artículo 9 Ley de la Jurisdicción Constitucional), el recurso resulta improcedente y debe ser declarado sin lugar, como en efecto se dispone(...)”.


Voto: 06970-1994
Expediente: 3998-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas doce minutos del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Roxana Carvajal Bolaños, cédula de identidad #1-524-332 contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)En primer término, la accionante señala que dos resoluciones emitidas dentro del Procedimiento Administrativo que se llevó en su contra, no le fueron debidamente notificadas, que son: la del 19-4-94, mediante la cual el Rector a.i. solicitó al Presidente de la Junta de Relaciones someter a consideración de esa Junta su despido sin responsabilidad y la resolución mediante la cual se pasó su caso a conocimiento del Tribunal Arbitral. No obstante lo anterior, según consta a folio 14 del expediente que el 31-1-94 se citó a la accionante a rendir declaración sobre los hechos base del Procedimiento Administrativo. Del informe rendido -bajo fe de juramento- por el Rector de la Universidad de Costa Rica se desprende que a la recurrente le fue notificado el envío de su caso a la Junta de Relaciones Laborales mediante una nota del 25- 4-94, la cual fue contestada por la recurrente el 6-5-94 según consta a folio 16 del expediente. A folio 92 del expediente consta que a la recurrente se le envió copia del oficio #JRL-71-94 del 27-6-94 donde se le se le comunicó al Rector de la Universidad que el caso de la recurrente se había elevado al Tribunal Arbitral.
En cuanto a la solicitud hecha por la accionante el 22-7-94, mediante la cual solicitó al Rector de la Universidad de Costa Rica Carlos Alfaro Lara que le comunicara por escrito las razones por la que se le separaba de su cargo, según consta a folio 22 del expediente, esa solicitud le fue debidamente contestada, razón por la cual no estima la Sala que se le haya violado su derecho de petición, ni tampoco el artículo 35 del Código de Trabajo, puesto que la accionante no estaba solicitando ninguna certificación, en los términos del artículo 35 del Código de Trabajo. En virtud de lo anterior, el amparo debe desestimarse en cuanto a este aspecto. Del estudio del expediente administrativo se desprende, que al accionante se le respetó su derecho al debido proceso en el procedimiento que se llevó en su contra, único aspecto que puede ser analizado en esta jurisdicción, toda vez que la decisión de abrir el Procedimiento Administrativo y de probar los cargos son decisiones propias de los órganos competentes. La Sala, salvo casos de excepción, no se ocupa de valorar las pruebas aportadas al expediente administrativo, sino que ésta es una responsabilidad del Organo Director del Procedimiento. Ahora bien, si la recurrente está en desacuerdo con el despido sin responsabilidad dictado por la institución recurrida, le resta la posibilidad de impugnarlo en la vía laboral. En virtud de lo anterior, el presente recurso debe ser declarado sin lugar. Asimismo, debe reiterarse a la Universidad de Costa Rica que debe pagar a la recurrente los salarios dejados de percibir del 21-7-94, fecha a partir de la cual fue despedida hasta la notificación de esta sentencia(...)”.


Voto: 07371-1994
Expediente: 6163-M-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas con treinta y seis minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo interpuesto por Fernando Solano Retana, mayor, casado, vecino de Desamparados, cédula 1-416-1275, contra la Universidad de Costa Rica.

“(...)Del escrito presentado se desprende que en el caso concreto no se está ante una gestión pura y simple que debe, según el artículo 27 de la Constitución Política, producir una respuesta, sino ante un reclamo administrativo, vale decir, un procedimiento que -instaurado en este caso por la parte- debe necesariamente seguir una serie de pasos hacia un objetivo, que resulta ser aquí, el pronunciamiento de la Junta de Relaciones laborales que decidió, dada la relación entre los asuntos a conocer, supender el conocimiento y resolución del reclamo planteado ante ella. De esta forma, al ser una cuestión relativa a la discrecionalidad del órgano, corresponde a la Sala recordarle al recurrente que para combatir los criterios plasmados por la recurrida, le son acordados a él los mecanismos para impulsar el procedimiento y compulsar al órgano encargado, a llevar adelante el proceso. Igualmente, también la normativa que rige estos procedimientos establece una serie de consecuencias jurídicas para la inacción de los órganos administrativos, por lo que, frente a este cuadro de derechos y potestades de la recurrente, no podría entenderse violados ni el artículo 27 ni el 41 Constitucionales. Por otra parte, no existe forma alguna de que la Sala pueda en este caso entrar a valorar una violación al artículo 33 de la Constitución, dado que no hay ningún elemento que haga presumir que a  personas en similitud de condiciones se le ha dado, por parte de la recurrida un trato distinto. Por todo ello, lo procedente es rechazar por el fondo el recurso. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso(...)”.


Voto: 07450-1994
Expediente: 3305-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.San José, a las once horas treinta y tres minutos del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Recurso de amparo promovido por Pedro José Corea Rodríguez, cédula de identidad Nº 5-148-475 contra la Decana del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González.

“(...) El recurrente señala que la Universidad de Costa Rica equiparó su título de PH.D. en Medicina, obtenido en la Universidad Patricio Lumumba de la URSS, al de Master Profesional en Medicina, lo cual quebranta el artículo 7 de la Constitución.
Estima la Sala que el Convenio de Cooperación Cultural y Científica suscrito por Costa Rica y la URSS el 22 de julio 1974, hoy Unión de Estados Independientes y aprobado por ley Nº 5761 es aplicable en cuanto al reconocimiento de títulos y estudios cursados por costarricenses en la URSS y es, además autoejecutivo(…)”.
Ver en igual sentido el voto Nº 548-94 de las 18:00 del 26 de enero de 1994.